El impacto económico de la violencia de género y sexual en España fue de casi 5.000 millones de euros en 2022

• Según el estudio realizado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social y presentado por el Ministerio de Igualdad
• La violencia de género tuvo un coste de 4.085 millones de euros y la violencia sexual de 848 millones de euros

Foto de una manifestación del 8M LightRocket

El coste económico de la violencia de género y de la violencia sexual fuera de la pareja fue de 4.933 millones de euros en 2022. Esto supuso un 0,37% del PIB anual y 104, euros per cápita, según el estudio "Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022", elaborado por el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social de la Universidad de Alcalá y presentado este jueves por el Ministerio de Igualdad.

El análisis expone que en 2022 la violencia de género tuvo un impacto de 4.085 millones de euros y la violencia sexual fuera de la pareja fue de 848 millones de euros. En cuanto al ámbito, el nivel más alto se produjo en el laboral y legal. El estudio calcula que en ese año en España más de dos millones de mujeres sufrieron algún tipo de violencia de género y 105.000 mujeres sufrieron violencia sexual.

Mejoras en el protocolo de violencia machista en País Vasco

Esta investigación es la segunda parte del informe "El impacto de violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016", en el que el coste fue de 1.281 millones de euros anuales y supuso un 0,11% del PIB. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ha señalado que el segundo estudio presenta "ciertas mejoras", ya que se ha aumentado el objeto de estudio, por lo que "no solo se define las violencias de género, sino que también se amplía a violencias sexuales fuera de la pareja". Según Martínez, el tener en cuenta varios tipos de violencia hace que se pueda estudiar mejor los datos y que se afinen más los resultados.

Para la delegada del Gobierno es importante la elaboración de este análisis, dado que expone el impacto económico que tiene en nuestra sociedad y nos conciencia del dolor que causan estas violencias. "Tenemos que emplearnos a fondo para afinar, para conseguir entender esta situación y para trasladar a la sociedad que está significando las violencias machistas para todos y para todas", ha recalcado.

Por otro lado, la profesora de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá e investigadora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, Elena Mañas, ha manifestado que los resultados se traducen en "desembolsos". "Pagos que se realizan por el uso de los servicios y los bienes que se necesitan por parte de las víctimas y de cualquier tipo de persona o organización privada o pública que tenga vinculación con esas situaciones", ha explicado. También ha expuesto que los datos descubiertos pueden ser de las renuncias que "las propias violencias contra las mujeres incorporan o suponen".

A su vez, la subdirectora del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, María Gallo, ha revelado que la mayor parte de los costes económicos provienen de la violencia de género y la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja, con casi un 83% del total.

El sector público paga el 85% del coste económico

Gallo ha declarado que el sector público es quien soporta la mayor parte de los costes, con un 85% (2.562 millones de euros), al clasificar los costes tangibles directos de la violencia de género por tipos de agentes. Entre estos gastos se encontraría los desembolsos que hacen las administraciones y la pérdida de ingresos que concluye en una menor actividad laboral femenina. En segundo lugar, las víctimas se enfrentan a 247 millones de euros (88,2%), le sigue las empresas con 150 millones de euros (5%), después la familia y allegados (1,6%) y por último, el tercer sector (0,2%).

También ha explicado que solo estudiando el coste de la violencia ejercida por hombres contra sus parejas o exparejas, este se eleva a 3.015 millones de euros al año, lo que supone un 0,23% del PIB y 64 euros per cápita.

De esta cantidad, el 37,2% corresponden a costes legales, el 32,2% a gastos sanitarios, el 19,4% a costes laborales y el 11,2% (331 millones de euros) a costes relacionados con la atención del tercer sector a las víctimas, las casas de acogida y las mudanzas que las mujeres tienen que realizar para alejarse de sus maltratadores. Asimismo, en este informe se han calculado las consecuencias económicas de las acciones de los agresores, que ascienden a 1.121 millones de euros repartidos entre términos policiales, judiciales, penitenciarios y legales.

Siguiendo la misma línea, la violencia ejercida por los maltratadores tiene un impacto de 585,14 millones. En este total se ha contado el abandono laboral, las bajas médicas, las penalizaciones salariales, las complicaciones de las mujeres para formarse, la disminución de la productividad, entre otras.

Con respecto a los costes sanitarios, la violencia de género entre la atención médica, gastos farmacéuticos y hospitalizaciones supone un gasto de 969,61 millones de euros. Las investigadoras han estimado que el gasto en políticas de prevención es de 210 millones, menos del 7% del total. Por último, en este análisis se han contabilizado costes intangibles como el dolor, el sufrimiento de ser víctimas de violencia de género o sexual y la pérdida prematura de vidas. Este coste está entre 5.141 y 8.038 millones de euros.

María Gallo ha añadido que estos costos son "cifras conservadoras", dado que no se han tenido en cuenta los impactos económicos de años anteriores que siguen perdurando en la vida de los descendientes de las víctimas.

Además, Gallo ha subrayado la importancia de conocer y comprender el origen y el coste de los impactos, porque así entendemos la magnitud que alcanza en términos económicos. Así como, nos ayuda a fijar prioridades y "asignar recursos para mejorar el bienestar de la sociedad e invertir en políticas de prevención".

Los investigadores para realizar este estudio han valorado los costes directos e indirectos en los ámbitos sanitario, laboral y productivo y legal-policial. En cada uno de estos apartados han estudian a diferentes colectivos o agentes afectados, como por ejemplo, las víctimas, familiares, allegados, el sector público, empresarios y organizaciones de este sector. El objetivo es concienciar a la sociedad del alcance que tiene estos dos tipos de violencia y las ganancias que se obtendrían si se redujera sus niveles.