Desalojo en Arona: 200 personas se quedan sin techo en uno de los municipios más turísticos de Canarias

• Unas 90 familias, con algunos menores, vivían en una construcción que nunca se llegó a terminar
• “Es la segunda vez que nos desahucian, yo ya no sé dónde voy a vivir”, se lamenta la madre de una niña

Desahucian a 90 familias de un edificio en ruinas en Arona, Tenerife

Habían agotado ya la vía judicial y pedían amparo al Tribunal Constitucional, pero no sirvió de nada. Este martes, la comitiva judicial cumplió con la orden de desalojo de un inmueble a medio construir en Costa del Silencio, en el municipio turístico de Arona. En él vivían al menos 90 familias, entre ellos una decena de menores.

“Es la segunda vez que nos desahucian, yo ya no sé dónde voy a vivir”, se lamenta Iris, madre de una niña de 6 años que se quedó en paro tras la pandemia y le sobrevinieron las deudas. “Nosotros somos gente decente, no nos gusta vivir aquí, pero no nos alcanza para pagar un alquiler”, explica la joven, que estos días ha dejado a su niña con familiares.

Los problemas para encontrar techo en un municipio turístico

“No pueden seguir viviendo aquí, el edificio podría colapsar en cualquier momento”, insiste la alcaldesa Fátima Lemes para explicar la urgencia de la medida. Sin embargo, el ayuntamiento tiene constancia de la fragilidad de la estructura desde 2021. Ya entonces, los técnicos detectaron riesgo de derrumbe por aluminosis. Entonces dieron parte al juzgado que fijó el desalojo para el año pasado, en plena huelga de los funcionarios de justicia.

“Entonces nadie dijo nada. No importó que esta gente siguiera viviendo en el edificio”, se queja el abogado Gabriel Morales, que representa a algunos de los vecinos afectados.

El boom de las viviendas vacacionales ha hecho efecto también en esta zona del sur de Tenerife, donde en los últimos años los precios del alquiler se han disparado. “Una renta no baja de 700 u 800 euros, con lo que gano es imposible. Si pago un alquiler, no como”, afirma otro de los vecinos que ha sido desahuciado junto a su mujer.

El problema se repite en el caso de Edin, refugiado político. Cuando llegó de Cuba junto a su mujer y su hijo se acomodó en una de las viviendas. Poco a poco fue habilitando el espacio hasta convertirlo en su hogar. “Yo soy socorrista en un hotel de la zona, con lo que gano no podemos hacer frente al mes de agencia, dos meses de fianza y lo que cuesta el alquiler”.

“Hemos intentado buscar plazas en albergues, hostales, asociaciones, aparthoteles, pero estamos en plena temporada turística, no hay disponibilidad”, explica Ruth Martín, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La mayoría de los afectados, inmigrantes en situación irregular

Pero hay otro inconveniente, la mayoría de las personas que residían ahí son inmigrantes en situación irregular. “Muchos de ellos no constan en el sistema y eso dificulta que puedan tener acceso a cualquier tipo de ayudas”, añade Martín.

El informe de vulnerabilidad es un requisito indispensable para que el Gobierno de Canarias pueda tramitar cualquier prestación, explican fuentes de la consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. “El ejecutivo tratará de buscar solución para estas familias, pero hay que seguir el cauce administrativo”, concluyen.

Al menos una decena de menores y sus madres serán realojados en albergues o pensiones los primeros días. El Ayuntamiento ha tratado de priorizar los casos más vulnerables, como personas enfermas o con discapacidad, pero el resto tendrá que buscar un techo por su cuenta.

“Yo no tengo familia, no tengo dónde ir, así que seguiré aquí acampado mientras me dejen”, explica otra vecina y se prepara, junto a otros familiares y sus mascotas, para pasar la primera noche al raso.