La Unión Europea aprueba 'in extremis' la 'ley rider' a pesar de la oposición de Alemania y Francia

• La directiva tiene como objetivo reducir falsos autónomos en plataformas digitales como Uber
• El cambio de posición de Estonia y Grecia ha sido determinante para que la norma saliese adelante

Un trabajador de Glovo en una calle de Madrid EFE/Mariscal

Los ministros de Empleo de la Unión Europea han dado luz verde a la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Glovo, Just Eat, Deliveroo o Uber, a pesar de la abstención de Alemania y el voto en contra de Francia. El cambio de posición de Estonia y Grecia respecto a la 'ley rider' europea ha sido clave para que la directiva saliese adelante este lunes en Bruselas.

Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales. Se trata de un acuerdo que se alcanzó el pasado 8 de febrero, pero que Francia ya bloqueó ocho días más tarde. París no ve seguridad jurídica en un texto que califica de ambiguo.

"¡Mejores condiciones laborales para el reparto de comida a domicilio!", ha celebrado en X (Twitter) la Presidencia belga del Consejo de la Unión, que ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta que rebajaba la ambición del acuerdo inicial. Este texto ha sido descrito como uno de "última oportunidad" por el ministro de belga responsable del ámbito empresarial, David Clarinval, que ha asegurado que realiza "concesiones importantes" para salvar las reticencias de los 14 Estados miembro que expresaron rechazos.

En el caso de Alemania, su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Hubertus Heil, ha explicado durante la sesión pública que debía abstenerse en la votación porque uno de los socios de coalición de su gobierno, el Partido Democrático Liberal, no podía dar su aprobación al texto. Heil ha lamentado "profundamente" esta situación antes de asegurar que le desea "lo mejor" a este expediente.

Por su lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que el del 8 febrero "no es un acuerdo perfecto" y "no entusiasma" a España, ya que puede dar lugar a una protección "desigual" de los trabajadores. Defiende su apoyo, no obstante, porque prefiere situarse del lado de "la Europa que avanza" frente a "la que bloquea". España cuenta con su 'Ley Rider' en vigor desde 2021.

Presunción legal de empleo, herramienta principal

Una vez completados los pasos formales de la adopción, los Estados miembro tendrán dos años para incorporar las disposiciones de la directiva a su legislación nacional. Los principales elementos del compromiso giran en torno a una presunción legal que ayudará a determinar la correcta situación laboral de las personas que trabajan en plataformas digitales. 

Según el acuerdo, los Estados miembro establecerán una presunción legal de empleo en sus sistemas legales, que se activará cuando se encuentren hechos que indiquen control y dirección y que se determinarán de conformidad con la legislación nacional y los convenios colectivos, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la UE. 

Además, los trabajadores de plataformas digitales, sus representantes o las autoridades nacionales podrán invocar esta presunción legal y alegar que están mal clasificados, mientras que corresponderá a la plataforma digital acreditar que no existe relación laboral.

Regulación del uso del algoritmo

El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores estén debidamente informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones sobre su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos, entre otras cosas. 

También prohíbe el uso de sistemas automatizados de seguimiento o toma de decisiones para el tratamiento de determinado tipo de datos personales de las personas que realizan trabajos en plataformas, como datos biométricos o su estado emocional o psicológico. Asimismo, se garantiza la supervisión y evaluación humana de las decisiones automatizadas, incluido el derecho a que dichas decisiones sean explicadas y revisadas.