El juez señala a Ábalos como "intermediario" del 'caso Koldo' ante la reclamación de Baleares a la empresa de la trama
- Es la primera vez que el juez menciona en un auto al exministro y destaca una reunión en enero con su exasesor
- La trama planeaba reunirse en el contexto de la reclamación con Miguel Tellado (PP) y con "Alberto"
- Las claves del 'caso Koldo': ¿Quién es quién y cómo funcionaba la trama?
El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como "intermediario" del 'caso Koldo', conocido así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García. Destaca una reunión entre Ábalos y su exasesor el pasado mes de enero para tratar la reclamación de Baleares a la empresa de la trama Soluciones de Gestión. Además, la trama planeaba, en el contexto de esta reclamación, reunirse con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con "Alberto".
"La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo", apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso RTVE, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.
De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Una reunión con Koldo García para abordar la reclamación balear
Es la primera vez que el juez señala a Ábalos en un auto desde que estalló el caso y lo hace en el contexto de la reclamación de Baleares a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, de 2,6 millones por un contrato de compra de mascarillas. En este sentido, el magistrado destaca también la "influencia" que Koldo García ha ejercido en beneficio de esa empresa "para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas".
El instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. "Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial", precisa.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión "tiene un especial interés para los hechos investigados" habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto 'cerebro' de la trama, y Koldo García.
En dicha llamada "Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero". "De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente (cuando se reúne con Ábalos) era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión", añade el juez.
La trama planeaba una reunión con Miguel Tellado (PP) y "Alberto"
El auto destaca "numerosas conversaciones telefónicas" dirigidas a que la administración balear incurriera en un "silencio administrativo" para que decayera su reclamación. En una de ellas, del pasado 2 de diciembre, Koldo García informa a Cueto de que había quedado con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, y con "Alberto" al día siguiente. El auto no especifica quién es este último. Cabe recordar que en esta última conversación la comunidad autónoma de Baleares está gobernada por el PP, a diferencia de la administración que contrató el material sanitario con la empresa de la trama, que estaba presidida por la socialista Francina Armengol. Inmediatamente tras conocerse este auto, Tellado ha negado ninguna reunión con la trama.
Prosiguiendo con esa conversación, Koldo afirma que había comentado el asunto de la reclamación “ex ministerio donde trabajaba antes” (en referencia al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno.
En otra conversación del 4 de diciembre, Cueto informa al dueño de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, que en principio la Administración balear no tenía intención de continuar con la reclamación. “Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino... él y su ex jefe... y parece ser que el otro ha dicho que si... porque le han dado otro favor a cambio", le dice. El juez destaca que se referiría a José Luis Ábalos.
Y el 7 de diciembre, Koldo García llamó a Cueto para informarle de que “todo va por buen camino”, pero le dice que le transmitían que “no hace falta que se vea a nadie y cuanto más desapercibido pase mejor”. Seguidamente, Koldo García le dice a Cueto: "Utilizaré mis medios para poderte poner en contacto”. Y el día 14 de diciembre, le informa que el asunto del expediente de Baleares estaba “más que hecho”.
Por todo ello, la observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que "estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo".
La influencia de Koldo en el ministerio y su relación personal con Ábalos
Para el juez también "resulta reseñable" la "capacidad de influencia" que tendría Koldo García sobre el personal vinculado al Ministerio de Transportes y, en particular, sobre los entes que adjudicaron los contratos investigados, también una vez cesó en sus cargos en el Ministerio.
Destaca una conversación del pasado 28 de diciembre en la que Koldo "tiene la capacidad de poner en contacto" a Marta Barcenilla Escaño (responsable de relaciones institucionales de FSC-CCOO) con "Pedro" a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último. No se especifica quién sería Pedro, aunque en la misma página del auto, el juez menciona a Pedro Saura, presidente de Correos, para destacar que el hermano de Koldo García, Joseba, era "amigo" de Saura y conoció su nombramiento al frente de la institución antes de que se produjera. Destaca en este sentido que Joseba, una vez deja de ser empleado de EMFESA (ente dependiente de ADIF), "por expreso deseo de Koldo pasará a trabajar en Correos (dependiente del Ministerio de Transportes).
Además, la UCO de la Guardia Civil se refiere a la relación personal que habrían tenido Ábalos y Koldo García en un informe sobre el incremento patrimonial de éste último, al que ha tenido acceso Efe. Y no solo con Koldo, sino con el presidente del Zamora CF Víctor Aldama, con el que se le vio por primera vez en un viaje oficial a México en diciembre de 2018.
El juez constata movimientos de Aldama para ocultar su patrimonio
Precisamente, en su auto, el juez Ismael Serrano destaca que, “fruto de la intervención telefónica se tuvo constancia” de que el presidente del Zamora CF, Víctor Aldama, “estaría llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional” con el fin de ocultar su patrimonio a Hacienda.
Para ello, sostiene el magistrado, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano Martín, Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano Costumero y César Moreno García, “algunos de los cuales tienen vínculos con Koldo”. Esta labor tendría por objeto poner a nombre de sociedades creadas en Portugal bienes muebles e inmuebles que son de su propiedad. En concreto, entre el 31 de agosto de 2022 y el 2 de marzo de 2023 habrían construido todos ellos un total de siete sociedades portuguesas.
Esta operativa, prosigue, “parece estar dirigida a evitar responder con sus bienes por incumplimientos tributarios que, vistas las ganancias obtenidas por su intervención en los contratos investigados” (valorados en 6.712.110,66 euros a través de las sociedades Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL) “podrían generar cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, tanto por el Impuesto sobre Sociedades como en el IRPF, superiores al umbral de los 120.000 euros previsto en el artículo 305 del Código Penal”.
Ello, expone, podría determinar que el investigado “pudiera también ser responsable de un delito contra la Hacienda Pública”. Y recuerda que tanto Aldama como Soluciones de Gestión tienen una inspección abierta por la Agencia Tributaria.