Registran el domicilio de la presidenta de Perú y el Palacio de Gobierno por presunto enriquecimiento ilícito

• Se ha iniciado una investigación contra la gobernante por presuntamente no haber declarado relojes de lujo
• El Gobierno peruano tilda de inconstitucional el registro y la Fiscalía de Perú niega haber actuado de forma ilegítima o abusiva

Registran la casa de la presidenta de Perú en busca de pruebas relacionadas con el 'caso rolex'

Un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional han registrado la casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el Palacio del Gobierno como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por un presunto enriquecimiento ilícito, al sospecharse que no ha declarado una colección de relojes de lujo.

Las actuaciones policiales han comenzado la madrugada del viernes, cuando un grupo de agentes ha roto la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras tocar repetidas veces en la casa y no ser atendidos. Según un documento policial obtenido por la AFP, se habrían movilizado unos cuarenta agentes y magistrados a la vivienda, que ha sido rodeada, para "registrarla e incautar los relojes Rolex".

En el domicilio, no se encontraba la gobernante, pero sí uno de sus hijos, han explicado los medios locales. Poco después, ha llegado uno de los abogados de la mandataria. Hacia la 1.30 del sábado (6.30 GMT) los vehículos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Gonzalez-Olaechea, han llegado al Palacio de Gobierno de Lima, además del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

A este lugar, precisamente, se han dirigido las autoridades, tras pasar más de cinco horas en el domicilio, para continuar con las diligencias de la investigación. Tanto los fiscales como los policías que han intervenido en la operación han señalado a periodistas que la investigación es reservada y no pueden ofrecer más información. La Presidencia de Perú ha informado en la red social X que el personal de Palacio de Gobierno "ha brindado todas las facilidades" a la Fiscalía en el registro, que se "ha desarrollado con normalidad y sin ninguna incidencia".

El Gobierno lo tilda de "inconstitucional" y la Fiscalía niega que sea abusivo

Las primeras reacciones han venido por parte del Gobierno. El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, ha calificado de "inconstitucional y desproporcionado" los registros y considera que genera un "grave ruido político" que "afecta a las inversiones y a todo el país". En esta línea también se ha pronunciado el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Eduardo Arana, que dice que se está "politizando" la justicia y "evidencia el resquebrajamiento del sistema democrático".

Boluarte, por su parte, ha dicho ser víctima de una campaña de "acoso sistemático" por parte de la prensa, a la que ha acusado de difundir noticias tendenciosas y falsas sobre su patrimonio. "Nunca ha existido como se viene diciendo, ni rehusamiento ni rebeldía de mi parte frente a la investigación fiscal, muy por el contrario, me he apersonado a esta instancia poniéndome a disposición, por lo que la medida de la madrugada es arbitraria, desproporcional y abusiva", ha dicho en una declaración sin preguntas. La semana pasada ya declaró que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía y aseguró tener las "manos limpias" y que solo posee un reloj de cierta antigüedad, que había comprado con sus ahorros.

En cuanto a la Fiscalía de Perú, ha negado haber actuado de forma ilegítima o abusiva en el registro de la vivienda. En un comunicado publicado en las redes sociales, el Ministerio Público ha detallado que el operativo se ha realizado "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, han descartado que la intervención "haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva". "En la referida diligencia, no se han ubicado ni se ha producido la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió, sin embargo, se han obtenido otros elementos de interés para la investigación", ha aclarado el Ministerio Público.

El comunicado explica detalles del operativo para demostrar que no hubo abusos y confirma que tuvieron que romper la cerradura de la vivienda de Boluarte, tal y como autorizó la orden judicial, después de esperar diez minutos desde que el hijo de la mandataria les solicitara "un momento" y este no les abriera la puerta. También ha negado que la propia institución hubiera difundido el video del momento de la entrada que ha circulado toda la jornada en redes y medios. Por último, ha confirmado que se ha citado formalmente a Boluarte para que exhiba dichos objetos y preste declaración el 5 de abril, tal y como ha anunciado su abogado.

La semana pasada, la Fiscalía denunció que se "frustraron" las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de gobierno y que no había acudido a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana. La defensa legal de Boluarte aseguró que pidió reprogramar las diligencias en la investigación, pero que aún así representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte.

Boluarte, investigada también por las protestas de 2023

La Presidencia de Perú y el Ministerio Público han mantenido durante los últimos días una controversia respecto a las diligencias iniciadas. El 'caso Rolex' estalló después de que un sitio web de noticias local, La Encerrona, publicara el 15 de marzo una serie de fotos que mostraban Boluarte, llevando varios relojes de lujo mientras gobernaba en 2021 y 2022, que presuntamente no habría declarado.

Tres días después, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso. Según la emisora RPP, el registro con fines de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, después de que se rechazara la solicitud Boluarte de presentar los relojes de lujo y los documentos relativos a su adquisición.

La presidenta, de 61 años, ya está siendo investigada por "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" tras la muerte de más de 50 personas durante los dos meses de agitación social que acompañaron su llegada a la jefatura del Estado. En caso de ser procesada, la presidenta peruana no puede, según la Constitución, ser juzgada antes de julio de 2026, fecha en la que finaliza su mandato.