Los hijos menores de mujeres víctimas de violencia de género serán atendidos como víctimas de violencia infantil

• Así lo recoge el nuevo protocolo sanitario aprobado por Sanidad y las comunidades autónomas
• La violencia sexual infantil se disparó un 133% en 2021 frente al año anterior
• El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo: [e-mail]

El estrés que conlleva la violencia afecta al desarrollo cerebral, sobre todo durante los primeros años de vida, y puede influir en el apego, en problemas cognitivos, de lenguaje o desarrollo psicomotor GETTY

Los hijos menores de madres maltratadas, así como los adolescentes que sufran sumisión química o pinchazos, serán atendidos como víctimas de violencia infantil en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario. Así lo establece el nuevo protocolo aprobado este lunes por la Comisión frente a la Violencia en los niños, niñas y adolescentes, que unifica las distintas estrategias autonómicas, la respuesta que el ámbito sanitario debe dar a la violencia en la infancia y la adolescencia a nivel nacional.

El documento señala que se debe disponer de un mecanismo de notificación anónimo, preferiblemente 24 horas y 365 días al año, adaptado a las necesidades de este colectivo e independientemente de cualquier tipo de violencia. Al mismo tiempo, deben de recibir una atención terapéutica de calidad, pública, gratuita y universal.

El reglamento también recoge una docena de tipos de violencia infantil, como es el caso de la emocional o psicológica; física y sexual; trata y explotación infantil; la violencia de género y la mutilación genital femenina (con su propio protocolo sanitario) y el maltrato prenatal y perinatal. A estas se une el trastorno facticio inducido por la persona cuidadora (cuando un niño recibe atención médica innecesaria o potencialmente dañina), la violencia ejercida por las instituciones, el acoso y ciberacoso y el matrimonio forzado, entre otros tipos.

La ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) persigue establecer un nuevo paradigma de prevención y protección frente a la violencia desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la naturaleza multidimensional de sus factores de riesgo y los determinantes sociales de la salud. Dicha ley, en relación con el ámbito sanitario, promovió la creación de la Comisión, procedente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA), en la que participan tanto las comunidades como otros ministerios.

Este documento se basa en los protocolos autonómicos ya presentes en las comunidades y la revisión de la bibliografía más reciente.

Un problema de salud para "toda la vida" 

La violencia infantil afecta a la salud y el bienestar "a lo largo de toda la vida, constituyendo un grave problema de salud pública", resalta el protocolo. Al mismo tiempo, el estrés que conlleva afecta al desarrollo cerebral, sobre todo durante los primeros años de vida, y en la adolescencia pueden verse afectados el vínculo de apego, problemas cognitivos, de lenguaje, desarrollo psicomotor, etc.

Al mismo tiempo, este tipo de maltrato afecta a los sistemas del cuerpo humano como el endocrino o el inmunológico, sin olvidar los costes económicos derivados de su tratamiento. El gasto anual estimado para España únicamente de la violencia sexual en menores es de 979 millones de euros, sin tener en cuenta los datos relacionados con la prevención de la violencia, sensibilización y educación.

El tratamiento integral de la violencia infantil en el ámbito sanitario empezará desde el mismo momento de su detección o sospecha, atendiendo a unos indicadores específicos para cada tipo de violencia. Lo que también tendrán que hacer los profesionales es evitar la estigmatización que en ocasiones se da dentro de los modelos familiares "con independencia del nivel socioeconómico, educativo, cultural, etc. y también fuera del entorno familiar".

Además, el documento recalca que ser víctima de un tipo de violencia "puede propiciar serlo de otro tipo o pueden ocurrir simultáneamente". Una vez detectado un posible caso, deberán realizar una minuciosa historia clínica y social, así como pruebas para llevar a cabo un diagnóstico preciso.

También será necesaria una coordinación de todas las administraciones públicas y la asistencia deberá incluir atención a las lesiones o alteraciones físicas derivadas de la situación de violencia, así como otros problemas de salud observados y tomar muestras. Además se debe realizar una valoración y tratamiento de las consecuencias psicológicas del maltrato que pudiera sufrir la persona menor de edad, tanto en el momento de la evaluación como en el seguimiento, además de si precisa tratamiento psiquiátrico y/o psicológico. Finalmente, los expertos sanitarios deberán facilitar el acceso a servicios para la recuperación del proyecto vital y la inclusión social como programas de refuerzo pedagógico, acceso al empleo juvenil, entre otros.

La violencia sexual infantil se dispara un 133% 

El reglamento abarca la actuación de todos profesionales que tienen contacto con menores, tanto asistenciales como no asistenciales, y dedica un papel primordial a la Atención Primaria, que deberá hacer la labor de valoración, seguimiento, derivación y coordinación a servicios sociales u otras unidades necesarias. Para facilitar una buena coordinación, la entidad pública de protección a la infancia dependiente de la comunidad o los servicios Sociales Municipales pueden proveer información sobre las intervenciones pasadas y actuales que se llevan o llevaron a cabo sobre el menor. 

El Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) contabilizó 21.521 notificaciones en 2021, lo que supuso un incremento del 37,18% respecto al año anterior. No obstante, el documento advierte que, "como ocurre a nivel internacional, diversos estudios de prevalencia muestran que está infranotificado". Un 48,6% de las notificaciones eran relativas a niñas y el 51,34% a niños, siendo la negligencia la más habitual (42,75%), seguida de la violencia emocional (30,75%), la física (19,91%) y la sexual (9,59%). Aunque esta última fue menos frecuente, se disparó un 133,66% respecto a 2020. 

Las Mañanas de RNE - ¿Los jóvenes saben identificar las violencias sexuales en su día a día? - Escuchar ahora

En todos los tipos de violencia se notifican más sospechas en el sexo femenino que en el masculino, salvo en el de negligencia. La mayor diferencia entre ambos aparece con la violencia sexual, en la que la mayoría, el 57,61%, corresponden a niñas. Siete de cada diez son de nacionalidad española, y más de la mitad son adolescentes de 11 a 17 años. La prevalencia global de violencia sobre menores con discapacidad es del 31,7 %, aunque solo se está detectando en un 3 % de los casos.