Human Rights Watch documenta posibles crímenes de guerra durante el asalto ruso a Mariupol en un nuevo informe

• La ONG pide que se persiga a Putin y a los mandos militares implicados
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Un informe de HRW estudia si el cerco de Mariúpol fue un crimen de guerra

El asalto ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol, que concluyó con la conquista de la localidad portuaria por las tropas rusas en mayo de 2022, dejó al menos 8.000 muertos y miles de heridos en ataques que podrían constituir crimen de guerra. Así lo asegura la ONG Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe en el que documenta casos concretos y sus consecuencias.

HRW concluye que el presidente ruso, Vladímir Putin, y otros altos mandos deben ser investigados y perseguidos, y Rusia debe ofrecer una reparación a las víctimas.

"La devastación de Mariupol destaca como uno de los peores capítulos de su invasión", ha declarado Ida Sawyer, directora de la división de crisis y conflictos de HRW. "Los organismos internacionales y los gobiernos comprometidos con la justicia deberían centrarse en investigar a los altos funcionarios rusos que podrían estar involucrados" en los posibles crímenes de guerra, ha añadido. 

Ataques desproporcionados contra población civil y falta de ayuda

El documento, titulado "'Nuestra ciudad desapareció': la devastación rusa de Mariupol, Ucrania" (disponible aquí en inglés) está elaborado a partir de 240 entrevistas a antiguos residentes de Mariupol, llevadas a cabo por HRW y la ONG ucraniana Truth Hounds, además de un análisis de más de 850 fotografías y videos, documentos y decenas de imágenes vía satélite en colaboración con SITU Research. 

Los datos recabados confirmarían, según los autores del informe, que en varias ocasiones (como el ataque a hospitales o al teatro de la ciudad) los ataques rusos no estaban justificados por objetivos militares y fueron desproporcionados. Rusia atacó infraestructuras críticas, como hospitales, centrales eléctricas, o la estación de autobuses, además de escuelas y edificios de viviendas. Las fuerzas rusas emplearon armamento de gran potencia y alcance contra esos objetivos.

Un hombre que se encontraba en un supermercado con otras 50 personas relata el momento en que la tienda fue atacada, en marzo de 2022. "Estaba a pocos metros de la zona de panadería, cuando algo explotó junto a mí. Destrozó el techo de metal y los cables colgaban del techo. No resulté herido, pero vi a una mujer echa pedazos".

HRW estima que al menos 8.000 personas murieron por los combates, partiendo de imágenes de los cementerios de Mariupol. El número real puede ser mucho mayor, dado que en las tumbas pueden estar enterradas más de una persona, y que aún hay miles de desaparecidos.

Igualmente, el informe describe la falta de acceso de los habitantes de la ciudad a suministros básicos y los intentos tanto de las autoridades ucranianas como de la ONU y de la Cruz Roja para enviar ayuda humanitaria y evacuar a los civiles, todos ellos obstaculizados por la actitud rusa, que el texto califica de "intransigente".

Los que pudieron escapar relatan las dificultades y el miedo. "El 15 de marzo, fui a la oficina de la Cruz Roja - relata Vaagn Mnatsakanian, empleado municipal - Dijeron que la carretera a Melekine estaba abierta aunque sin garantías ni corredores humanitarios. La Cruz Roja había recibido la luz verde de sus jefes para intentar salir de la ciudad, así que me fui. Cerca del límite de la ciudad, había un atasco de tráfico horrible con dos o tres columnas de miles de coches. Después de tres horas, salimos de Mariupol, y nos llev´nueve horas conducir los 90 kilómetros a Berdiansk. Entre allí y Zaporiyia, ví cinco coches civiles quemados junto a la carretera".

Piden responsabilidades a Putin

El informe identifica a 17 unidades militares rusas y a 10 mandos que podrían ser penalmente responsables de crímenes de guerra relacionados con ataques ilegales, el bloqueo de ayuda humanitaria o el desplazamiento forzoso de población. 

En la cúspide de la cadena de mando, y por tanto de la responsabilidad, están Putin, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas; Serguéi Shoigú, ministro de Defensa y segundo al mando; y Valeri Gerasimov, jefe del Estado Mayor.

"Esta investigación tiene como objetivo garantizar que estos crímenes nunca sean olvidados y que los responsables comparezcan ante la justicia", ha asegurado Roman Avramenko, director ejecutivo de Truth Hounds. 

HRW ha enviado al gobierno ruso un resumen de las conclusiones del informe y una lista de preguntas pero, hasta el 1 de febrero, no había recibido respuesta.