La Fiscalía Europea abre investigación sobre la venta de mascarillas a Canarias y Baleares en el 'caso Koldo'

• Abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y "verificar su competencia para investigar los hechos alegados"
• En concreto, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias

La Fiscalía Europea abre investigación sobre la venta de mascarillas a Canarias y Baleares en el 'caso Koldo'

La Fiscalía Europea ha abierto este lunes en Madrid una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados por los servicios de salud de Canarias y las Islas Baleares para el suministro de mascarillas durante la pandemia de COVID-19 en el conocido como 'caso Koldo'.

Así lo ha anunciado este lunes el órgano comunitario en un comunicado en el que precisa que abre las diligencias tras recibir "una denuncia de un particular" y llevar a cabo "diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados". Además, ha recopilado información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los distintos organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.

"A partir de la información recabada, se decidió iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias", de acuerdo con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, indica el comunicado.

El 'caso Koldo'

El conocido como 'caso Koldo' estalló el pasado 21 de febrero con la detención de Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por presunta corrupción en la compra de mascarillas en 2020, durante la pandemia de COVID-19.

La Justicia española, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está investigando el presunto cobro de comisiones irregulares o ‘mordidas’ en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, pero también de los servicios de salud Baleares y Canarias, comunidades entonces presididas por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respectivamente.

En concreto, se estudian cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos que recoge la querella de la Fiscalía española. 

En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercer contrato alcanzó los 4,7 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por cinco millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95. 

Respecto a la Administración balear, el contrato adjudicado por el Servicio de Salud de las Islas Baleares se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.   

El PP acusa al PSOE de "arrastra la imagen" de España por la corrupción

A raíz de estas informaciones, el PP ha registrado este lunes en el Congreso su escrito exigiendo la dimisión “cuanto antes” de Armengol por “limpieza democrática”, ya que "los hechos no la convierten en víctima, sino en presunta colaboradora necesaria de esta estafa."

Posteriormente, tras conocerse la investigación de la Fiscalía Europea, fuentes del PP a RTVE han denunciado que España "está en el foco de las instituciones de Justicia comunitarias por una trama de corrupción de cargos socialistas", llevando al país a un desprestigio "irreparable" "por la corrupción que acecha a sus dirigentes" y por la vocación de "amnistiar los delitos de sus socios parlamentarios".

"Los españoles no merecemos este castigo en términos de reputación europea", han insistido las mismas fuentes, que han pedido también responsabilidades "inmediatas": "La presencia de Armengol y Torres en la vida pública mancha la imagen de nuestro país".