Un informe concluye que "podrían haberse evitado" miles de muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia

• La Comisión Ciudadana por la Verdad halla que se utilizaron "criterios discriminatorios" para no hospitalizar mayores
• El estudio, encargado por familiares de víctimas, también señala que "no se medicalizaron las residencias"

Un informe concluye que "podrían haberse evitado" miles de muertes en las residencias de Madrid durante la pandemia

Tras meses de trabajo, la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, impulsada por familiares de mayores que murieron durante la pandemia en estos centros, ha hallado que “murieron en marzo y abril de 2020 miles de personas cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”.

Esta Comisión, encabezada por el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, expone en su informe publicado este viernes que en aquellos dos meses murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital. 

Los autores del informe son contundentes y denuncian la existencia de protocolos de la Comunidad de Madrid que impedían la derivación de residentes enfermos a los hospitales. De no haber sido por esta medida, "más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida", según ha explicado el doctor Fernando Lamata, uno de los responsables del estudio, en la rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid. El dato se justifica porque la tasa de supervivencia de las personas derivada era del 65%, lo que se aplica a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas.

La mortalidad “duplicó la media de otras CC.AA. y otros países de la UE” y murieron “entre un 18,05% y un 21,5% de residentes”, según si se mide en relación con las plazas existentes o las ocupadas, uno de cada cinco de los mayores en geriátricos en Madrid. 

El informe fue encargado por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia a siete expertos. Buscaban con ello suplir la falta de resultados de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, que estuvo activa pocos meses y nunca sacó sus conclusiones porque decayó con el adelanto electoral de 2021. Después, a pesar de las repetidas peticiones de la oposición, nunca se volvió a formar.

La Comunidad utilizó "criterios discriminatorios" para no derivar a los hospitales

A su vez, el estudio halla que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales” y utilizó “criterios discriminatorios (por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo)”.

Apunta a que “la Comunidad de Madrid elaboró, aprobó, distribuyó y aplicó cuatro protocolos sucesivos (18, 20, 24 y 25 de marzo)”, en los que “se establecen los criterios de no derivación, en los que se incluyen la dependencia física, el deterioro cognitivo y la comorbilidad”. Ello “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”, y podría ser incluso constitutivo de delito.

El informe señala además que sí que se atendió a los mayores que tenían seguro privado. “Se aplicó un triaje masivo e indiscriminado, encubierto con la existencia de unos geriatras de enlace que, en realidad, no pudieron materialmente atender de forma personalizada cada una de las solicitudes de derivación”.

Los autores del texto, de 148 páginas, sitúan en el 7 de marzo el día a partir del cual "se redujeron drásticamente" las derivaciones, pasando de cerca de un centenar de derivaciones diarias a menos de la mitad en las semanas siguientes, cuando por la situación sanitaria deberían de haberse duplicado.

Falta de cuidados paliativos por "decisiones planificadas y conscientes"

También subrayan que la falta de medios apropiados "condicionó que, en muchos casos, los cuidados (paliativos) para reducir el nivel de sufrimiento de las personas residentes no se implementaron, o no se hicieron correctamente". Citan, por ejemplo, que "no hubo oxígeno, los cuidados de enfermería y apoyo psicosocial fueron nulos o insuficientes y el entorno íntimo familiar fue excluido".

Aunque el informe reconoce que la situación sanitaria fue grave y que no se limitó a Madrid, sino que afectó a toda España y a todo el mundo, señala que "no estamos ante decisiones improvisadas por la situación crítica que había provocado la pandemia, sino ante decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo".

No hubo "medicalización" de las residencias

“Mientras que no se aclare lo que sucedió en las residencias, con la cantidad de personas fallecidas sin asistencia sanitaria, vulnerándose diversos derechos, la sociedad no puede avanzar”, ha afirmado Carmen López, de la Marea de Residencias, en la presentación del informe en el Ateneo de Madrid.

Su plataforma presentó más de 300 querellas para exigir responsabilidades, muchas de las cuales han sido archivadas, aunque más de 100 siguen en juzgados de instrucción o de primera instancia y más de 60 están en el Tribunal Constitucional. “Nunca dejamos de tener fe en la justicia”, ha señalado López, y ha avanzado que llevarán el informe a instituciones nacionales y europeas.

El estudio de la Comisión apunta también que la Comunidad “no medicalizó las residencias”, a pesar de su promesa, ya que “no había dotado a dichas residencias de personal sanitario, medios y organización suficientes para una atención adecuada (equivalente a la hospitalaria)” Además, el ejecutivo autonómico tomó la decisión de construir un hospital de campaña en IFEMA, para el que utilizó personal de la atención primaria, y con ese personal “se podían haber medicalizado más de 1.000 camas en residencias”.

Un informe para "buscar la verdad" y hallar "responsabilidades"

“Tratamos de buscar la verdad y ofrecer soluciones para un futuro, un futuro que pasa por una mayor inversión”, ha señalado Martín Pallín en la rueda de prensa. 

"Se adoptan unas decisiones que produjeron consecuencias sobre derechos fundamentales que la Constitución protege, aunque sean mayores, aunque tengan una discapacidad", ha apuntado por su parte el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, también redactor del informe. Además de él, han particiapdo en la elaboración la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui; el médico Fernando Lamata; la escritora Anna Freixas; la  socióloga y politóloga Cristina Monge, y el abogado y profesor de la  Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz. 

Flores también ha señalado que el estudio señala "dos tipos de responsabilidades: políticas y otras que tienen que establecerse por vía judicial", y en ese sentido, ha lamentado que "la Fiscalía y los poderes públicos no han hecho su trabajo en relación con la transparencia, con investigar lo que sucedió ni en lo político ni en el ámbito judicial". Los familiares de las residencias han denunciado en repetidas ocasiones que los fiscales no se presentan a las vistas judiciales de las causas interpuestas por lo ocurrido en las residencias. "No hay que olvidar, no hay que pasar página hasta que se sepa la verdad. Y esto sigue sucediendo, vivimos en una sociedad edadista", ha añadido el jurista.

Piden investigar a la Fiscalía y retomar la comisión de investigación

El texto también incluye una serie de recomendaciones específicas, entre ellas reabrir la comisión de investigación paralizada en la Asamblea autonómica y una investigación en profundidad por parte de la Fiscalía. Considera que "se ha vulnerado el derecho a la verdad" y critica la "nula voluntad de transparencia por parte del Gobierno autonómico" por negarse a retomar dicha comisión.

Además, insisten en que "el Ministerio Fiscal no ha realizado una investigación diligente, rigurosa y efectiva, a pesar de los gravísimos hechos acontecidos".

Pero más allá de estos casos concretos, llama a todas las administraciones a replantearse el modelo residencial, "que adolecía y sigue adoleciendo de importantísimas y graves limitaciones", unas limitaciones "especialmente agudas" en la Comunidad de Madrid. Por ello, recomienda aumentar el presupuesto público para el cuidado de mayores, ya que "la mercantilización de estos cuidados, cuanto más extrema y menos controlada por los poderes públicos, es y será la base de abusos y malos tratos intolerables".

Pide asimismo "visibilizar a las personas mayores y personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos", desmontar prejuicios sobre este colectivo y asegurar que los residentes tengan "acceso al sistema nacional de salud a través de la atención primaria y especializada, además de poner al día "la normativa que regula los servicios sociales y los centros de mayores".

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