La ley de amnistía llega a su votación definitiva en el Congreso con el apoyo de todos los socios del Gobierno

• Esta vez Junts votará previsiblemente 'sí' tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, ERC y los de Puigdemont
• Una vez aprobada, la ley pasará al Senado, donde la mayoría absoluta del PP podrá frenarla dos meses pero no tumbarla
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Imagen de archivo del Hemiciclo del Congreso de los Diputados

Ha llegado el día clave. La ley de amnistía pasa su examen definitivo en el Congreso de los Diputados, donde saldrá previsiblemente adelante con los votos a favor del Gobierno y sus socios, entre ellos, esta vez sí, Junts. Con el aval de la Cámara Baja, el resto será pasar el trámite en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podría llegar a retrasar su aprobación definitiva dos meses. Aún así, la Cámara Alta no tiene poder para tumbar la ley, que previsiblemente acabará entrando en vigor, como tarde, a finales de mayo. Todavía está por ver, eso sí, cómo se traducirá: dependerá de los jueces.

La ley de amnistía llega este jueves al Pleno del Congreso después de obtener el aval, hace una semana, de la Comisión de Justicia tras el acuerdo de PSOE, ERC y Junts para los últimos cambios definitivos en el texto. Ahora, la amnistía sigue excluyendo los casos más graves de terrorismo y el delito de traición, pero ya no se remite al Código Penal sino al derecho europeo, más concreto en estas materias. Con ello, se busca evitar que los jueces españoles tengan un amplio margen de interpretación de ambos delitos en las causas del ‘procès’ como ‘Tsunami Democràtic’, que afecta al ‘expresident’ Carles Puigdemont, o los CDR. En ambos, el juez ve posible terrorismo.

No es la primera vez que la ley de amnistía, que el PSOE registró en la Cámara Baja el 13 de noviembre en solitario, llega al Congreso para ser votada. Se sometió a examen de los partidos el pasado 30 de enero, pero el ‘no’ de Junts a la ley la devolvió a la Comisión de Justicia. El partido de Puigdemont temía que los movimientos judiciales impidieran que éste y otros encausados entrasen en la amnistía y ganó así más tiempo para negociar. El PSOE era reacio a cambiar una ley que ya veía "perfectamente constitucional", aunque se abrió a a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero Junts exigía una amnistía “integral” e inmediata, y advertía de que retiraría su apoyo al Gobierno si no era así, lo que implicaría a efectos prácticos el fin de la legislatura. 

Los socialistas solo se abrieron a modificar la ley tras conocerse el borrador del informe de la Comisión de Venecia (dependiente del Consejo de Europa), incorporando además las recomendaciones del organismo europeo. En concreto, la Comisión afirmaba que “la reconciliación política es un objetivo legítimo para las amnistías", lo que a juicio de los socialistas avala la ley. Con este precedente, PSOE, ERC y Junts llegaron a un acuerdo definitivo el pasado 6 de marzo al que se suscribieron después otros socios del Ejecutivo, que también plasmaron su firma en la ley que se vota este jueves en el Congreso. Nada que ver con la que llegó allí mismo en enero, con la firma exclusiva del Partido Socialista.

Una votación por llamamiento con poco margen para el error

El debate de la ley de amnistía se producirá en un segundo pleno monográfico este jueves después de debatir diferentes iniciativas, tal y como acordó este martes la Mesa del Congreso. Y la votación será única y referida al dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios acordaron retirar todas las  enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más. 

La votación será por llamamiento, como ocurrió en enero, por petición del PP, y harán falta 176 diputados para que el Congreso avale la amnistía.

El Gobierno y sus socios tienen ahora mismo 179 escaños, lo que implica que hay poco margen para el error en esta votación. Si no se alcanzan esos 176 votos a favor, la ley de amnistía decaerá ya sin segundas oportunidades. La única opción sería registrar una nueva ley y comenzar toda la tramitación parlamentaria desde cero.  

El futuro de la legislatura depende precisamente de que prospere esta ley, que forma parte del pacto de investidura de Pedro Sánchez con los partidos independentistas. Una vez aprobada en el Congreso, el Ejecutivo espera pasar al siguiente paso: la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Aunque tanto Junts como ERC han desligado su apoyo a las cuentas públicas de la aprobación de la amnistía, ambos se muestran favorables a negociar con el Gobierno. "Hay gobierno para rato", ha dicho recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Una de las imágenes que podría dejar la ley de amnistía es la de la reunión que Sánchez prevé mantener con Puigdemont y con el líder de ERC, Oriol Junqueras, aunque fuentes del Ejecutivo sostienen que este encuentro no se producirá hasta que la amnistía entre en vigor.

El PP tratará de retrasar al máximo la ley en el Senado

Para que eso ocurra, la ley debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, antes de ello, deberá pasar el trámite en el Senado, donde el PP, con su mayoría absoluta, tratará de frenarla el mayor tiempo posible. 

No podrán ser más de dos meses, que es el tiempo límite que establece la Constitución. Transcurrido este tiempo, la ley volverá a las Cortes Generales y podrá ser aprobada definitivamente por mayoría simple. 

Una vez entre en vigor, la aplicación de la amnistía quedará exclusivamente en manos de los jueces, si bien sus impulsores confían en que han armado un texto legal lo suficientemente concreto como para que sea de aplicación inmediata y haya poco margen de maniobra contra lo ocurrido durante el ‘procès’. 

Eso sí, el PP podría plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (de mayoría progresista, lo que hace prever que tenga poco recorrido), y cualquier juez podría elevar una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pero con los últimos cambios, los impulsores de la amnistía no creen que esta última vía tenga éxito, tras haber adaptado el texto al derecho europeo y tras el borrador de la Comisión de Venecia.

Mientras, el Consejo General del Poder Judicial tiene sobre la mesa dos informes contradictorios sobre la ley de amnistía que debatirá el próximo jueves 21. En uno de ellos, el vocal conservador Wenceslao Olea asegura que la ley es inconstitucional y critica su “deficiente técnica jurídica”, su “arbitraria tramitación” y que “socava el derecho a la igualdad”. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia refiriéndose así a Olea: "Por su cercanía al PP no tiene imparcialidad". El otro informe, de la progresista Mar Cabrejas, argumenta que la ley sí tiene encaje en la Carta Magna ya que no existe “una prohibición expresa” en el texto constitucional. Con todo, el informe definitivo del Poder Judicial no será vinculante, lo que no afectará a la ley.

Y en todo este contexto, está en el aire el futuro de Carles Puigdemont, que podría regresar a España si se le aplica la amnistía. Justo ahora que el 'president' catalán, Pere Aragonès, ha convocado elecciones en Cataluña para el 12 de mayo, Puigdemont ve "razonable" estar presente en el debate de investidura, previsiblemente una vez entre en vigor la amnistía. Antes de convocar elecciones, Junts daba por hecho que el 'expresident' será el candidato de su partido a las elecciones europeas, pero ahora el propio Puigdemont no desvela si se plantea incluso ser candidato a las catalanas. Mientras, el independentismo ya fija sus próximos objetivos alcanzada la amnistía: el referéndum y la autodeterminación. El Gobierno descarta ambas cuestiones.