Los letrados del Senado sostienen que la amnistía es inconstitucional pero será tramitada "por obligación legal"

• El informe señala que "los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra"

El informe de los letrados del Senado sobre la ley de amnistía recrudece el choque entre el Gobierno y la oposición

La Secretaría General del Senado considera que la proposición de ley de amnistía "vulnera principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución",  aunque la Mesa de la Cámara Alta, con mayoría del PP, decidirá tramitarla por "por obligación legal".

En un informe jurídico firmado por la secretaria general de la Cámara Alta, Sara Sieira, los letrados han criticado la tramitación y el fondo de esta norma, a la que denominan como "reforma encubierta de la Constitución".

Así, el documento expone una lista de razones por las que consideran que la norma contiene irregularidades que "podrían comportar una nulidad radical de lo actuado en el Congreso". 

"Los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra, pues supone una invasión del contenido esencial de varios derechos fundamentales y de la separación de poderes, que son las dos notas características del concepto de Constitución", incide el informe, al que ha tenido acceso RNE. 

Vulneración de principios y derechos fundamentales

El informe expone que los letrados adscritos al Senado tienen total autonomía respecto de los emitidos en el Congreso y que el texto que recibe este martes el Senado debe "continuar depurando los vicios de inconstitucionalidad señalados". Al hilo, critica que la Mesa de la Cámara Baja haya "difuminado la existencia de la urgencia" ampliando los plazos reducidos hasta la misma duración que hubieran tenido de haberse seguido el procedimiento ordinario. 

Desde el punto de vista material, los letrados sostienen que la ley vulnera varios principios, valores y derechos fundamentales que se contienen en la Constitución como el valor superior de Justicia y el principio de separación de poderes; el principio de igualdad, libertad ideológica, de seguridad jurídica y de legalidad penal. 

Entre otras razones, los letrados observan también que la proposición de ley se presenta incompatible con los valores del Tratado de la Unión Europea resaltando que los delitos de terrorismo, "de una forma incorrecta, se remiten a una Directiva Europea que ya no resulta de aplicación", ya que ha sido "traspuesta y, por tanto, está agotada", remitiéndose al Senado cuando en primer lugar, recalca el informe, se debe aplicar el Código Penal español que es la norma de transposición. 

Respecto a la malversación, los letrados apuntan que con la amnistía se está "eliminando su consideración como infracción penal, aunque sea para un ámbito temporal y personal limitado y concreto", infringiendo así la directiva europea. 

Asimismo, descartan que la situación política actual respecto del 'procès' sea cotejable a otras situaciones históricas en las que las amnistías han sido aplicadas para superar un régimen o cambiar de ciclo político, haciendo un repaso de las anteriores constituciones y recuerdan que la medida de gracia es una "figura excepcional que responde a un cambio de orden político inspirado en nuevos valores". 

La proposición debe ser tramitada "por obligación inexorable"

No obstante, han aclarado que la admisión a trámite es "un acto de continuidad", por lo que la Mesa de la Cámara Alta tiene obligación de dar curso a la proposición de ley, incluso aunque fuese inconstitucional. En este sentido, el informe jurídico recomienda a los miembros de la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, que se haga constar expresamente en el mismo acto de admisión a trámite "las dudas sobre su constitucionalidad".

En concreto, el artículo 104 del reglamento de la Cámara, en conjunción con el artículo 90 de la Constitución, "obligan inexorablemente y de forma inmediata" a continuar con la misma, sin que pueda volver a calificar la iniciativa para oponer una inadmisión a trámite. 

De esta forma, los letrados explican que el único efecto que tendría la no tramitación de la ley en la Cámara Alta es que la norma quedaría "aprobada incluso antes de lo previsto" y se perderían "dos debates políticos de máxima relevancia".