Las claves del 'caso Koldo' vinculado al exasesor de Ábalos: ¿quién es quién y cómo operaba la trama?

• La justicia investiga el supuesto cobro de 'mordidas' en adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia
• Koldo García, el exasesor, podría haber ejercido de intermediador en contratos con el gobierno estatal, el de Baleares y Canarias

El exasesor de José Luis Ábalos Koldo García, tras quedar en libertad con medidas cautelares EFE/Sergio Pérez

El 'caso Koldo', el último escándalo por supuesta corrupción en la venta de material sanitario en pandemia, está sobrevolando toda la esfera política y pone el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz de la detención de Koldo García, un asesor del que fuera su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por supuestas ‘mordidas’ en adjudicaciones de contratos a la empresa Soluciones de Gestión.

Estas son algunas claves de lo que se sabe hasta el momento del caso:

¿Qué delitos se están investigando?

La investigación, denominada 'operación Delorme', está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 que dirige el juez Ismael Serrano y coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Ha sido decretado además el secreto sobre las actuaciones.

En concreto, se estudia si hubo cobro de comisiones irregulares o ‘mordidas’ en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. El juez sospecha que pueda haber delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

El pasado 21 de febrero, la Guardia Civil detuvo a una veintena de personas, de las cuales 15 quedaron en libertad inmediatamente tras declarar ante la UCO. Otros cuatro están en el foco de la investigación, aunque también en libertad con medidas cautelares. Además, se realizaron 26 registros domiciliarios y requerimientos a lo largo de la geografía del país.

¿De dónde surge la investigación y a qué contratos afecta?

La investigación surge de una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022 que firma el secretario general de los ‘populares’ madrileños, Alfonso Serrano. La denuncia se interpuso poco después de que saltara a la esfera pública el ‘caso mascarillas’ vinculado al hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (caso que quedó finalmente archivado). 

Los 'populares' denunciaron 13 contratos y son nueve los que están siendo foco de la investigación, por un valor que roza los 50 millones de euros. Todos ellos, llevados a cabo por el procedimiento de urgencia ante la pandemia, lo que relajaba los requisitos que hubiera conllevado cualquier contratación pública en circunstancias normales.

• Organismos nacionales: el primer contrato a Soluciones de Gestión provino de Puertos del Estado el 21 de marzo de 2020 por valor de 20 millones de euros. El 27 de marzo, Adif firmó otro por valor de 12,5 millones. Ambos organismos dependían del Ministerio de José Luis Ábalos. Y el 20 de abril, Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial (dependiente de Interior) adjudicó otro a esta empresa por valor de 3.479,355 (20 abril).
• Canarias y Baleares: el servicio canario de Salud realizó cuatro contratos con esta empresa para compra de material sanitario por valor, en total, de 12,3 millones entre el 22 de abril y el 4 de mayo. El de Baleares adjudicó también un contrato el 8 de mayo por valor de 3,7 millones, si bien luego reclamó 2,6 millones de euros tras recibir material equivocado.

¿Quiénes son los implicados y quién es Koldo García?

El eje de la investigación reside en Koldo García. Exconcejal de Huarte con el PSN hace una década, cuando era compañero de partido del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Se convirtió en chófer de Ábalos en 2018 cuando el político era secretario de Organización del PSOE. Una vez Ábalos se convirtió en ministro, le nombró consejero de Renfe Mercancías. También fue vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, que fue precisamente el primer organismo público que adjudicó un contrato a la trama. Como asesor de Ábalos, fue objeto de varias polémicas, entre ellas por su participación en el encuentro en el  aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta de Venezuela,  Delcy Rodríguez, motivo por el que la oposición pidió explicaciones  en el Congreso. 

