Las claves de la PAC que han encendido el campo europeo: de los criterios ecológicos al reparto de ayudas

• Algunas organizaciones agrarias denuncian requisitos impuestos "desde los despachos" que no encajan con su realidad
• Los colectivos ecologistas, en cambio, temen un "retroceso sin precedentes" si se elimina el enfoque verde

Un tractor porta una pancarta en la que se lee "Ultimátum europeo" en un convoy de agricultores franceses y españoles en la frontera, cerca de Irún GAIZKA IROZ / AFP

Una columna de tractores bloqueó el pasado 7 de marzo la frontera entre España y Francia cerca de Irún, en la provincia de Gipuzkoa. En esa ocasión, la protesta no implicó el reproche entre agricultores y ganaderos vecinos. No se saboteó a transportistas ni se arrojaron mercancías al asfalto. El convoy de cientos de productores franceses y españoles dirigía su grito unísono a la Unión Europea.

Como esta, otras manifestaciones agrarias en el último mes en el continente denotan un conflicto con ramificaciones comunes que llegan irremediablemente a Bruselas. El Parlamento Europeo celebra elecciones el 9 de junio y el descontento en campo con la Política Agraria Común (PAC) ha ocupado una nueva posición privilegiada en la agenda de las instituciones, temerosas de que el enfado azuce el voto euroescéptico. De hecho, la Comisión Europea ya ha planteado algunas medidas para darles más flexibilidad y aliviar las tensiones.

¿Qué significa "simplificar" la PAC?

En estas semanas de protestas campesinas, han sido habituales las demandas de "simplificar" la PAC, pero, ¿qué significa eso? El 72% del presupuesto de la política agraria europea son ayudas directas y, en el caso de España, supone unos 4.800 millones al año, que pueden beneficiar a unos 650.000 agricultores y ganaderos si cumplen con unas "normas básicas". Así, desde la última reforma para recibir las ayudas es necesario cumplir con la legislación europea en materia de salud pública, sanidad y bienestar animal y gestión de la tierra. De lo contrario, no solo pueden ver reducida la cuantía recibida, sino que pueden ser sancionados, como ocurre en caso de incumplimiento de cualquier ley en otros ámbitos.

"Todos estos criterios, que se han implementado desde los despachos y con la participación de actores que no están directamente involucrados en la actividad agraria, muchas veces tienen un enfoque que no funciona a nivel del agricultor", comienza el director técnico de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), José Luis Miguel de Diego, que no duda en calificar la última reforma de "fracaso" y acusar a Bruselas de llevar a cabo una "vigilancia radical sobre la actividad del agricultor".

"Y no funciona en ambos aspectos. En el medioambiental, porque muchas veces no conllevan una mejora ambiental apreciable e incluso pueden ser contraproducentes. Y en las prácticas agrícolas, porque no se adaptan a los manejos normales e imponen unos calendarios acelerados que no van acompasados con la evolución natural del trabajo agrícola", argumenta este ingeniero agrónomo, que pide no "bajar tanto al detalle" en la normativa para que sea más fácil de aplicar en las muy diversas realidades del campo europeo.

Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) coinciden al hablar de "demasiados desequilibrios entre los requisitos medioambientales y los beneficios económicos" de la última PAC y señalan también "la burocracia, la cantidad de papeleo que hay que hacer, con controles, inspecciones y penalizaciones". Todo ello, junto al efecto de la inflación, supone una merma de facto de las ayudas en un momento de aumento de los costes de producción por la guerra de Ucrania y la pandemia de coronavirus, según la organización profesional. "No pueden legislar sin saber si lo que están estableciendo es factible", critica su director de Relaciones Internacionales, Ignacio López, que añade como "colofón final" que terceros países puedan exportar a Europa sus mercancías sin estar obligados a producir igual que ellos.

Ante estas demandas, tanto la Comisión Europea como el Ministerio de Agricultura español ya han planteado convertir en voluntarias algunas de las "buenas condiciones agrarias y medioambientales" (a menudo referidas por sus siglas BCAM, y hasta ahora condiciones obligatorias) y el cuaderno de campo digital, un software para gestionar de forma digital la explotación agrícola y la comunicación con la administración.

"Es posible, por un lado, simplificar y, por otro lado, dar tiempo. Es importante para que la gente se pueda preparar para hacer nuevas cosas", valoró al respecto el investigador del CSIC, especialista en Economía Agraria, Tomás García Azcárate, en una entrevista en ‘Las mañanas de RNE’, quien recordó asimismo que, en cualquier caso, siempre es necesario mantener los controles administrativos para garantizar que el dinero público se gasta adecuadamente.

Las Mañanas de RNE - Agricultura y transición ecológica: "No hay que imponer, sino convencer" - Escuchar ahora

Sostenibilidad medioambiental y económica

La propuesta de Bruselas supone que algunas de las condiciones medioambientales obligatorias pasarían a ser consideradas "ecorregímenes", otros requisitos voluntarios que permiten a acceder a ayudas extra. Según el colectivo Por otra PAC, dicha voluntariedad conlleva un "retroceso sin precedentes" al paradigma de 2007 en cuanto a sostenibilidad.

