La intrahistoria de la misión policial en las residencias en Madrid: una orden "extraña" y escasa preparación

• La Policía Municipal fue en muchos casos la primera en llegar a la zona cero de la pandemia
• Se encargó la tarea a una quincena de policías y el resto de agentes la desconocía

Las actas policiales son un testimonio clave de lo ocurrido en lo peor de la pandemia EFE/ Juanjo Martín

Fueron, en muchos casos, los primeros testigos externos de la dramática situación de las residencias de mayores en lo peor de la pandemia. Apenas un puñado de agentes de la Policía Municipal de Madrid barrieron cerca de 200 geriátricos, centros de personas con discapacidad y centros religiosos en la capital entre marzo y abril de 2020. 

Sus actas de aquellos días, a las que ha accedido RTVE.es, son un testimonio clave de lo ocurrido en la zona cero del virus, donde murieron cerca de 7.000 personas. Dan cuenta de una situación desesperada, con un personal al límite, falta de material y fallecidos acumulándose en morgues improvisadas. Pero además, este medio también ha contactado con fuentes policiales conocedoras de lo sucedido para entender cómo se fraguó su misión.

La delicada tarea, en un momento en el que la transmisión del virus estaba descontrolada, se encomendó a la Sección de Inspección y Evaluación de los Servicios (SIES). Esta sección, que nació tras la tragedia del Madrid Arena, está especializada en el control de eventos multitudinarios generalmente de ocio como la Nochevieja, conciertos o fiestas de barrio, pero en marzo de 2020 cambió, de la noche a la mañana, completamente de misión y pasó a inspeccionar las residencias de Madrid, de las que todo el mundo hablaba pero a las que nadie tenía acceso -a excepción de servicios sanitarios y de emergencias- para conocer de primera mano la realidad de puertas para adentro y tomar nota de las reclamaciones de los responsables de los centros.

Una misión sin Orden de Servicio

La misión partió del entonces mando único de la Comunidad de Madrid, que celebraba las reuniones de su gabinete de crisis en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112. Y las fuentes consultadas denuncian que no hubo una Orden de Servicio, el documento con el que trabaja habitualmente la policía y que indica una información básica: el personal requerido y el riesgo de la actuación.

“Fue algo un poco extraño”, asegura a RTVE.es Juan Mateo Bermejo, secretario general de UGT en la Policía Municipal de Madrid, quien desconoce si existió esta orden. Otras fuentes van más allá y aseguran que aquella ausencia de Orden de Servicio pudo ser “irregular”. En todo caso, prácticamente nadie fuera del SIES conocía la tarea que llevó a cabo esta sección, según confirman desde varios sindicatos policiales, y en lo que Bermejo ve algo de "ocultismo". Desde Comisiones Obreras aseguran, en cambio, que "no es extraordinario" que se actúe sin Orden de Servicio, y que podría tratarse de una orden interna para el SIES, aunque coinciden en que tampoco conocían la misión.

Eran cerca de una quincena los agentes que intervinieron en las residencias, según se puede ver en las actas, en turnos de mañana y tarde. Y estos agentes habituados a otro tipo de trabajo, el de hacer cumplir con la ley de espectáculos, acudieron sin una preparación adecuada al principal foco de los contagios, denuncian las mismas fuentes. “No sabían dónde iban”, coincide Bermejo. Desde el Ayuntamiento de Madrid han declinado responder las preguntas de este medio sobre la actuación policial.

La llegada de la UME, un antes y un después

Las fuentes consultadas cuestionan por qué se encargó al SIES, en concreto, y a la Policía Municipal, en general, esta tarea, cuando otros cuerpos, como la Policía Nacional o la Guardia Civil, tienen equipos especializados en riesgos bacteriológicos, las conocidas bajo las siglas NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico). “Todo el sistema de riegos laborales falló, es algo inconcebible”, apuntan.

Los agentes del cuerpo local eran en muchas ocasiones los primeros en llegar, antes, por ejemplo, que la Unidad Militar de Emergencias, que el Gobierno central desplegó en las residencias más afectadas de todo el país desde finales de marzo.

