El Gobierno colombiano y el ELN prorrogan seis meses más el alto el fuego bilateral
- El Ejército de Liberación Nacional se ha comprometido a suspender "las retenciones de carácter económico"
- El acuerdo entró en vigor el pasado 3 de agosto
El Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han anunciado este lunes un acuerdo para prorrogar seis meses más el actual alto el fuego fuego bilateral, nacional y temporal, a minutos de que concluyera el que habían pactado por medio año y prolongado siete días más la semana pasada.
El acuerdo destaca que el ELN se compromete además durante ese período de tregua a "suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico", una decisión inédita de la guerrilla.
El acuerdo se ha conocido horas después de que se pospusiera la clausura del sexto ciclo de diálogos de paz, prevista inicialmente para este lunes en La Habana, y que debía servir de cierre de esta tanda de negociaciones entre las partes, que se desarrollaba en Cuba desde el pasado 22 de enero.
El cese al fuego, prioridad de este ciclo, entró en vigor el 3 de agosto y había supuesto una reducción general de la violencia, aunque ha tenido altibajos que han generado incertidumbre, como el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool.
El punto fundamental de las negociaciones de paz
En el texto firmado por las dos delegaciones no se abordan los avances en otros asuntos clave que se han negociado en estas últimas dos semanas en la capital cubana, como la participación de la sociedad civil o las zonas críticas.
Esos asuntos se abordarán probablemente en la clausura del ciclo, retrasada hasta este martes a las 10.00 hora local (16.00 GMT). Por el momento, no se ha dado a conocer quiénes participarán en este acto en nombre de las partes ni qué otros acuerdos se han alcanzado.
La prórroga del cese al fuego era el punto fundamental de las negociaciones de paz. Ambas partes pusieron por escrito al término del quinto ciclo, celebrado en México, que tenían la "voluntad" de mantenerlo, pese a sus diferencias en cuanto a los detalles.
El ELN pedía "garantías" de que el cese al fuego cumpliera "su función principal", que desde su punto de vista es mejorar las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil en las zonas afectadas por el conflicto.
El Gobierno colombiano, por su parte, quería ampliar los términos y el conjunto de acciones violentas prohibidas incluidas en el cese de hostilidades, en referencia, especialmente, a las retenciones económicas o secuestros.
El cese al fuego se limitaba hasta ahora a prohibir acciones ofensivas en contra de la otra parte y cualquier acción no permitida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Gobierno quiere, en palabras de la jefa negociadora Vera Grabe, "que se incluyan más lo que se llaman acciones violatorias más allá del secuestro, aquellas que afectan a la población".
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