El CGPJ aprueba un duro informe contra la amnistía con el voto de la mayoría conservadora

• Considera que la proposición de ley vulnera la separación de poderes y el principio de igualdad
• El sector conservador del órgano ha hecho valer su mayoría para aprobar el texto redactado por el vocal Wenceslao Olea

Imagen de la placa de la fachada de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado este jueves el informe sobre la proposición de ley de amnistía redactado por el vocal del sector conservador Wenceslao Olea, que defiende que la norma es "inconstitucional" porque vulnera -entre otras cuestiones- la separación de poderes y el principio de igualdad. 

La decisión se ha adoptado por nueve votos a favor, cinco en contra y dos en blanco después de estudiar dos informes opuestos sobre la amnistía a petición del Senado: el de Olea y el de la vocal Mar Cabrejas -del sector progresista-, que sostenía que la proposición de ley se ajusta a la Carta Magna, aunque subrayaba la falta de concreción temporal y, en cuanto al terrorismo, echa en falta una definición de lo que se considera violación de derechos humanos. 

La propuesta del vocal Wenceslao Olea, según fuentes jurídicas a Efe y Europa Press, se ha impuesto a la de su compañera Mar Cabrejas, algo que era previsible habida cuenta de la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, por lo que será su informe el que se remita al Senado, que es la Cámara que lo había reclamado la opinión del CGPJ. Según apuntan dichas fuentes, los dos votos en blanco han sido los del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y el vocal Enrique Lucas. 

En concreto, han votado a favor del texto, además del ponente, los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.

A la otra propuesta que se ha sometido a debate, presentada por la vocal Mar Cabrejas, que presentará esta como voto particular, se adhieren los vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda. 

El presidente del CGPJ ha justificado su voto en blanco asegurando que aunque participa de muchas de las reflexiones de ambos informes, entiende que debería haberse profundizado en un hecho omitido en la exposición de motivos de la proposición de ley, como es el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts per Catalunya, en el que, entre otros asuntos, se ofrecía la Ley de Amnistía a cambio del apoyo de la formación independentista a la investidura del presidente del Gobierno.

Socava el principio de igualdad

El informe que finalmente ha sido aprobado incide en que la proposición de ley no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Y defiende que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español. 

Por otra parte, insiste en que la proposición socava el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario. 

Tampoco ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. Por esta razón, concluye que la ley también vulnera el principio de separación de poderes. 

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, sostiene que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. Entiende que tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias. 

Una ley que no delimita con claridad el objetivo

Este informe también considera que la proposición de ley no delimita con la suficiente y exigible claridad el ámbito objetivo de la amnistía y avisa de que la amplia indeterminación de los preceptos puede desembocar en interpretaciones jurídicas diversas, provocando que la crítica social sobre la eficacia de la ley se concentre en los órganos judiciales. 

Además, ve imperativo excluir de la amnistía todos los delitos de terrorismo y llama la atención sobre el hecho de que en el apartado relativo a este delito se eliminara la referencia al Código Penal, al tiempo que afea que se hiciese con la intención de que la tipificación contenida en el Derecho nacional no sea utilizada por los órganos judiciales españoles, y sí directamente la directiva europea, lo que entiende que supone desconocer la naturaleza y forma de aplicación de esta clase de normativa europea. 

Apunta que la aplicación judicial automática e inmediata de la ley resulta muy difícil de acordar con la premura que se pretende -en dos meses-. Sostiene también que la pretensión de dejar sin efecto una orden europea de detención cuando entre en vigor la ley es contrario al Derecho de la UE. 

Defiende, a su vez, que el planteamiento de que las consultas al Constitucional o al TJUE no suspendan el procedimiento no se ajusta a la regulación vigente. Y, por último, afirma que la atribución al órgano judicial de la facultad de declarar la amnistía de oficio que se establece en la proposición contraría principios esenciales del proceso penal. 

La declaración institucional de noviembre

No es la primera vez que el CGPJ se pronuncia sobre la amnistía. El pasado 6 de noviembre, antes de que el PSOE registrara la proposición de ley y de que el Senado reclamase informe al órgano de gobierno de los jueces, los vocales se pronunciaron a través de una declaración institucional aprobada por su Pleno. 

En aquella declaración, el Consejo advertía de que, si se aprobaba una ley en ese sentido, supondría la "abolición" del Estado de Derecho. Ello provocó una división interna entre los bloques conservador y progresista del CGPJ. 

Tras anunciarse el acuerdo PSOE-Junts, la Comisión Permanente se reunió de urgencia para expresar su "frontal oposición" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar casos de supuesto 'lawfare' y anticipó que actuaría por "los cauces legalmente establecidos" si llegaran a materializarse. 

Ya registrada la proposición de ley en el Congreso de los Diputados, la Comisión Permanente volvió a reunirse el pasado 5 de diciembre a petición de vocales conservadores, los cuales pretendían que el órgano ejecutivo rechazara expresamente las declaraciones de Sánchez y el ministro de Transportes, Oscar Puente, sobre el 'lawfare'. 

Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a ratificar su declaración inicial sobre las comisiones de investigación parlamentarias, advirtiendo de que se mantendría "vigilante", algo que los vocales conservadores consideraron insuficiente. 

Ahora, el Pleno se ha reunido para debatir sobre los dos informes que tenía sobre la mesa a petición del Senado, que prorrogó por tercera vez el plazo para que presentara su postura sobre la ley de amnistía. Al tratarse de una proposición de ley, no era obligatorio recabar su opinión. De haber sido un proyecto de ley, sí habría sido preceptivo. 

El CGPJ se ha pronunciado después de que los dos vocales ponentes trasladaran sus conclusiones al resto de miembros el pasado 12 de marzo. Ese mismo día, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció sobre ambos informes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Aunque en un principio el titular de Justicia se limitó a decir que los dos textos eran "distintos" y con "argumentos jurídicos" que respetaba "profundamente", luego - cuando la prensa incidió en el informe de Olea- aseguró que los "vocales conservadores" por "su cercanía al Partido Popular" no tenían "ninguna imparcialidad". 

Aún cuando los dos textos, a los que ha tenido acceso Europa Press, son opuestos, coinciden en advertir de la indeterminación temporal de la ley de amnistía y en plantear dudas sobre el apartado relativo al delito de terrorismo.