Las familias de dos de los fallecidos en el incendio de las Atalayas en Murcia se querellan contra el Ayuntamiento

• Fundamentan dicha demanda en "prevaricación por omisión" en el incendio de las discotecas en el que murieron 13 personas
• Sostienen que el Consistorio, Corchón y funcionarios aplicaban una "estrategia" con la que "paralizaban" el cese de los locales

Imagen de la discoteca incendiada en Murcia el pasado octubre (EFE)

Las familias de dos de los 13 fallecidos en los incendios registrados el pasado 1 de octubre en dos discotecas de la zona de ocio Atalayas, en Murcia, han anunciado que van a presentar una querella contra el Ayuntamiento como responsable civil de un presunto delito de "prevaricación por omisión". 

En concreto, la querella se dirige contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón, contra su predecesor en el cargo y miembro del anterior Equipo de Gobierno, Andrés Guerrero, y contra "tres funcionarios" del Consistorio. 

Así, estas dos familias consideran que los querellados aplicaron una "estrategia" a través de la que "paralizaban" la orden de cese de estas discotecas amparándose en una posibilidad que otorga la normativa y que permite el funcionamiento de los establecimientos "mientras haya abierto un procedimiento o expediente de legalización". 

Así lo ha confirmado a Europa Press el abogado de las dos familias, José Manuel Muñoz, quien ha considerado que "no se ha actuado de forma correcta ante las distintas irregularidades". Al contrario, a su juicio, "ha habido una trama" y "un sistema de funcionamiento perfectamente organizado en el que participaban", desde su punto de vista, "Navarro Corchón y determinados funcionarios". 

La normativa permite el funcionamiento en determinados casos

Ha señalado que todos ellos utilizaban una herramienta recogida en la "ley 4 del 2009, que permite el funcionamiento [del establecimiento] mientras haya abierto un procedimiento de legalización". 

En concreto, la normativa permite al funcionamiento "en determinados casos" y, "aprovechando esas posibilidades, la aplicaban de forma generalizada", según el letrado. 

Así, según Muñoz, cuando se abría un procedimiento de cese, esta "trama" respondía diciendo: "Oiga, no puede usted cerrar porque hay un procedimiento de legalización". 

Cuando se imponía una sanción, respondían que "no pasaba nada" y presentaban el procedimiento de legalización. Ha criticado que, con esa "estrategia", iban "paralizando cualquier incidencia que pudiera surgir". 

Incluso, ha lamentado que esta "trama" llegaba "hasta el absurdo", puesto que un procedimiento de legalización "lo paralizaban alegando que iniciaban otro procedimiento de legalización aportando, además, la misma documentación". 

Una estrategia para paralizar un procedimiento de cese

Con esta "estrategia", el abogado ha señalado que conseguían paralizar un procedimiento de cese para que el que se había dictado un decreto de ejecución de forma expresa. 

Además, Muñoz ha considerado que "había suficientes irregularidades sustanciales como para haber dictado la suspensión de la actividad" de estas discotecas, en cuyo incendio fallecieron 13 personas. 

Muñoz ha confirmado que va a presentar esta querella ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia y achaca al Ayuntamiento, al concejal y a los funcionarios el delito de prevaricación por omisión. De momento, Muñoz va a presentar esta querella en nombre de las dos familias a las que representa, aunque no cierra la puerta a que se sumen otros afectados si hay "coordinación". 

Muñoz ha criticado que se trata de una "trama" porque se trataba de una "forma de operar" que tenía el Ayuntamiento. "Está afectado este caso, pero habrá otros", según Muñoz, que, de hecho, ha recordado que solo una semana después del incendio, el Consistorio ya había suspendido la actividad de otros siete locales, cuyos expedientes "estarían en la misma situación". 

Ha lamentado que "se produjo una división que hubiera determinado adoptar una adaptación" de las discotecas, según este abogado. "Es más, el local incumplía las normativas de planeamiento, por lo que nunca iba a ser legalizable. Y, en cambio, se permitió que funcionara".