Más de 7.600 menores se han "fugado" de los centros de acogida por su "saturación" según Unicef

• De las 116.136 solicitudes de asilo presentadas en 2022, únicamente 95 fueron realizadas por niños o niñas no acompañados
• El informe denuncia la falta de información que se da a los menores no acompañados sobre la posibilidad de pedir protección

Fotografía de archivo de junio de 2021 en la que aparecen dos menores residentes en el centro de acogida Miguel Mañara de Sevilla. EFE / RAÚL CARO

Más de 7.600 menores migrantes han abandonado los centros de acogida en los que vivían tutelados por las Administraciones de España en siete años, aprovechando las deficiencias y la saturación de los mismos.

Así lo explica Unicef en el informe La respuesta de España a la crisis de Ucrania, que ha sido presentado este martes en la jornada Protección de la infancia en contexto de contingencias humanitarias migratorias para abordar la gestión de la acogida de los menores migrantes.

En el análisis de las muertes y desapariciones en las rutas migratorias hacia España, Unicef recoge la preocupación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) del Ministerio del Interior por las desapariciones de la población migrante en los últimos años.

Respecto a los 7.639 los niños no acompañados que se han ausentado de los dispositivos de acogida en el periodo 2016-2022: 171 lo hicieron en 2022; 648, en 2021; 418, en 2020; 1.448, en 2019; 3.703, en 2018; 971, en 2017 y 280, en 2016.

Por nacionalidades, destacan los originarios de Marruecos, Colombia y Argelia

Para la entidad de defensa de la infancia, estas denominadas incorrectamente "fugas", en alusión a las salidas de los centros en los que residen bajo la guarda de entidades públicas, son consecuencia principalmente de las deficiencias y la saturación producida por la falta de políticas para abordar una contingencia humanitaria migratoria.

Sobre los fallecidos en rutas migratorias, gran parte desde las costas africanas hacia Canarias, se refiere al informe de la ONG Caminando Fronteras, que calcula 11.522 víctimas entre 2018 a 2022 (385 eran menores); en el primer semestre de 2023 fueron cerca de un millar los desaparecidos intentando llegar a costas españolas (49 menores).

Unicef propone la adopción de un mecanismo nacional de identificación (ADN y otros) de personas fallecidas en las rutas migratorias hacia España y la creación de un procedimiento de localización y comunicación con familias en países de origen de fallecidos en las rutas migratorias hacia España, entre otras medidas.

Menores no acompañados y refugiados 

El informe denuncia también la falta de información que se da a los menores no acompañados que están acogidos en el sistema sobre la posibilidad de pedir protección como refugiados.

La realidad en España, destaca, "contrasta rotundamente" con las cifras generales sobre asilo en España y la Unión Europea, ya que del total de 116.136 solicitudes de asilo presentadas en 2022, únicamente 95, es decir, el 0,082%, fueron realizadas por niños o niñas no acompañados.

Al analizar la crisis que atraviesa Canarias, Unicef muestra también su preocupación por la falta de especialistas de infancia y personal del sistema de protección en los muelles de desembarco, en el momento en el que se realiza la reseña policial y en los centros de atención humanitaria, donde se ha detectado la presencia de un importante número de presuntos menores de edad.

Cambiar el procedimiento para determinar la edad 

En su informe, Unicef advierte de nuevo que el procedimiento que se sigue para determinar la edad de un inmigrante que se presenta como menor "no está alineado con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño", que en diversas ocasiones ha planteado su reforma.

En la pasada legislatura se presentó un anteproyecto de ley, pero la iniciativa no se llegó a aprobar y decayó con la disolución de las Cortes.

Pide Unicef que se considere la documentación de identidad válida aportada y que se evite un recurso automático y sistemático a pruebas de edad, respetando siempre la presunción de minoría de edad y garantizando la permanencia en el sistema de protección de infancia mientras no haya una decisión definitiva sobre la edad.

Exige además que se analice la madurez física y psicológica y se eviten métodos basados únicamente en pruebas médicas, con un elevado margen de error, en un procedimiento con la presencia de intérpretes y representantes legales y con información adaptada a la edad.