El juez cree que García ejerció de intermediario en las negociaciones de compra de mascarillas a través del Ministerio con empresas de varias provincias, y cobrado sobornos o comisiones por facilitar estos contratos. Lo hizo, según la Fiscalía, abusando de su cargo público. Precisamente, el primer contrato de Soluciones de Gestión fue con Puertos del Estado, donde él era vocal del Consejo Rector, y el siguiente siguió vinculado al Ministerio de Transportes. Apunta la investigación a que, el que se realizó desde el Ministerio del Interior, vino de forma consecuente porque Transportes había logrado obtener material sanitario con esta empresa. El juez Ismael Serrano investiga además a su mujer, Patricia Úriz, que se habría beneficiado igualmente de las 'mordidas'.

Otro de los investigados es el hermano de Koldo, Joseba García, quien también estuvo vinculado, desde 2019, a órganos dependientes del Ministerio de Transportes (como INECO y EMFESA), “un aspecto que no puede desvincularse de la posición que su hermano Koldo ha tenido en el Ministerio”. La investigación sostiene que Koldo García le habría utilizado "para ocultar la titularidad real" de algunos inmuebles adquiridos con las 'mordidas' de los contratos.

El empresario Íñigo Rotaeche es el dueño de la empresa central de la trama, Soluciones de Gestión, adjudicataria de los contratos que se investigan.

Sin embargo, son Juan Carlos Cueto y el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, quienes estarían en realidad detrás de los contratos de esta empresa. El primero es hijo de los dueños del Grupo Cueto, al que pertenece Soluciones de Gestión. Aldama estaría "vinculado personalmente" a dicho Grupo, según el auto del juez de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso RTVE. Y es que, Soluciones de Gestión, “habría sido empleada como una empresa instrumental en un proyecto común” entre ambos.

En el sumario también aparecen como miembros de la trama José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes; el empresario Israel Pilar Ortiz, el empresario José Ángel Escorial Senante y Daniel Sierra Monedero.

¿Tuvo Ábalos algún papel en la trama?

Cabe recordar que el exministro de Transportes no está imputado en el caso. Sin embargo, en un reciente auto, el juez le señala como "intermediario" de la trama en relación a la reclamación de Baleares a Soluciones de Gestión por el material incorrecto. Todo, en un contexto en que Koldo García estaba tratando que dicha reclamación decayera por desistimiento de la administración balear.

El instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana (Madrid) entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa. Para el juez, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior en la que Koldo García le informaba a Cueto de que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente (cuando se reúne con Ábalos) era esa, la relativa a la reclamación.

En otra conversación del 4 de diciembre, Cueto informa a Rotaeche que, en principio, la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación. “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que si... porque le han dado otro favor a cambio", le dice. El juez destaca que se referiría a José Luis Ábalos.

¿Qué beneficio sacaron los investigados?

La empresa Soluciones de Gestión, en el centro de la trama pese a que su actividad social no tenía "relación con el objeto" de los contratos de los que fue beneficiaria, se constituyó en 2017 y no tuvo actividad en 2018 ni 2019. En 2020, ingresó 54 millones y, en 2021, 845.670. De todo ese dinero, la empresa solo pagó un 13% para la compra de material sanitario y se hizo con unos beneficios del 32%.

Todos los contratos de esta empresa con las administraciones públicas generaron un beneficio a Juan Carlos Cueto de 9,6 millones y a Aldama de 5,5, según el auto del juez. Parte de ese dinero lo destinaron a comprar fincas rústicas en Carballeda de Valdeorras (Ourense), cuya titularidad pasó de una empresa a otra del Grupo Cueto para dificultar su seguimiento. Otra parte del dinero fue destinada a una cuenta de Brasil “con el objeto de dificultar el seguimiento y trazabilidad del dinero".

En el caso de Koldo García, se detectó un “notable incremento del patrimonio”. Él, su mujer y su hija menor pasaron a ser titulares de bienes inmuebles por valor de 1,5 millones de euros. Se compraron tres pisos en Benidorm, uno de ellos a nombre de la hija pagado sin hipoteca. La Fiscalía destaca también el aumento de ingresos en efectivo, sin especificar cuánto, lo que denota “otra posible fuente financiera de origen desconocido”. 