“La UME se toma esto como una guerra”, señalan estas mismas fuentes, que sitúan la llegada de este cuerpo militar como la que marca un antes y un después en la situación de las residencias. Fueron los que se encargaron de aplicar un plan de sectorización de los centros con áreas para separar a los contagiados del resto y establecer zonas de desinfección. “La UME llega con unos conocimientos que nosotros no teníamos, y con una equipación que, comparada con la de la Policía Municipal, sería como una nave espacial frente a un Seiscientos”, señala por su parte el representante de UGT.

La "peor" intervención de los agentes: "Lo quieren olvidar"

Allí, los agentes hacían incluso de “psicólogos” de los directores de las residencias, algunos de los cuales se echaban a llorar. En las mismas actas se lee, por ejemplo, cómo la directora de la residencia pública Mirasierra, donde llegaron a tener cadáveres acumulados durante 72 horas, “se derrumba en varias ocasiones manifestando su necesidad de apoyo psicológico”, y además "manifiesta el absoluto abandono por parte de las instituciones públicas".

Hay actas muy extensas en las que los policiales describen con todo detalle la situación. “Demandan sudarios y ayuda para retirar a los fallecidos en el menor tiempo posible”, aparece en el acta del centro Orpea Valdemarín, con ocho muertos en el sótano. "Necesitan con urgencia [triple subrayado]: test, EPIS (guantes, batas, mascarillas FFPPII), sudarios para cadáveres", se lee en la residencia AMAVIR Usera. "Quiere hacer constar que se encuentra todo el personal agotado física y emocionalmente", recoge el acta de Geriasa Doctor Esquerdo.

Acta de la residencia Orpea Valdemarín del 3 de abril de 2020 RTVE

"Los actuantes observan cómo la directora necesita apoyo psicológico por esta situación creada por el COVID-19. (Se derrumba al narrar el fallecimiento de uno de sus residentes por infarto de miocardio)", se lee en la de la Residencia Virgen de la Paloma.

Para los propios agentes el impacto emocional fue muy duro. "Es algo que ellos quieren olvidar. Cuando lo ven en la televisión les remueve por dentro porque fue la peor intervención a nivel de riesgo que han tenido en toda su vida", subraya Bermejo.

Por eso, asegura que lo que más le duele es que "en ningún momento se le reconoció la labor que hicieron". Cree, además, que esta falta de reconocimiento público puede tener una explicación. "Nosotros desconocemos por qué se eligió a esta sección". Pero que no se reconociera ningún mérito ni ninguna felicitación sí que nos hace que pensar que esto no estaba reglado como tenía que estar", resume Bermejo.

Sí que se reconoció el trabajo del responsable de la sección, Esteban Alonso, que más tarde compartió con sus subordinados que el premio era de todos, recuerda este representante sindical.

Acta de la residencia Virgen de La Paloma del 15 de abril de 2020 RTVE

Recogen las críticas por la falta hospitalización de los pacientes

En las residencias, los agentes constataron que el personal estaba desbordado y no tenía capacidad ni conocimientos para aislar a los pacientes más graves. También recogieron, de boca de algunos responsables de los centros, el hecho de que no se permitía la derivación de estos pacientes a los hospitales, lo que aumentó el número de muertes en residencias, como señala, por ejemplo, el acta sobre la residencia de la calle Doctor Esquerdo.

"Si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecimientos", asegura la responsable del centro en este documento. "Las derivaciones al hospital de referencia [...] no se admiten para personas con síntomas por COVID", se lee en la de Amavir Usera.

Acta de la residencia Amavir Usera del 7 de abril de 2020 RTVE

Las fuentes consultadas consideran que hubo "imprudencias" en la gestión de la pandemia, especialmente en relación con el protocolo de la Comunidad de Madrid, que impedía hospitalizar a mayores con alto grado de dependencia o de discapacidad. Creen que, de otro modo, "se hubiera podido parar el número de muertos".

Lo ocurrido en las residencias madrileñas en aquel momento ha sido llevado en repetidas ocasiones a los tribunales, con poco éxito hasta ahora. Hay actualmente 150 causas abiertas en la Comunidad de Madrid y unas 380 se han archivado. Estas fuentes creen que la publicación de las actas -que ya están en manos de la Fiscalía- podría llevar a que se abran nuevos procesos, tanto por lo penal -por las muertes de los mayores- como por la posible vulneración de la legislación sobre riesgos laborales, para trabajadores de residencias y para los propios policías. En definitiva, aseguran, pretenden que se haga justicia.

*En la elaboración de esta pieza ha participado Estefanía de Antonio.