El Ayuntamiento de Murcia no será investigado penalmente en el caso del incendio de las discotecas en octubre

• La jueza indica que las irregularidades administrativas tienen que ser tratadas fuera de la jurisdicción penal
• Según el abogado de los familiares la querella presentada este lunes sigue adelante

La discoteca Teatre después del incendio Edu Botella / Europa Press

El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, encargado de investigar el incendio de las discotecas Fonda Milagros y Teatre en el que fallecieron 13 personas el pasado 1 de octubre, ha anunciado que no investigará al Ayuntamiento de la ciudad, acusado de supuesta prevaricación por omisión. Aunque la magistrada del caso ha considerado que pudo haber "irregularidades administrativas", estas se tienen que resolver fuera de la jurisdicción penal.

La jueza, en su resolución, indica que para que exista un delito de prevaricación es necesario que una autoridad, juez o funcionario dicte una sentencia sabiendo que es injusta. Por lo que, tras analizar los expedientes administrativos y los informes técnicos del Consistorio de Murcia, la instructora ha concluido que "no se pueden extraer unos mínimos indicios de criminalidad en la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Murcia para con la situación urbanística en que se encontraban las salas".

Sin embargo, la jueza no descarta que se produjeran posibles irregularidades administrativas que tendrán que ser analizadas en la jurisdicción contencioso-administrativa.

Esta resolución sale un día después de que dos familias de las 13 afectadas anunciaran que van a presentar una querella criminal contra el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), su predecesor, Andrés Guerrero (PSOE) y tres funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.

El abogado de los familiares, José Manuel Muñoz Ortín, ha confirmado que la demanda sigue adelante, ya que la sentencia dictada hoy responde a un trámite judicial anterior. Muñoz mantiene que el expediente administrativo de las discotecas muestra irregularidades que permitieron el funcionamiento de los establecimientos, a pesar de las órdenes de cierre y de la detección de "bastantes incidencias en materia de seguridad".

La querella contra la Administración local viene de lejos, dado que días después del incendio, familiares de dos personas fallecidas en el siniestro pidieron que se investigara al Ayuntamiento por separado por posible delito de prevaricación por omisión, al no haber llevado a cabo la orden de cierre que tenían las dos discotecas. No obstante, esta solicitud fue denegada por la letrada el pasado mes de noviembre.