"Son prácticas agronómicas básicas que se han utilizado históricamente, como puede ser el barbecho, la rotación de cultivos, el mantenimiento de coberturas vegetales", avala la coordinadora de Políticas para Sistemas Alimentarios Sostenibles de WWF, Amaya Sánchez. La organización por la defensa de la naturaleza coordina junto a SEO Bird Life el colectivo Por otra PAC, donde se encuentran también asociaciones de producción ecológica, ganadería extensiva, pastoreo, etc.

Sánchez explica a RTVE.es que las prácticas ecológicas incluidas en la PAC están precisamente orientadas a dejar descansar el suelo, prevenir las plagas y ahorrar agua, entre otras cuestiones de especial importancia para una España tocada por el cambio climático: "Son medidas que en el medio-largo plazo está demostrado que son beneficiosas para las explotaciones porque les hace menos dependientes de fertilizantes, pesticidas y otros insumos que, además, cada vez están más caros".

Para las grandes organizaciones agrarias, ASAJA y COAG, en cambio, la perspectiva introducida con el Pacto Verde Europeo supone descompensar las "tres patas" que sustentan a la actividad agraria, "la medioambiental, la económica y la social, sin las tres, el taburete se cae", indican por separado sus portavoces, coincidiendo en el símil.

"Tenemos que ser sostenibles, pero hay que incorporar también criterios productivos, sociales, económicos, que se han abandonado totalmente con esta PAC y nos han dejado a la intemperie de todos los shocks que estamos sufriendo en los últimos tiempos: costes de producción, importaciones de terceros países y desastres climatológicos y naturales ante los que no tenemos una protección", opina José Luis Miguel de Diego, de COAG, que reclama que se deje de presuponer que el agricultor perjudica siempre al medioambiente.

"Hay que confiar un poco en su experiencia, en su buen hacer y en que el agricultor en general lo que quiere es mantener el campo, vivir de él y poder transmitírselo a sus hijos en las mejores condiciones posibles", agrega.

Es llamativo que la justificación que Agricultura y la UE ofrecen sobre la última PAC en sus páginas web incluye los mismos asuntos que preocupan en el campo, esto es, un sector más competitivo, sostenible en el tiempo y con relevo generacional. Sin embargo, hay un claro choque en las vías para conseguirlo.

"El problema surge cuando se ha querido implantar toda una batería de nuevas medidas a un ritmo excesivamente rápido. ¿Era necesario? La respuesta que están dando los agricultores es que no. Lo estamos viviendo. Cuando dicen ‘No a la Agenda 2030’, algunos están diciendo en realidad ‘no las obligaciones que ha impuesto a los agricultores el Pacto Verde Europeo’", expuso Azcárate en RNE, y parafraseó al ministro Luis Planas cuando dijo en una entrevista en ‘El País’ que los agricultores percibían el Pacto Verde como un "despotismo ilustrado".

El "segundo gran problema", continuó el investigador del CSIC, es que no puede haber "agricultura verde en números rojos". "Cuidar de la rentabilidad de las explotaciones es condición indispensable. Y ahí ha habido claramente descuidos", concluyó.

El reparto de la PAC

Las estrategias para reforzar esa rentabilidad del campo dependen ya de las ‘gafas’ con las que se mire, aunque las distintas voces entrevistadas reclaman un reparto más justo de los beneficios en la cadena agroalimentaria, donde —en palabras de Amaya Sánchez, de WWF— consumidores y productores son los eslabones "más frágiles".

En lo que respecta a la PAC, el debate está también en cómo se reparten las ayudas. Se cifra habitualmente que el 20% de los beneficiarios reciben el 80% del presupuesto, algo que la UE justifica porque los pagos se calculan en función de la superficie cultivada y el 20% de las explotaciones más grandes ocupan el 80% de las tierras agrícolas en Europa. Bruselas esgrime además que si miramos el número de beneficiarios (que no la cantidad) lo más habitual son las explotaciones muy pequeñas.

"El actual modelo beneficia a las rentas altas (…) Queda mucho por hacer para que realmente la agricultura familiar, la clase media del campo, sea el destinatario prioritario de las políticas agrarias", resumió Azcárate, reconociendo algunos avances en los últimos años. "Hay que acompañarles con formación, con investigación, con extensión, con ayudas específicas para que puedan participar de esta revolución tecnológica que estamos viviendo y avanzar hacia una agricultura mucho más sostenible. Los grandes agricultores, los fondos de inversión, no necesitan de la política para ganar dinero o sobrevivir. Hay que ayudar a la clase media".

Al respecto, COAG aboga por las "explotaciones profesionales", WWF por las "familiares", mientras ASAJA recuerda que el criterio no tienen tanto que ver con el tamaño del cultivo como con el modelo, que depende de cada región. En lo que parecen coincidir es en que la PAC tiene que ser un motor que redunde en el territorio, cuide y enriquezca la España rural.

Un debate estratégico

Ante este descontento, que ya asomaba a principios de años, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció la puesta en marcha de un "diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la UE" y más recientemente la representación del Ejecutivo comunitario en España ha informado que realizará una encuesta entre los agricultores y los ganaderos para conocer sus "demandas". ASAJA y COAG sienten que esa escucha llega tarde y piden que se ponga "al agricultor en el centro" del debate.

Para Amaya Sánchez, de Por otra PAC, la solución pasa por bajar los niveles de "crispación". "No ayuda que se polarice diciendo que todos los males son por el medio ambiente o que toda la culpa la tiene la PAC, porque también da soluciones. Es un sistema muy complejo y hay que abordarlo desde todas las derivadas", concluye.