Nace la autoridad independiente para la investigación de accidentes ferroviarios, marítimos y de la aviación civil

• El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley con el mismo texto que decayó en 2023 por el adelanto electoral
• La nueva institución absorberá las funciones de las tres comisiones existentes para la investigación de accidentes

Un grupo de personas visitan la curva de Santiago donde descarriló un tren Alvia dejando 80 muertos y 144 heridos.

El Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de ley para la creación de la autoridad independiente de investigación técnica de accidentes (Aitat) ferroviarios, marítimos y de la aviación civil que aúna las tres comisiones que investigan este tipo de incidentes, según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Se retoma así la puesta en marcha de una institución que había decaído en la anterior legislatura por la disolución de las Cortes tras la convocatoria de las elecciones generales de julio de 2023.

Esta nueva autoridad independiente tendrá autonomía financiera, orgánica y funcional y absorberá las funciones que desarrollan las tres comisiones existentes para la investigación de accidentes e incidentes ferroviarios (CIAF), marítimos (CIAIM) y aéreos (CIAIAC), adscritas orgánicamente al Ministerio de Transportes. "Cumplimos un compromiso del propio Ministerio con la seguridad y la transparencia y atendemos también los requerimientos de las distintas instituciones y organismos europeos que nos pedían reforzar sobre todo la independencia", ha asegurado.

La independencia de una de las tres comisiones, la de la CIAF, fue cuestionada tras su investigación del accidente del Alvia ocurrido en Santiago de Compostela en 2013, con 80 víctimas mortales y más de centenar y medio de heridos. También fue muy criticada la actuación de la de accidentes aéreos tras el siniestro de Spanair. 

Reivindicación de las asociaciones de víctimas

La autoridad se crea tras las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas de accidentes, especialmente la de familiares del siniestro de Spanair en el aeropuerto de Madrid, en el que murieron 154 personas el 20 de agosto de 2008. 

Su función será esclarecer las causas de los accidentes y evitar que se repitan, proponiendo recomendaciones para mejorar la seguridad. El objetivo es reforzar la independencia del organismo de investigación, sumando a la independencia funcional actual, la orgánica, con una personalidad jurídica diferenciada. 

Así lo ha recordado en su intervención el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, al señalar la creación de esta autoridad como "una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de víctimas que desde hace años venían reclamando que un órgano multimodal e independiente asumiera las investigaciones".

A las asociaciones y sus familias, el ministro les ha trasladado su "estima" y "reconocimiento" en una jornada "tan simbólica" como esta el 20 de febrero, Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes Aéreos.

La autoridad podría entrar en funcionamiento en esta legislatura

El texto de la ley es el mismo que se aprobó en marzo y cuya tramitación parlamentaria decayó por el adelanto electoral, según ha detallado el titular de Transportes. Dicho texto ha recibido las aportaciones de distintas asociaciones y entidades de los organismos afectados, fue sometido a los dictámenes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, por lo que "no tenía ningún sentido modificarlo, volver a iniciar el proceso", según ha explicado.

El proceso se retoma en el mismo punto en que quedó al decaer por la convocatoria electoral y el Gobierno espera aprobar tanto esta ley, como su estatuto orgánico de desarrollo para que la autoridad pueda entrar en funcionamiento en esta misma legislatura.

Ninguna de las investigaciones en marcha quedará paralizada por la creación de esta autoridad y en el tiempo que medie entre la aprobación de la Ley y la constitución efectiva de la Autoridad Independiente las Comisiones actuales continuarán desarrollando sus funciones como lo han venido haciendo hasta la fecha.

"Las tres comisiones que existían estaban adscritas al Ministerio, pero ya funcionaban de manera independiente, lo que hacemos ahora es englobarlas en una autoridad administrativa, la figura con mayor grado de independencia que existe en nuestra legislación", ha explicado Puente.

El estatus de la nueva autoridad independiente será similar al de organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Española de Protección de Datos o el Consejo de Seguridad Nuclear.

Sus ingresos provendrán de la participación en la recaudación de determinadas tasas como la de seguridad aérea, la de prestación de servicios, la de realización de actividades en materia de seguridad ferroviaria y la de ayudas a la navegación. 

Un presidente y seis consejeros  

El Consejo será el máximo órgano de gobierno de la Autoridad, al que corresponderá la aprobación de los informes finales de investigación. Estará formado por un presidente y seis consejeros, de los cuales dos deben ser expertos en el sector marítimo, dos en el aéreo y otros dos, en el ferroviario, entre profesionales de reconocido prestigio. 

El nombramiento del presidente se someterá a la votación del Congreso, que tendrá capacidad de veto en el caso de los consejeros. Su mandato será de seis años y trabajarán con dedicación exclusiva con un estricto régimen de incompatibilidades, por el que no podrán realizar actividad privada alguna relacionada con el ámbito de actuación de la Autoridad.