La expresidenta de Adif admite que recibió "presiones del Ministerio de Ábalos" para contratar con la 'trama Koldo'

• La Guardia Civil encuentra en la casa de Koldo García nueve armas de fuego, 23 móviles y 24.000 euros en efectivo
• La trama presumió en sus conversaciones de tener contacto con Salvador Illa y Ángel Víctor Torres
• Las claves del 'caso Koldo': ¿Quién es quién y cómo funcionaba la trama?

'Caso Koldo': la expresidenta de Adif reconoce que recibió "presiones del Ministerio de Ábalos" para contratar con la trama

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera reconoció ante la Guardia Civil que recibió "presiones" del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para que la adjudicación de un contrato de material sanitario a la empresa del 'caso Koldo', en marzo de 2020 y por valor de 12,5 millones, "se realizara con la mayor premura posible y la disponibilidad de mascarillas fuera lo más rápida". 

Pardo de Vera rechazó que en Adif se recibiese ninguna orden para adjudicar a Soluciones de Gestión, empresa del 'caso Koldo', pero sí reconoció esas presiones del ministerio y de su gabinete, en el que estaba el propio Koldo García, exasesor del exministro, según consta en el acta de declaración que obra en el sumario, al que ha tenido acceso. 

La expresidenta de Adif fue una de los ex altos cargos que declaró como testigo ante la Guardia Civil el pasado mes de febrero; también lo hizo el actual secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel García; y el ya cesado secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares (que fue destituido esta semana por el actual ministro), entre otros. Estos testimonios han sido recogidos en el atestado de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso de RTVE.

Pardo de Vera consideró, en su opinión, que a Koldo García le nombrasen consejero de Renfe porque "el sueldo de Gabinete era bajo" y, aunque dijo desconocer si intervino en la adjudicación, sí que apuntó que era una persona "muy insistente y que contactó con ella en numerosas ocasiones siempre en nombre del ministro de Transportes (Ábalos) para diversas cuestiones". 

También señaló que vio al empresario Víctor de Aldama, uno de los principales investigados, en el Ministerio "en varias ocasiones reunido con Koldo"; ella entendía que era su "amigo". 

La contratación de Puertos del Estado

Entre esos testigos, hubo quienes apuntaron a Sánchez Manzanares como la persona que llevó a Puertos del Estado a Soluciones de Gestión como proveedor, y su expresidente Francisco Toledo abundó en que fue el secretario quien gestionó realmente la adjudicación y llevó la "interlocución directa" con Transportes, según otro informe policial. Puertos del Estado fue el primer organismo público que contrató con la trama en marzo de 2020 por valor de 20 millones de euros.

Desde Transportes, se designó a Puertos del Estado como "el ente adecuado para la compra de mascarillas", según relató el subsecretario Jesús Manuel García, que aseguró que "no participó de ninguna manera directa o indirecta en la adjudicación de los expedientes". 

En este punto, la Guardia Civil detectó "contradicciones" respecto a la versión del ex secretario general de Puertos, que aludió a reuniones con García en la que se les informó "que había un suministrador que tenía un stock disponible de 8 millones de mascarillas". 

El subsecretario de Transportes, que subrayó que la adquisición y el reparto de mascarillas "fue un éxito", reconoció que siguió manteniendo contacto con Koldo García tras su cese en 2021 y que ha comido tanto con Ábalos como con él varias veces.

Admitió también que coincidió el pasado 2 de noviembre con Koldo García en la marisquería La Chalana, en Madrid, y aunque no recordó de qué hablaron, supuso que éste seguramente querría decirle algo "en relación con Ábalos".

Reconoció asimismo "haberle dado documentos a Koldo", aunque no supo si ese día; dijo que recordaba haberle entregado un sobre con documentación para Ábalos y que éste le había pedido "información relativa al análisis" del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado sobre los contratos investigados u otros similares "dado que el mismo estaba formulando una querella contra un periodista".

El registro en la casa de Koldo: móviles, efectivo y armas

Por otra parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el registro del domicilio de Koldo García hasta 23 teléfonos móviles, 24.000 euros en efectivo, 9 armas de fuego y criptoactivos por valor de 586 euros. 

Así consta en la diligencia de entrada y registro de la UCO, que se incluye en el sumario del 'caso Koldo' en el domicilio de Koldo García y Patricia Uriz ubicado en Polop de la Marina (Alicante). 

Además de esa gran cantidad de teléfonos móviles, los agentes requisaron 12 discos duros, portátiles, grabadoras digitales, un ipad y varios 'usb', y varias cajas con documentos y anotaciones manuscritas. El registro se produjo el 20 de febrero a las 09.19 horas.

El sumario recoge además la diligencia de entrada en el domicilio del hermano de Koldo García, Joseba García, también investigado, en Benidorm. En el mismo se indica que además de varios efectos informáticos, se le requisaron 5.860 euros en efectivo y "una corbata con el logo antiguo de la Guardia Civil, con la cabeza de un águila". Los agentes detallan que ése era el símbolo del Servicio de Información de la Guardia Civil. 

Conversaciones sobre Salvador Illa y Ángel Víctor Torres

Otro informe de la UCO extiende la trama a la comercialización de test de antígenos y pruebas PCR e incluye conversaciones sobre el "ok" que debía dar el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. También alardean de conversaciones con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que entonces era presidente de Canarias. La Guardia Civil, sin embargo, no tiene constancia de las conversaciones que la trama haya podido tener con Illa ni con Torres.

Son conversaciones mantenidas entre 2021 y 2022 entre "los 4 mosqueteros", como se denomina el grupo de whatsapp en el que participa Víctor de Aldama con tres supuestos socios, que también fueron arrestados. Son César M.G, Javier S.C. e Ignacio D.T., quienes en los chats interceptados por la Guardia Civil dejan constancia de sus gestiones para conseguir distribuir las pruebas PCR y por satisfacer los encargos que les hace un tal "Rubén" para realizar esa prueba, por ejemplo, a un teniente de la Guardia Civil o la "futura alcaldesa de Valdemoro".

El 20 de agosto de 2020, un mensaje en el grupo indica que Illa, entonces ministro de Sanidad, iba a hablar con "el de Canarias" para "darle en principio el ok". Ese mismo día por la noche, Ignacio D.T. envía un mensaje en el que dice que "han aprobado desde sanidad el proyecto" y añade que acaba de hablar con Víctor de Aldama.

Por último, en otra conversación, el 25 de agosto Ignacio D.T. indica que "necesita que alguien vaya a hacer seis pcr al Ministerio de Transportes con él, que ahora les explica, a continuación, les manda un pantallazo de una conversación con Ángel Víctor Torres", del que la Guardia Civil tampoco tiene constancia.