Un juzgado de Madrid imputa a la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad documental

• La magistrada abre diligencias contra Alberto González Amador y otras cuatro personas
• Investiga dos presuntos delitos de fraude a Hacienda y otro por presentar facturas falsas

La jueza abre diligencias previas contra la pareja de Ayuso

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador -pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- y otras cuatro personas, tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas "facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados" y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto, al que ha tenido acceso RTVE, la juez razona que supuestamente, y como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente dejó de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal.

La magistrada toma esta decisión después de que González Amador ofreciera un acuerdo a la Fiscalía el pasado 2 de febrero en un escrito en el que admitía los hechos por los que está siendo investigado.

"Conductas para reducir la tributación"

La jueza explica que la denuncia de la Fiscalía se basa en un informe de la Agencia Tributaria referido a la entidad Maxwell Cremona S,L., cuya dirección corría a cargo de Alberto González Amador, que figura como administrador único en dichas fechas.

Añade que en el curso de las actuaciones se ha detectado que esta sociedad, ante el incremento en 2020 y 2021 del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir la tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados.

Indica que en el informe de la Agencia Tributaria consta que Maxwell Cremona registró un incremento de sus ingresos con ocasión de la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 -año de inicio de la pandemia- y la percepción de unos ingresos cuantiosos facturados a su principal cliente desde hace unos años, Quirón Prevención.

Así en el ejercicio de 2020 se dedujo una factura de 620.000 euros emitida por una sociedad mexicana en la que actuaba como representante otro de los investigados, Maximiliano Eduardo N.G., que no realizó ningún servicio o trabajo a la empresa de Alberto González Amador.

Añade que en el de 2021 se dedujo indebidamente otras catorce facturas, emitidas por diversos importes por una sociedad costarricense de Maximiliano Eduardo N.G. y por empresas de los también investigados David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S..

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El auto detalla que en 2021 Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de otra empresa de la que es socio único y administrador Alberto González Amador.

"Dicha empresa carece de medios materiales para prestar los servicios, que se realizaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto González con esta conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él con la finalidad de generar bases imponibles negativas", indica la instructora.

Y concluye que como resultado de dicha conducta Alberto González Amador "conocedor de sus obligaciones tributarias, de forma consciente y voluntaria, ha presentado autoliquidaciones del impuesto de sociedades por los periodos impositivos de 2020 y 2021 no veraces".

Está pendiente que la jueza fije las fechas en las que los investigados deberán prestar declaración y en el auto ya adelanta que también citará como peritos a dos inspectoras de Hacienda para que ratifiquen o aclaren en su caso sus informes.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". 

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal. 

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito". 

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer". 

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Apertura de diligencias

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid. 

Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022. 

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación". 

El Gobierno exige la dimisión de Ayuso y el PP denuncia "una persecución"

Tras conocerse la imputación de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno ha pedido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice" si no exige la renuncia de la mandataria madrileña.

"Nos mintió a todos", afirma en un mensaje de X la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, quien señala que la presidenta de la Comunidad de Madrid "acusó en falso a Hacienda y a la Fiscalía". "Hoy, una jueza ha imputado a la pareja de Ayuso dos delitos fiscales", por lo que "Feijóo ya no tiene excusa: deber exigir la dimisión de Ayuso" y añade que "su silencio es cómplice".

También desde el Partido Socialista se señala a Feijóo, asegurando que no tiene "más salida" que pedir la dimisión de Ayuso.

"No tiene escapatoria posible: debe hacer la llamada de inmediato. Se acabó el tiempo de ponerse de perfil", asegura el PSOE en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Mientras, el Partido Popular ha denunciado que existe "una persecución" por parte del Gobierno contra Ayuso con el objetivo de tapar los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Según ha señalado el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, "sin ninguna duda" el Ejecutivo de Pedro Sánchez está hostigando a Díaz Ayuso, utilizando para ello "las instituciones del Estado" y "vulnerando el derecho a la protección de datos".

Bendodo ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a tener la pareja le dé la gana" y que "uno es responsable de su vida", no "se ha de hacer responsable del pasado de su pareja".