El Parlamento Europeo aprueba la primera ley de inteligencia artificial del mundo: claves de la regulación
- La ley quiere impulsar la excelencia y la innovación tecnológica, asegurando la protección de los derechos humanos
- Los datos biométricos, la reproducción de sesgos o los derechos de autor son algunos de los riesgos de la IA
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El Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles la primera ley de inteligencia artificial (IA) del mundo. La normativa ha recorrido un largo camino desde la propuesta que realizó ya en 2021 la Comisión Europea para crear el primer marco regulador sobre IA. El pasado mes de diciembre, se dio otro paso con un acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo.
Los derechos humanos, en el centro de la IA
El planteamiento de la ley se basa en impulsar la excelencia y la innovación tecnológica mientras asegura la protección de los derechos humanos. La Unión Europea reconoce el potencial de la inteligencia artificial para el desarrollo de las sociedades, pero defiende la necesidad de regularla para mitigar sus riesgos.
Al tratarse de la primera propuesta legislativa sobre IA del mundo, aspira a convertirse en referente internacional. Su objetivo es vigilar y evitar los riesgos “para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales”. Para ello, establece unos criterios específicos que permitan determinar cuándo un programa debe categorizarse como IA.
Cuatro niveles de riesgos
La Comisión plantea un enfoque basado en el riesgo. Determina cuatro niveles de riesgo para etiquetar los sistemas de inteligencia artificial: riesgo mínimo, riesgo limitado, alto riesgo y riesgo inadmisible.
Los softwares de IA considerados de riesgo mínimo no tendrán obligaciones jurídicas adicionales. A esta categoría pertenecen la mayoría de sistemas de IA que se utilizan en la actualidad. La ley anima a sus proveedores a autorregularse de forma voluntaria.
El “riesgo limitado” se refiere a obligaciones específicas en materia de transparencia. Algunos sistemas deberán vigilar especialmente esta cuestión, como es el caso de los chatbots, debido al riesgo de manipulación.
Por alto riesgo, la ley entiende todos los sistemas de IA que puedan tener un impacto negativo en la seguridad o los derechos de las personas. Para identificarlos, el texto establece en un anexo una lista de sistemas de alto riesgo que sirvan como referencia. En este catálogo aparecen algunos sistemas de identificación biométrica, determinados sistemas de uso policial o de control de fronteras y ciertas herramientas enfocadas a la evaluación educativa, entre otros. La Comisión se compromete a mantener el listado actualizado para que cumpla su función también en el futuro.
En último lugar, el documento considera que algunos programas presentan un riesgo inadmisible. Se trata de una cantidad mínima de usos de la IA que vulneran los derechos fundamentales y resultan especialmente nocivos. Entre ellos, se encuentran los sistemas de puntuación social, actuación policial predictiva individual y el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo o institución educativa, a excepción de motivos médicos o de seguridad.
El auge de los “modelos de inteligencia artificial de uso general” ha animado a la UE a establecer mecanismos de supervisión para su desarrollo. La nueva ley considera que los sistemas que superen los 10^25 operaciones de coma flotante por segundo (FLOPS, por sus siglas en inglés) comportan riesgos sistémicos y deben someterse a un control mayor, para garantizar que cualquier proveedor que se base en ellos para el desarrollo de sus sistemas cuente con la garantía de que son seguros. Se ha fijado el umbral a partir de los grandes modelos, como GPT-4 y Gemini, al considerar que aún no se comprenden suficiente los sistemas que superan esa capacidad.
Datos biométricos y sesgos, entre los riesgos
En los últimos días ha crecido el debate en torno a la importancia de los datos biométricos. La ley de inteligencia artificial de la UE legisla también en este sentido, prohíbe el uso de identificación biométrica remota en tiempo real en lugares de acceso público con fines policiales, a excepción de algunos delitos. Del mismo modo, tampoco se permite la identificación biométrica remota posterior sin autorización. El texto alude a la necesidad de evitar el riesgo de condenar a una persona inocente por un fallo de precisión.
Otra de las cuestiones más polémicas en el ámbito de la IA es la reproducción de sesgos. La ley europea afirma que, con un diseño y uso adecuado, “los sistemas de inteligencia artificial pueden contribuir a reducir los prejuicios y la discriminación estructural”. En consecuencia, la normativa establece requisitos para que los falsos resultados no causen perjuicio a los grupos protegidos. Así, los sistemas de alto riesgo deberán entrenarse con datos representativos y será necesario que la documentación del proceso se pueda rastrear y auditar. La ley aborda también la necesidad de respetar la legislación de derechos de autor en los entrenamientos de los modelos y de especificar los contenidos generados a partir de IA.
Aunque de manera sucinta, el documento aborda el impacto ambiental de la IA. Entiende que la protección del medioambiente está íntimamente ligada a los demás intereses jurídicos que justifican la necesidad de esta normativa. Señala la importancia de evaluar el consumo energético y de otros recursos por parte de los sistemas de IA, así como de avanzar hacia un desarrollo más eficiente.
Próximos pasos
La ley se aplicará a todos los agentes públicos y privados, con independencia de su procedencia, cuando sus sistemas de IA entren en la UE o afecten a personas establecidas en ella. Su aplicación será gradual, hasta implantarse de manera definitiva en 2026.
Desde su entrada en vigor, cualquier nuevo sistema de IA se someterá a una evaluación de su impacto en los derechos fundamentales. Los proveedores que deseen comercializar un sistema de alto riesgo deberán demostrar que cumple con los requisitos y aplicar sistemas de gestión de la calidad y los riesgos para lograr minimizarlos lo máximo posible. Será necesario que se registren en una base de datos pública de la UE para que se realice un seguimiento. La transparencia será un elemento fundamental para que los proveedores puedan introducirse en el mercado europeo.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, los Estados deberán implementar sanciones “efectivas, proporcionadas y disuasorias”. Además, designarán a las autoridades nacionales competentes para su supervisión, que además representará al país en el Comité Europeo de Inteligencia Artificial. La ley establece también la creación de otros instrumentos europeos en materia de IA. La Oficina Europea de Inteligencia Artificial supervisará la aplicación de las normativas y el desarrollo de los modelos más avanzados. Por su parte, el Foro Consultivo se compondrá de representantes de las partes interesadas para asesorar al Comité y la Comisión. Además, se creará la Comisión Científica de Expertos Independientes.
Uno de los principales propósitos de la UE con esta normativa es garantizar que sea pertinente a lo largo de los años, de manera que pueda actualizarse conforme evoluciona la tecnología.
* Inés Modrón es alumna del Máster en Periodismo Digital: Innovación e Investigación de la Universidad de Valladolid