Enlaces accesibilidad

El comisario europeo de Justicia confirma que las consultas al TJUE paralizarían la amnistía en cada caso concreto

  • Este pronunciamiento llegaría si los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales
  • Una cuestión de este tipo paraliza solo ese caso y no deja en suspenso toda la ley

Por
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en una imagen de archivo
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en una imagen de archivo EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado este martes que un asunto por el que se presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como será previsiblemente el caso de la ley de amnistía española, quedaría paralizado hasta que esta corte "se pronuncie" sobre la ley.

En respuesta a una pregunta parlamentaria del jefe de la delegación europea de Ciudadanos, Adrián Vázquez, Reynders cita las recomendaciones de esta corte con sede en Luxemburgo sobre las cuestiones prejudiciales que le pueden plantear los tribunales de los países de la UE, que apuntan a que "la presentación de una petición de decisión prejudicial entraña la suspensión del procedimiento nacional hasta que el TJUE se pronuncie".

Aunque ni en la pregunta parlamentaria ni en la respuesta del comisario se menciona expresamente la Ley de Amnistía, sobre la que Bruselas ha dicho que no se pronunciará hasta que se culmine su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, Ciudadanos celebra lo dicho por el comisario como garantía de que la norma "no entrará en vigor hasta que el TJUE no resuelva las prejudiciales". 

"La exigencia del Derecho de la UE de suspender el procedimiento nacional hasta que el TJUE se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca", ha indicado Reynders en su respuesta.

El TJUE dejaría sin efecto cada caso particular

La entrada en vigor de esta ley comportará que queden sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, tanto nacionales como internacionales, y el alzamiento de las medidas cautelares que pesen sobre los amnistiables, incluso si se presentan recursos o cuestiones de inconstitucionalidad.

La justicia europea tendrá que pronunciarse sobre la ley de amnistía si, como todo apunta, los tribunales españoles elevan cuestiones prejudiciales para determinar si la norma encaja en el derecho de la Unión, especialmente en los dos delitos amnistiables que suscitan más dudas entre la judicatura: el terrorismo y la malversación.

Una cuestión prejudicial paraliza solo ese caso y no deja en suspenso toda la ley