El Defensor del Pueblo denuncia el colapso y la espera en los servicios públicos y en la Administración

• La institución recibió 34.926 quejas ciudadanas en 2023, casi 4.000 más que en 2022  
• La mayoría se centraron en problemas en la administración de justicia, la Seguridad Social, asilo o Sanidad

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a su llegada para hacer entrega del Informe anual 2023

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha vuelto a denunciar la saturación de los servicios de atención al ciudadano de las Administraciones públicas, sin citas suficientes y, en ocasiones, con años de espera para trámites vitales.

"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las Administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación, por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario", ha asegurado Gabilondo este viernes en rueda de prensa tras entregar el Informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. 

En total, el Defensor del Pueblo ha recibido 34.926 quejas en 2023, 3.849 más que en 2022. Además, ha tramitado un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes Administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias. 

Expedientes pendientes y listas de esperas

En su comparecencia, Gabilondo ha explicado que ha recibido miles de quejas sobre problemas para presentar una solicitud de asilo o refugio, conseguir cita en el registro civil o contar con atención personal para realizar gestiones tributarias o de empleo.

Como ejemplo de esta situación, el Defensor tacha de "inaceptable" que haya más de 70.000 expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros pendientes, o que las quejas sobre los retrasos para la valoración del grado de discapacidad se hayan triplicado desde 2019.

Asimismo, ha subrayado que las reclamaciones recibidas en torno a las Administraciones también apuntan que los procesos de digitalización "han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías".

El informe destaca también que las quejas relacionadas con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) han ido en aumento desde su puesta en marcha y recomienda cambios organizativos y legislativos para garantizar que la prestación llega a todas las personas que la necesitan. Otras ayudas sobre las que se han recibido numerosas reclamaciones son el Bono Alquiler Joven, problemas registrados en Andalucía, la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

También se han duplicado las quejas por las listas de espera en el sistema sanitario y el Defensor alerta de la "creciente tensión" en la atención especializada.

Así, el informe detalla la "insuficiencia" de recursos específicos para una atención integral a la salud mental; la "saturación" de los servicios de atención primaria y de urgencias hospitalarias y las "dificultades" para acceder a tratamientos de última generación de muy alto coste. 

Problemas en la acogida de menores migrantes no tutelados

Un apartado importante del informe está dedicado a Canarias, que acoge a más de 5.370 menores migrantes no acompañados. El Defensor advierte de que el archipiélago no puede seguir asumiendo en solitario esa acogida y plantea la posibilidad de suscribir convenios con ONG, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores para atribuirles la tutela de estos niños y adolescentes.

Su propuesta se conoce el día después de que varias comunidades rechazaran un plan para trasladar a la península a 470 menores desde Canarias. La solidaridad es "insuficiente" y hacen falta medidas legislativas, ha manifestado Ángel Gabilondo.

Por otra parte, la institución, que inició en 2022 una investigación sobre los casos abusos y agresiones sexuales a menores tutelados, lamenta que no hayan sido objeto hasta ahora de un "tratamiento transparente, ordenado y sistemático" y denuncia la "disparidad" e "insuficiencia" de los datos que le han enviado las comunidades autónomas.

A modo de ejemplo, Navarra, con 940 menores en el sistema de protección, informó de 42 casos en un periodo de cuatro años. Madrid, con 6.200 menores protegidos, contabilizó 21 casos en cinco años. A pesar de la información "desigual", extrae algunas conclusiones: en la mayor parte de los casos el menor residía en un centro y, en muchas ocasiones, los abusos se detectaron gracias a los educadores.

Obstáculos para las víctimas de violencia machista 

La institución ha detectado problemas en la acreditación de la condición de víctima de violencia machista (esencial para acceder a la atención y las ayudas), pues existen sistemas diferentes en función de si se trata de violencia de género, sexual, contra menores o machista por parte de un agresor desconocido.

El proceso se "convierte en una carrera de obstáculos" con distintas instancias y hace que las víctimas entiendan que las Administraciones "no las escuchan, no las creen o no las atienden", por lo que pide a Igualdad que homogeneice los sistemas y que se permita a entidades privadas (psicológicas o sanitarias) emitirlos.

Otro apartado está dedicado a las mujeres presas y a las menores infractoras, sobre las que, según ha comprobado, se emplean más medidas de fuerza y contención que a los varones, por parte de un personal de seguridad en el que escasean las mujeres. 

En el caso de las jóvenes, denuncia "un tratamiento discriminatorio" en el acceso a atención en salud mental, como los programas de adicciones, y "una mayor medicalización psiquiátrica" en varios centros.

Verdad y justicia para las víctimas del terrorismo 

Por otra parte, el Defensor recuerda la obligación de los poderes públicos de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo impulsando actos de reconocimiento, especialmente a aquellos dirigidos a los más jóvenes. 

Respecto a las víctimas de ETA, constata dificultades para alcanzar "la verdad y la justicia" en los crímenes no resueltos; la subsistencia de homenajes a etarras; limitaciones del ordenamiento jurídico para responder al enaltecimiento del terrorismo; o diferencias entre las indemnizaciones de los afectados.

Nuevos testimonios de abusos en la Iglesia 

Finalmente, Gabilondo ha recordado que el año pasado la institución presentó el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Desde entonces, Gabilondo ha señalado que se han registrado 180 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. De ellos, ha apuntado que han considerado válidos, "hasta el momento", 95 testimonios. 

El informe contiene los testimonios de 487 víctimas y recoge los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote.