Diez años de la tragedia de El Tarajal: 15 migrantes muertos y un caso archivado sin responsabilidad penal

• Se cumple una década de la muerte de 15 personas que trataban de atravesar a nado la frontera marítima en Ceuta
• Aunque la justicia procesó inicialmente a 16 guardias civiles, la causa fue archivada por el Tribunal Supremo

Varias personas participan en Ceuta en la marcha por el décimo aniversario de la tragedia de El Tarajal

El 6 de febrero de 2014 un total de 15 migrantes irregulares murieron en Ceuta cuando trataban de cruzar a nado la frontera marítima entre Marruecos y España. Según el relato de los supervivientes, agentes de la Guardia Civil utilizaron pelotas de goma y botes de humo con el fin de impedir que accedieran al lado español de la frontera, pero la justicia no apreció responsabilidad penal y la causa fue archivada en 2022 por el Tribunal Supremo.

Una década después, la del Tarajal sigue siendo una de las mayores tragedias fronterizas sucedidas en España, solo superada en los últimos años por la que tuvo lugar el 24 de junio de 2022, cuando al menos 23 personas murieron en el lado marroquí de la frontera al tratar de saltar la valla en Melilla, aunque Amnistía Internacional y expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han cifrado el número de muertos en al menos 37.

A pesar de la decisión del Supremo, varias ONG y grupos de apoyo a las víctimas no dan el caso por cerrado y han batallado durante todo este tiempo para demostrar que hubo responsabilidades penales en el caso.

Una víctima se querella ante la ONU

Los hechos tuvieron lugar a primeras horas del 6 de febrero de 2014, cuando más de 250 personas de origen subsahariano intentaron entrar en Ceuta por la playa de El Tarajal y fueron repelidas por la Guardia Civil. Murieron 15 personas y otras 23 fueron devueltas "en caliente" a Marruecos.

Ludovic N., una víctima de la tragedia de nacionalidad camerunesa y que tenía 15 años en el momento de los hechos, presentó la pasada semana una queja contra España ante la ONU insistiendo en que los agentes de la Guardia Civil le golpearon y lanzaron botes de gas lacrimógeno contra él mientras trataba de cruzar la frontera.

Según informó el pasado miércoles 31 de enero el European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), que apoya al joven en su demanda, el entonces menor no acompañado fue detenido y devuelto a Marruecos junto a otros 22 compatriotas y "se le impidió testificar durante los ocho años que duró la investigación".

La ONE afirma que aquel 6 de febrero de 2014 Ludovic N se puso un flotador porque no sabía nadar y empezó a avanzar agarrándose al espigón con una mano y remando con la otra. Oyó disparos y gritos y vio a agentes de la Guardia Civil disparando pelotas de goma y lanzando botes de gas lacrimógeno a sus compañeros que estaban en el agua. 

Asegura que uno de ellos le golpeó en el brazo con una porra con tal fuerza que le desgarró la piel, pero el joven continuó avanzando, a pesar de que le sangraba el brazo y le costaba respirar a causa del gas utilizado.

Varias personas durante una marcha por el décimo aniversario de la tragedia del Tarajal en Ceuta. Antonio Sempere / Europa Press

Devolución inmediata

Cuando llegó al lado español, la Guardia Civil le detuvo de inmediato y, según el relato del joven, no fue identificado ni se le ofreció asistencia médica o jurídica ni intérprete, sino que le escoltaron inmediatamente junto a otras personas a través de una puerta en la valla fronteriza de vuelta a Marruecos. 

"Ha pasado una década y todavía no hay responsables por la muerte y las lesiones de tantas personas. La violencia de aquel día en la frontera continuó en los tribunales, donde tampoco se nos trató como a seres humanos", ha lamentado Ludovic, que ahora vive en Alemania, en un mensaje difundido a través de la ONG. 

La organización denuncia que en aquel caso no se identificaron los cadáveres, no se tomó declaración a los supervivientes, se impidió a las familias de las víctimas personarse en los procesos judiciales españoles y las autoridades se negaron a oír el testimonio del joven, "ignorando sus derechos como víctima y arrebatándole la posibilidad de que un juez español examinase su caso".

Caso archivado

Aunque inicialmente 16 guardias civiles fueron investigados y acusados de presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y denegación de auxilio por la muerte de los migrantes, la Abogacía del Estado recurrió el procesamiento y el Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta archivó la causa en octubre de 2019.

Un año después, en julio de 2020, la Audiencia de Cádiz avaló esta decisión al afirmar que el uso del material antidisturbios empleado ese día por los guardias civiles fue "adecuado y proporcional" a las circunstancias y a lo permitido, un fallo que respaldó más tarde el Supremo.

Pero en junio del año pasado, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso contra el archivo de la causa, que está pendiente aún de resolverse, lo que mantiene viva la esperanza de las víctimas.

"Verdad, justicia y reparación" son necesarias para dar a las víctimas la "garantía" de que una tragedia así "no volverá a ocurrir en nuestras fronteras", asegura Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que junto a la Asociación Coordinadora de Barrios y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) presentó el recurso de casación que ha admitido el Constitucional.

Marcha en recuerdo de las víctimas

El pasado sábado, como cada año desde hace una década, varios centenares de personas participaron en una marcha organizada por asociaciones pro derechos humanos para recordar a las víctimas y exigir justicia y reparación.

Con pancartas con lemas como “Las fronteras matan, apostemos por la acogida”, “Frente a las políticas de muerte: memoria, vida y derechos” o “Derechos humanos en las fronteras”, los manifestantes recorrieron los más de cuatro kilómetros que separan el edificio de la Delegación del Gobierno en Ceuta con la playa de El Tarajal, donde leyeron un manifiesto en varios idiomas (árabe, francés y castellano), junto a unas velas con los nombres de los fallecidos, dos de los cuales no han sido identificados diez años después de la tragedia.