Haití, "sumida en el caos": claves de la crisis política y social que vive el país
- La ONG Médicos Sin Fronteras señala el "caos" en el que se encuentra la capital
- Se estima que el 80% de Puerto Príncipe está controlado por grupos criminales
El país más pobre del continente americano vive una oleada de violencia e inestabilidad sin precedentes en los últimos años. La ONG Médicos sin fronteras ha señalado en un comunicado el "caos" que vive la capital, Puerto Príncipe, con decenas de muertos y heridos y miles de desplazados. El Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Derechos Humanos ha señalado que la situación en Haití es “más que insoportable”.
El asesinato del primer ministro Jovenel Moïse y la renuncia de su sucesor, Ariel Henry, han desatado el caos político y el incremento de la presencia de bandas armadas en la capital. Se estima que el 80% de la ciudad está ahora controlada por grupos criminales.
El Gobierno de Haití ha prorrogado otros tres días el toque de queda en el departamento del Oeste, donde está la capital Puerto Príncipe. La medida se emite mientras el Gobierno de Henry transfiere progresivamente sus poderes a un nuevo Consejo Presidencial de Transición encargado de nombrar a un nuevo primer ministro.
Varias aerolíneas han cancelado sus vuelos a la isla, y la frontera terrestre con República Dominicana permanece cerrada desde hace una semana. En esta situación de aislamiento, el país caribeño vive una situación límite donde la anarquía es la nueva forma de gobernanza.
El país carece de mecanismos para asegurar la seguridad, con instituciones desmontadas por el anterior ejecutivo y ahora sumidas en un vacío de poder.
Renuncia desde el extranjero
El pasado sábado 2 de marzo, el primer ministro Ariel Henry abandonaba Kenia tras una visita para supervisar el envío de la misión multinacional de apoyo a la seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad. Después de una semana en el exterior, se supo sobre su paradero en la capital de Puerto Rico, San Juan, desde donde anunció su renuncia.
La escalada de la violencia comenzó el jueves en ausencia del primer ministro, quien viajó primero a Guyana para participar en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) y posteriormente a Nairobi (Kenia).
Horas antes de la renuncia de Henry, el presidente de turno de la Caricom, Irfaan Ali, ha explicado en una rueda de prensa en Kingston que se ha acordado la "creación de un consejo presidencial de transición formado por siete miembros con derecho a voto y dos observadores" para garantizar la "transición pacífica de poder"
Las bandas criminales han tomado la capital y llevado a cabo enfrentamientos con la policía y las fuerzas armadas, dejando a su paso varios muertos y heridos entre soldados y civiles. La población y grupos de oposición política se han alzado en protesta contra la violencia en las calles y contra Ariel Henry. El líder de la alianza de pandillas G9, el ex policía Jimmy "Barbecue" Cherizier, ha organizado varias ruedas de prensa donde había llamado a la detención del presidente tildando al Gobierno de "ilegal".
El viernes pasado, las bandas trataron de tomar el Palacio Nacional y de incendiar el Ministerio de Interior, pero fueron repelidas por las fuerzas de seguridad.
Durante la cumbre de Caricom, Henry se había comprometido a celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025, algo que queda actualmente en suspenso.
El detonante: Jovenel Moïse
Las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir el traspaso del poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como establece la Constitución de 1987. En aquel entonces, el presidente Jovenel Moïse trató de justificarlo alegando que había tardado un año en asumir su cargo tras salir electo en 2016.
Con aquella dilación, Moïse pretendía imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un Consejo Electoral ilegítimo que le permitiera entregar el poder a un candidato de su formación, el Partido Haitiano Tèt Kale.
Apenas unos meses después, en julio de 2021, Moïse fue asesinado a quemarropa en su residencia y en presencia de su familia. El magnicidio, organizado por mercenarios colombianos, dejó un vacío de poder que rápidamente fue asumido por un presidente interino, Claude Joseph.
La transición duró poco. Tan solo dos días después del asesinato, Joseph dimitió en favor de Ariel Henry, quien inmediatamente decretó el Estado de emergencia por dos semanas. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití y el Core Group —embajadores influyentes de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania y Canadá con sede en Puerto Príncipe—, lo reconocieron inmediatamente como jefe de Gobierno del país, antes incluso de asumir el cargo.
Para sectores de la población haitiana, el nombramiento de Henry sin previa consulta soberana fue considerado una interferencia internacional.
Un Gobierno disuelto
El nuevo ejecutivo se enfrentaba a unas instituciones desmontadas de manera premeditada por Moïse en los años previos. En enero de 2020, el expresidente interpretó que el mandato del Senado había llegado a término y lo disolvió sin convocar elecciones. En los meses siguientes, la gobernanza se había llevado a cabo a golpe de decreto presidencial, llegando a emitir más de 40 sin control parlamentario.
El órgano legislativo se había vuelto tan inoperante como el judicial después de que Moïse destituyera en 2020 a tres cargos inamovibles del Consejo Superior del Poder Judicial que habían declarado el fin de su mandato.
Moïse había dado pasos para crear dispositivos que asegurasen su permanencia en el poder antes que la seguridad en el país. En uno de sus decretos, llegó a instituir una "policía secreta" denominada Agencia Nacional de Inteligencia, encargada de llevar a cabo una persecución política contra sus opositores.
Aunque Henry trató de eliminarla una vez asumió el cargo, el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberice, el mismo que gobernó durante el mandato de Moïse, se opuso firmemente. La negativa dejaba entrever la incapacidad del nuevo presidente por imponer su voluntad en el Ejecutivo.
Inseguridad nacional e intervención internacional
El Estado haitiano ha languidecido hasta tal punto que no posee dominio de su territorio. Está a merced de las bandas engendradas por sectores de la población que han decidido ser autónomos al Gobierno y financiarse a través de la actividad criminal. El secuestro, las mutilaciones y los asesinatos selectivos se han vuelto crímenes habituales.
A pesar de que en 2017 el expresidente Moïse resucitó el ejército disuelto en 1995, este carece de los recursos necesarios y es incapaz de impedir que bandas armadas organicen desfiles y demostraciones de fuerza en Puerto Príncipe.
Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de la ONU lleva aplicando desde octubre de 2022 un paquete de sanciones selectivo contra dichos grupos a través de un embargo de armas que exige el "cese inmediato" de su actividad criminal.
Sin embargo, amplios sectores de la población apoyan a estos grupos, que actúan como la única salvaguarda para asegurar su seguridad ante la inoperancia del Estado. Después de conocerse dicha resolución, las protestas se sucedieron en la capital en contra de una posible intervención extranjera.
En octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una fuerza multinacional de asistencia a la Policía de Haití. La misión, de unos 1.000 agentes, está liderada por Kenia y varios países caribeños, una medida que, sin embargo, no ha impedido que la violencia criminal se imponga en el país. La más grave, el asalto hace un par de días contra dos de las mayores prisiones de Puerto Príncipe, lo que liberó a centenares de prisioneros.
A raíz de la renuncia de Ariel Henry, Kenia ha comunicado el aplazamiento de su despliegue policial para encabezar la misión multinacional que debe atajar la crisis de seguridad haitiana, lo que ahonda la crisis de seguridad que vive el país.
Entretanto, representaciones diplomáticas de varios países en Haití permanecen cerradas y decenas de aerolíneas han cancelado sus viajes a la isla. Embajadas como la de EE.UU. y España han aconsejado a sus ciudadanos que no realicen desplazamientos al país.
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