Joseba García, por su parte, “ha sido receptor en sus cuentas de fondos en efectivo que en el año 2020 alcanzan los 130.652,38 euros; 84.907,61 euros en el año 2021, y 52.125 euros en el año 2022", apunta el auto. En una de las conversaciones intervenidas, Joseba García expresa su intención de ayudar a su hijo en la compra de una vivienda aportando la cantidad en efectivo de 40.000 euros. 

¿Por qué el juez menciona a Tellado (PP) y "Alberto"? ¿Se reunió la trama con ellos?

En una de las conversaciones intervenidas en el contexto de intentar que decayera la reclamación de Baleares, el juez destaca una del pasado 2 de diciembre en la que Koldo García informa a Cueto de que había quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con "Alberto" al día siguiente. El auto no especifica quién es este último. Inmediatamente tras conocerse este auto, Tellado ha negado ninguna reunión con la trama, aunque el PSOE exige más explicaciones.

En libertad con medidas cautelares

Un día después tras la detención, Koldo y Joseba García, Aldama y Rotaeche pasaron a disposición judicial, aunque se negaron a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Quedaron en libertad después de que la Fiscalía decidiera no solicitar su ingreso en prisión. Eso sí, se les impuso varias medidas cautelares a todos menos a Joseba García. Su hermano Koldo y Aldama deberán comparecer en el juzgado cada 15 días. El juez ha decretado para ambos y para Rotaeche, además, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. 

¿Qué dice el Gobierno y qué ha pasado con Ábalos?

Desde que estalló este caso, el presidente del Gobierno y todo su Ejecutivo ha salido en tromba a asegurar que desconocía esta supuesta trama y a ofrecer su colaboración con la justicia, así como ha pedido que “caiga todo el peso de la ley” sobre los responsables si se demuestra su culpabilidad. Pedro Sánchez, además, ha negado conocer la trama desde hace años, como le reprocha el PP, y asegura que el cese de Ábalos en el Ministerio en 2021 no tuvo nada que ver con la misma.

Por otra parte, el PSOE ha impulsado una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer este caso y otros relacionados con irregularidades en la compra de material sanitario de otras administraciones. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha encargado también una auditoría en su ministerio para esclarecer si hubo irregularidades. Con todo, el Ejecutivo y el PSOE quiere marcar distancias con un PP que, según han recalcado en múltiples ocasiones, "tapaba" la corrupción "destruyendo a martillazos" ordenadores (en referencia a los de Luis Bárcenas).

Respecto a Ábalos, el PSOE le ha abierto un expediente disciplinario y le ha suspendido cautelarmente de militancia. El partido le había dado un 'ultimátum' de 24 horas para que renunciara a su acta de diputado, pero el exministro decidió no hacerlo y pasó al Grupo Mixto para defender su "honor". El exministro insiste en que todos los contratos fueron legales y auditados por el Tribunal de Cuentas.

Por su parte, tanto el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que era presidente de Canarias cuando ocurrieron los hechos, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han defendido que los contratos que realizaron las comunidades que ellos gobernaban en 2020 (Canarias y Baleares, respectivamente), se hicieron conforme a la ley.

El PP apunta directamente a Sánchez y exige responsabilidades

Mientras, el Partido Popular, en boca de su líder, Alberto Núñez Feijóo, exige a Sánchez que "se responsabilice y dé la cara" por las "mordidas" de las mascarillas porque "le afecta directamente".

El PP ha creado un grupo de trabajo en su sede de Génova contra la corrupción para estudiar este caso y ha impulsado además una comisión de investigación al respecto en el Senado. No ha apoyado, eso sí, la impulsada por el PSOE en el Congreso, que prevé afectar a otras administraciones, al considerarlo un "teatro". Además, los 'populares' exigen la comparecencia en el Congreso de Sánchez, Ábalos, Puente, el exministro de Sanidad Salvador Illa y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por lo ocurrido. Y exigen la "dimisión inmediata" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Mientras, Vox ha registrado también en el Congreso una batería de iniciativas para pedir explicaciones al Gobierno por la supuesta trama de comisiones en contratos durante la pandemia de la COVID-19  de Koldo García, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos y que fue detenido el miércoles por estos supuestos hechos.