Coalición Por Melilla tenía una estructura organizada para desviar dinero público para financiar la compra de votos

• El auto sitúa a Mustafa Aberchán como líder de la organización criminal
• Los exconsejeros de CPM del anterior ejecutivo habrían desviado casi ocho millones a través de contratos menores amañados

Jefatura de Policía de Melilla EFE / Paqui Sánchez

RTVE ha tenido acceso al auto de prisión de una de las personas que se encuentran en prisión provisional en el marco de la operación Santiago-Rusadir, la trama de corrupción que involucra a miembros de Coalición por Melilla. Dicho auto deja claro que existen indicios suficientes de la existencia de una organización criminal que, utilizando la estructura de Coalición por Melilla, de forma organizada y planificada, y con una distribución de funciones entre los exconsejeros, configuraron todo un entramado delictivo para alcanzar el gobierno de la ciudad y mantenerse en el mismo corrompiendo los resultados de las elecciones de 2019 y 2023.

Según el auto, en la anterior legislatura, que abarca los años entre 2019 y 2023, desde las consejerías que pertenecían a CPM se destinaron recursos públicos para beneficiar a los integrantes de los escalones superiores de la organización criminal, principalmente mediante la adjudicación de contratación menor y subvenciones. Todo ello, con el objetivo de nutrir de fondos a la organización.

¿Qué papel tenia cada uno dentro de la trama?

El auto sitúa a Mustafa Aberchán como líder de la organización criminal. Rachid Bussian, exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, actuó bajo las órdenes directas del líder de Coalición por Melilla. A Rachid Bussian se le atribuye la adjudicación fraudulenta de 119 contratos menores con un importe global de 2.494.157 euros.

Según el documento judicial, Dunia Almansouri, como Consejera de Hacienda, fue una pieza clave en este entramado delictivo, siendo la encargada de firmar y autorizar los pagos correspondientes a los contratos menores. Según la jueza, ha sido la responsable de la adjudicación fraudulenta de 193 contratos menores por un importe de 3.866.838 euros.

Hassan Mohatar, exconsejero de Medio Ambiente, cumplió un rol de primer nivel dentro de la organización criminal al otorgar adjudicaciones a los integrantes de la organización. Mohatar es señalado como responsable de la adjudicación directa de 45 contratos menores que asciende importe global de 1.398.232 euros.

Yonaida Sel-lam, aún encontrándose ya en libertad tras haber pagado una fianza de 5.000 euros, es considerada también por la jueza como una pieza fundamental en el engranaje delictivo. El recorrido de Sel-lam por distintas áreas del gobierno ha sido largo. Además de ser la presidenta de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVISMESA), arrancó la legislatura en 2019 en la Consejería de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte como Viceconsejera de Vivienda, y después ejerció como Viceconsejera de Incidencias y Línea verde dentro de la Consejería de medio Ambiente, por lo que estuvo a las órdenes de dos de los ex consejeros investigados, Rachid Bussian y Hassan Mohatar, siendo la encargada de la adjudicación de la contratación menor de la Ciudad Autónoma.

Prisión Provisional por el alto riesgo de fuga

La jueza ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Dunia Almansouri, Rachid Bussian, Hassan Mohatar, Mohamed Ahmed (exconsejero de participación ciudadana) y el líder de la formación Mustafa Aberchán.

La jueza decreta esta medida cautelar debido al alto riesgo de fuga, ya que entiende que los investigados, de posible ascendencia marroquí, podrían gozan de dicha nacionalidad y pasaporte y así acceder al país vecino con su documentación y eludiendo los controles españoles.

También aprecia la jueza el riesgo de una posible huida "mediante motos acuáticas" y "embarcaciones de recreo" debido a la proximidad costera de Melilla con Marruecos.

Además, el decreto de prisión provisional contempla que existe un evidente riesgo de destrucción de pruebas mediante la coacción de personas que puedan declarar como testigos o investigados.

Proceso judicial

Este caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. El juez decano de la ciudad autónoma, Fernando Portillo, ha explicado a RTVE que la investigación, que arrancó hace varios meses a raíz de la presunta trama de compra de votos en las elecciones de mayo de 2023, ahora mismo se encuentra en una primera fase de instrucción, en la que la jueza está recabando indicios de los delitos.

Más adelante, si el Ministerio Fiscal así lo decidera, el caso se llevaría al juzgado de lo penal. Mientras esto ocurre, la estancia en prisión de los investigados, dos de ellos actualmente diputados por CPM en la asamblea local, podría alargarse durante dos años.

El caso se encuentra bajo secreto de sumario.