Francia bloquea el segundo intento de la UE de aprobar una ley 'rider' europea

• Se han abstenido Alemania, Grecia y Estonia, lo que complica que se apruebe en esta legislatura
• La ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio

Un repartidor a domicilio, en una imagen de archivo EFE/Juan Carlos Hidalgo

Francia ha frustrado este viernes un nuevo intento de los Veintisiete de aprobar una ley rider europea a pesar del acuerdo político que ya se alcanzó el pasado 8 de febrero entre el Consejo y el Parlamento Europeo para una nueva directiva que refuerce los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, lo que deja en suspenso la adopción formal de la norma, que necesita el visto bueno de las capitales y del pleno de la Eurocámara. 

Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. 

No obstante, las reservas de algunos países, que ya frenaron un acuerdo previo alcanzado en diciembre, han vuelto a truncar el pacto entre los colegisladores al no lograr la mayoría necesaria para que el texto saliese adelante. En concreto, con el voto en contra de Francia y la abstención de Alemania, Grecia y Estonia, según ha confirmado RNE. París ha mostrado sus reticencias porque no ve seguridad jurídica en un texto que califica de ambiguo.

Por su lado, la delegación española ha apoyado el texto de la norma, pero también ha expresado reservas: "Existen disposiciones en el texto acordado que no responden plenamente a lo que entendemos debería haber sido el contenido de esta directiva".

En vigor desde 2021 en España

España aprobó en mayo de 2021 su propia ley rider, lo que obligó a las plataformas digitales de envío a domicilio a contratar a sus repartidores como asalariados. Sin embargo, su aprobación no convenció a todos y motivó desde choques judiciales a amenazas de regresar a un modelo de negocio incompatible con los derechos laborales.

Los propios repartidores se mostraron divididos entre la voluntad de ser asalariados o autónomos y consideraron que la ley se había aplicado de manera desigual entre competidores, con los consecuentes efectos en el mercado y en el trabajo.