El juez García Castellón responde a Suiza que no puede rechazar colaborar en el 'caso Tsunami'

• Alega que los tratados internacionales suscritos entre ambos países prohíben rechazar la cooperación
• Y abre pieza secreta para investigar una presunta revelación de secretos

Imagen de archivo de cargas de Mossos d'Esquadra contra las miles de personas movilizadas por la plataforma Tsunami Democràtic. EFE/Quique García

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa en la que se investiga el papel de Tsunami Democràtic en los disturbios posteriores a la sentencia del 'procés', ha respondido a Suiza que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial que le solicitó en este caso con base en motivos políticos, ya que se trata de una causa en la que se investigan delitos de terrorismo.

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado ha respondido a la resolución de las autoridades helvéticas, en la que le pedían que ampliase los indicios por terrorismo contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la Justicia española.

García Castellón explica en su auto que, en noviembre, fecha en la que se cursó la primera comisión rogatoria al país helvético, se solicitó también una reunión de coordinación en el marco de Eurojust con carácter urgente con la voluntad de aclarar las cuestiones relativas de auxilio judicial de la Audiencia Nacional, sin haber obtenido respuesta por parte de las autoridades suizas.

Para el juez, esta situación resulta particularmente extraña, atendiendo la confianza recíproca que suele caracterizar la cooperación entre ambos estados. El magistrado reitera la necesidad de materializar esa reunión de coordinación y, mientras tanto, responde en su auto a las cuestiones planteadas por las autoridades de Suiza.

El juez explica que en la comisión rogatoria facilitaba toda la información "que permite incardinar las acciones de Tsunami Democràtic en un delito de carácter terrorista", y recuerda que Suiza ha firmado el convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.

Un convenio que, precisa, especifica que una solicitud de asistencia judicial basada en delitos de terrorismo contemplados en el texto "no podrá ser denegada por el solo hecho de que se refiera a un delito político, o a un delito conexo a un delito político o a un delito inspirado por móviles políticos".

Cree "inadmisible" la petición de explicación sobre la amnistía 

Además, en su auto, el juez considera que "manifiestamente inadmisible" la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una ley de amnistía en relación con los miembros de la plataforma Tsunami Democràtic y con la investigada Marta Rovira.

García Castellón recuerda que, en España, así como en las democracias de la UE, existe la separación de poderes y subraya que no le corresponde dar opinión sobre leyes que está en trámite, ni participar en la redacción de las mismas. En este punto, recuerda que la función de los jueces "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" , como tampoco lo es del legislador o del Ejecutivo "inmiscuirse en la función de juzgar, calificar o sentenciar".

En relación con la petición de localización de Rovira, el juez explica que ha acudido a la vía de la cooperación judicial, ya que se trata de recabar información sobre el domicilio de una persona que afecta a un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Además, sostiene que tiene "efectos invasivos mínimos" saber el paradero de la investigada.

Y, respecto a la petición de información de una cuenta bancaria suiza que podría haber financiado las protestas del otoño de 2019, precisa que solicitó datos hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democràtic. 

Investigará un presunto delito de revelación de secretos

Por otra parte, el juez García Castellón ha acordado abrir una pieza separada con carácter reservado para esclarecer un posible delito de revelación de secretos por la filtración de la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria remitida para la localización de la dirigente de ERC Marta Rovira.

El juez de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que abre esa pieza y encarga a la Guardia Civil que investigue la posible comisión de ese delito por parte de "las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta por las autoridades suizas".

El magistrado ordena a los investigadores a "eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor".

Esa respuesta fue publicada por varios medios de comunicación antes de que llegase al juzgado de García-Castellón, que fue quien cursó la solicitud para localizar a Rovira, investigada por presuntos delitos de terrorismo en la misma causa en la que figura el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El juez da traslado del auto al fiscal, en tanto que a las partes personadas solo les comunica la parte dispositiva.