Las actas policiales constatan el abandono de las residencias en Madrid durante la primera ola de la pandemia
- Los agentes registraron en prácticamente todas sus visitas las denuncias de falta de material adecuado
- En algunas residencias contaron que no se aceptaron derivaciones de pacientes a los hospitales
La Policía Municipal de Madrid fue testigo de las carencias en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid entre marzo y abril del año 2020, durante la primera ola de la pandemia de coronavirus. Las visitas a todas ellas se plasmaban en actas de inspección a las que ha tenido acceso RNE y en las que también aparecen reflejadas algunas quejas comunes de los responsables de los centros.
Los agentes registraron en prácticamente todos los informes las denuncias de falta de material adecuado, en especial de equipos de protección (EPI) y de test diagnósticos, lo que impedía diferenciar qué pacientes estaban sanos y cuáles no. Una situación que, por ejemplo, se encontraron los agentes en su visita del 6 de abril a la residencia de Nuestra Señora de Montserrat, donde había un paciente con síntomas compartiendo espacio con personas aparentemente sanas.
Si bien era habitual el aislamiento de los casos sospechosos y el cierre de zonas comunes, algunos responsables relataron a la Policía la imposibilidad de realizar un correcto cribado en los centros, e incluso hubo quejas por la orden de no derivar pacientes a los centros hospitalarios.
Este es el caso de la residencia de mayores Mirasierra. Allí fallecieron 60 personas y su responsable contó, según un acta fechada el 23 de abril, que no se aceptaron derivaciones de pacientes al Hospital de La Paz. Días antes, el 9 de abril, en la residencia Geriasa contaron a los agentes que si hubieran podido contar con esa ayuda, no habrían fallecido las 33 personas que perdieron la vida en el centro.
También es recurrente la mención al cansancio físico y mental de los trabajadores y la falta de rotación de las plantillas, mermadas por las bajas provocadas por la COVID-19. Es por eso que muchos centros relataron a los agentes la necesidad de contar con más personal, sobre todo de enfermería o médicos.
El 2 de abril, en la residencia de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, la responsable relató una situación muy dura: eran solo seis trabajadores para atender a los 46 internos y no daban abasto para realizar una atención adecuada.
Los familiares piden “verdad, justicia y reparación”
En España, durante la primera ola de la pandemia, murieron en residencias de mayores más de 20.000 personas, según los balances oficiales. En la Comunidad de Madrid, fallecieron hasta 9.468 ancianos en las residencias. De ellos, 7.291 no fueron trasladados a ningún hospital.
María Jesús Valero, familiar de una de las víctimas y miembro de la plataforma Marea de Residencias, ha afirmado en una entrevista en Radio 5 que han recibido la información de las actas policiales con mucha sorpresa. “Llevamos cuatro años pidiendo la verdad, investigando a través de querellas y estas actas no han salido a la luz. Y sobre todo que ahora la Comunidad de Madrid quiera seguir escondiéndolas, da lugar a pensar que habrá en ellas”, ha apuntado.
Valero ha explicado que han llevado a cabo más de 350 querellas con un único objetivo: “Verdad, justicia y reparación”. Asimismo, ha asegurado que no se encuentran manipulados por nadie. “Por parte de la derecha están diciendo que las asociaciones de familiares estamos manipulados por partidos progresistas. Nosotros defendemos la verdad y sobre todo que se investigue y se vea de quién es la responsabilidad”, ha añadido.
La oposición pide que se publiquen las actas
Más Madrid ha anunciado su intención de acudir a la Comisión de Venecia, dependiente del Consejo de Europa, para que analice si se vulneraron derechos humanos. Para la portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, estos documentos muestran la "desesperación del personal" ante la "indefensión" en las residencias de mayores que "no tenían permitido derivar a mayores a los hospitales" y ha asegurado que las mismas dan constancia de los protocolos "de la vergüenza".
También se han pronunciado los socialistas, que han reclamado la publicación de las actas policiales. Así, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido en su "apuesta absoluta" por la "transparencia total para saber la verdad" y buscar con ello que "no pase nunca más".
Por su parte, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha recordado que la situación de las residencias en pandemia está en "procedimiento judicial" y que "como está en trámite, hay que ser muy respetuosos", pero ha deslizado que si "el Gobierno cree que actuó correctamente, que publiquen ellos las actas".
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recurrido a los tribunales la publicación de los documentos alegando que contienen datos personales, cuya difusión está prohibida por ley. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos sociales, Fátima Matute, ha asegurado que se hizo lo más "humanamente posible" para salvar todas y cada una de las vidas, tanto en los propios hospitales como en las residencias o en los domicilios.