Detenidas 25 personas por un presunto fraude de más de cuatro millones a la Seguridad Social

• Entre los detenidos hay cuatro funcionarios, uno del SEPE y tres de la Comunidad de Madrid
• El caso arrancó después de que detectaran el acceso injustificado a expedientes sobre la capitalización de prestaciones de desempleo

Varias personas hacen cola para acceder a una oficina de empleo en Madrid EFE/ Luis Millán

La Policía Nacional ha detenido a 25 personas, entre ellas cuatro funcionarios —uno del SEPE y tres de la Comunidad de Madrid— y cuatro empleados de entidades bancarias, por supuestamente defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social con la capitalización de prestaciones de desempleo.

La red, desarticulada en Madrid la pasada semana, tramitó más de 400 expedientes ilícitos entre 2020 y 2024 dirigidos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), según ha informado la Dirección General de la Policía. La suma defraudada alcanza los cuatro millones de euros y los miembros de la organización habrían percibido entre un millón y 1,5 millones de euros de beneficio.

La policía realizó 16 registros en domicilios y oficinas de Madrid en los que se intervinieron quipos informáticos y dispositivos móviles, relojes de alta gama, más de 25.000 euros en efectivo, cuatro vehículos y abundante documentación. Entonces, también detuvo a los 25 integrantes de la red, quienes fueron puestos a disposición judicial como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental, cohecho, revelación de secretos, blanqueo de capitales e integración en organización criminal. 

La investigación arrancó en diciembre de 2022 después de que varios agentes detectaran el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo. Esta medida está dirigida a fomentar el autoempleo y permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir a sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.

Las pesquisas policiales posteriores descubrieron un entramado del que formaban parte funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de banca y gestores administrativos, entre otros. Todos ellos se integraban en una organización con un claro reparto de funciones y una estructura distribuida en cinco eslabones. 

Estructura de la red

En primer lugar, la organización contaba con dos varones que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, trazando estrategias respecto a qué tipo de solicitudes se debían realizar y calculando el margen de beneficio de cada prestación, que oscilaba entre el 25% y el 40% del montante total de la capitalización. 

Asimismo, establecían los contactos con los clientes, a los que dirigían hasta una gestoría del distrito madrileño de Latina. En esta gestoría, se formalizaban los trámites documentales necesarios para sustentar las solicitudes, integrándose en este segundo grupo de la organización sus responsables y trabajadores.  

Estos trámites sustentaban la solicitud de ayudas para adquirir vehículos o material informático que debía servir como capital inicial para comenzar con la actividad del desempleado por cuenta propia. Sin embargo, dichas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en connivencia con dos varones, uno de ellos dedicado a gestiones administrativas de tráfico y un segundo que regentaba un concesionario de vehículos próximo a la citada oficina. 

El tercero de los roles de relevancia dentro de la organización era el relativo al seguimiento de expedientes y asesoramiento, el cual era desempeñado por los empleados públicos detenidos —uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid—. Estos hacían uso de sus credenciales de acceso a las bases de datos del SEPE para realizar una labor de consulta sistemática y diaria de los beneficiarios y expedientes de interés, controlando los trámites desde su inicio hasta el momento final del abono de la prestación. 

Pagos mensuales de 50.000 euros

A cambio de estas labores, los mencionados empleados públicos recibían pagos mensuales constantes por parte de los responsables de la organización, que podían alcanzar hasta los 50.000 euros. Controlaban el beneficio final a través de empleados bancarios.

En el cuarto eslabón emerge la importancia de los empleados de entidades bancarias, quienes se dedicaban al control de beneficiarios y pagos. Previamente, los responsables de la organización les habían contactado para que se encargaran de abrir cuentas bancarias que eran aportadas al SEPE como cuentas de destino de las prestaciones ilícitamente obtenidas. 

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De esta forma, estas personas controlaban los movimientos bancarios y se aseguraban de que la red percibiera las cantidades acordadas mediante retenciones de saldo u órdenes de pago diferidas por el montante acordado, que oscilaba entre el 25% y el 40% de la prestación. 

Una vez asegurado el beneficio de la estructura, por parte de los beneficiarios se realizaba la transferencia de las cantidades comprometidas, entrando en el apartado final de la investigación, el de recepción de beneficios. Estos eran destinados a cuentas bancarias controladas por las sociedades en las que participaban los miembros de la organización o a cuentas personales de los mismos.