La Comisión de Justicia aprueba la ley de amnistía tras los cambios pactados por el PSOE y los independentistas
- La ley pasa ahora al pleno del Congreso de la próxima semana antes de ir definitivamente al Senado
- Las claves de la ley de amnistía | Sigue en directo la actualidad política en una jornada clave para la amnistía
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado los cambios en la ley de amnistía pactados por PSOE, Junts y ERC y ahora la proposición de ley pasará al pleno monográfico que se celebrará el próximo 14 de marzo para su aprobación que ya sí será el paso definitivo, antes de su tramitación en el Senado. En ese pleno el nuevo texto necesitará del apoyo de los grupos que votaron en su día la investidura de Pedro Sánchez, esto es, el bloque que forman PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos y BNG. Como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara de 176 diputados.
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado así este miércoles, con los votos a favor del PSOE y sus socios parlamentarios y el voto en contra del PP y Vox, el dictamen de la ley de amnistía que recoge los cambios pactados por los socialistas con Junts y ERC. La iniciativa ha salido adelante por 20 a 17 votos al contar con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Podemos como representante del Grupo Mixto.
El Gobierno da así un paso clave en su principal apuesta para "la reconciliación en Cataluña", que permitirá además seguir avanzando en la negociación siguiente, los Presupuestos Generales del Estado, claves para la estabilidad de una legislatura más que convulsa. La ley de amnistía fue la principal condición que pusieron los independentistas para hacer presidente a Sánchez.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la “valentía” del Ejecutivo para acordar con el independentismo una medida de gracia que, a su juicio, será “un referente mundial” y “marcará historia”. Una ley, ha asegurado, que “cierra una etapa de enfrentamiento” y que es “buena para Cataluña y para España”.
El acuerdo final entre PSOE, Junts y ERC de este miércoles a última hora ha permitido desencallar la ley de amnistía. Los cambios pactados por socialistas e independentistas en la medida de gracia acotan los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal. A petición de Junts, se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.
A juicio de la formación de Carles Puigdemont “ahora” la ley de amnistía “sí es integral” porque “incluye a todo el mundo” y es de “aplicación inmediata”. Y su portavoz, Miriam Nogueras, ha advertido: “Veremos si algún juez prefiere prevaricar antes que aplicarla”. Cree Junts que los cambios en la ley de amnistía introducidos a través de las enmiendas beneficiarán a 200 encausados más que no quedaban cubiertos por el redactado original de la norma, según calculan fuentes de la formación citadas por Efe.
Junts quería blindar aún más causas que se siguen contra los CDR y 'Tsunami Democràtic' y que afectan al expresident Carles Puigdemont o a la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El presidente catalán, Pere Aragonès, ha celebrado este día y ha afirmado que el texto pactado supone “el reconocimiento de que la represión del Estado contra el independentismo ha sido ilegítima”.
Muy duro el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que considera que "quedarán impunes delitos gravísimos". El líder 'popular' se ha referido este jueves tanto a la ley de amnistía recién acordada como al 'caso Koldo' y ha dicho que ambos temas van de la mano porque "en uno se hurta dinero público y en otro se hurtan derechos".
Con este acuerdo se cierra una larga negociación desde que el pasado 30 de enero Junts provocara la primera gran derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez votando en contra de la ley de amnistía que previamente había pactado con el Gobierno después de que el PSOE se negase a incluir nuevas enmiendas que dieran cobertura dentro de la medida de gracia a todos los delitos de terrorismo, como pretendía el partido de Carles Puigdemont. Junts buscaba con sus enmiendas blindar aún más causas que se siguen contra los CDR y 'Tsunami Democràtic' y que afectan al expresident Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre otros.
PSOE e independentistas celebran el paso adelante de la ley de amnistía
En el inicio de la Comisión de Justicia, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha pedido su suspensión para que la Mesa calificara las enmiendas pactadas y para que después los grupos tuvieran tiempo de analizarlas. Tras un receso, la Mesa ha admitido las enmiendas y el debate se ha reanudado.
En la defensa de la norma, el portavoz socialista en esta comisión, Francisco Aranda, ha destacado que se trata de una "apuesta decidida, valiente y democrática para avanzar en el reencuentro con Cataluña".
El parlamentario de Junts Josep Maria Pinart ha considerado que el acuerdo en las enmiendas transaccionales hace "evidente" que las exigencias de su formación "de tener la mejor ley posible fueron acertadas" y, en la misma línea de Nogueras, ha dicho que ahora se aprobará "una amnistía integral de aplicación inmediata que no va a dejar a nadie fuera".
La portavoz de ERC, Pilar Valluguera, ha celebrado el acuerdo insistiendo en que el anterior texto ya era bueno, en su opinión, y con él se podían haber ahorrado "alguno de los juicios y condenas" de este último mes y medio. "Lo que pasará a la historia es si somos capaces de volver a un punto en que el movimiento sea lo bastante fuerte para volver a intentar de una forma pactada, legal, la liberación de nuestro pueblo a través de un referéndum y del ejercicio de la democracia", ha aseverado.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha puesto en valor la ley de amnistía que "es buena para independentistas y no independentistas" y que servirá para abrir un nuevo tiempo pese a los intentos del PP en "saltarse el marco constitucional para dinamitar la legislatura" y desde el PNV, Mikel Legarda, que ha retirado las enmiendas que había presentado, ha recordado la "grave crisis constitucional (en Cataluña) gestionada por todas las partes con intransigencias e impaciencias" y que dio lugar al 'procés', pero ahora con la ley de amnistía se da "un paso político en la buena dirección". Por Podemos, Martina Velarde ha señalado desde el grupo mixto que su partido, "sin intereses" de ningún tipo, apoya la ley, incluidos los últimos cambios pactados, porque como han defendido desde el primer día soluciona un conflicto político a través de la política.
El PP insiste: "La historia no va a amnistiar al PSOE"
El PP ha vuelto a ser muy crítico con la ley de amnistía y la portavoz en esta comisión y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avisado de que el Código Penal "sigue en vigor" y la ley no puede cambiar las definiciones del dolo, ya que "la ley de amnistía no puede inventar otros fines de cada delito y hacerlos depender de la declaración de cada acusado". Así, ha recalcado que la ley no puede cambiar los delitos de terrorismo o malversación en función de ciertas finalidades.
"Ustedes podrán amnistiar a quién quieran pero la historia no va a amnistiar al PSOE por cometer esta auténtica atrocidad", ha insistido con esta frase convertida ya en mantra para el PP, que ve una "tropelía y corrupción política" la norma.
Por su parte, el portavoz de Vox en la Comisión, Javier Ortega-Smith, ha denunciado que la reunión de la comisión es "un fraude" porque, a su juicio, se ha vulnerado el procedimiento y los diputados no conocían las enmiendas de manera previa. Ha acusado al PSOE de negociar "con el mayor oscurantismo" y ha opinado que la ley "es una repugnante compra de votos" para lograr la investidura y la aprobación de los presupuestos.
Si la ley prospera en el pleno de la próxima semana, algo asegurado salvo sorpresa de última hora, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.
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