Sanidad da de plazo hasta este jueves para que las comunidades se adhieran al plan antitabaco

• El Ministerio ha incluido 147 propuestas de las autonomías al que se aprueba este viernes
• El texto no especificará los nuevos espacios sin humo, sino que se hará en una futura normativa

Las terrazas, en el punto de mira del plan antitabaco

Por segunda vez este año, no ha habido consenso en la Comisión de Salud Pública de este miércoles que debatía el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo (PIT) propuesto por el Ministerio de Sanidad. Las comunidades han vuelto a pedir más tiempo para poder analizar los cambios introducidos en el plan, que supondrá la nueva hoja de ruta para los próximos años en cuanto al tabaquismo. Sanidad ha establecido que deberán dar una respuesta las autonomías antes del mediodía de este jueves.

Según ha aclarado el Ministerio, las comunidades han presentado 157 propuestas al plan y no 180 como se había informado previamente. De estas, solo 10 no han tenido una respuesta positiva y el resto han sido añadidas al texto.

No obstante, la última palabra la tendrá el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebrará el próximo viernes con el borrador ya definitivo.  

El humo en las terrazas, en el punto de mira

Las propuestas que las comunidades remitieron el pasado miércoles tienen como nexo común la necesidad de actualizar la normativa antitabaco vigente para reducir la prevalencia del consumo, sobre todo entre los más jóvenes, aunque difieren en las medidas para conseguirlo. 

Por ejemplo, Asturias o Cataluña apuestan por la prohibición de fumar en terrazas, los espacios que más diferencias de opinión suscitan. Otras como Baleares o La Rioja se decantan por la autorregulación mediante un sistema de incentivos fiscales atractivos y distintivos de calidad. Canarias plantea prohibirlo, además de en terrazas, en marquesinas, en espacios deportivos al aire libre y los alrededores de los accesos de los lugares donde ya está vetado.

Sin embargo, varias comunidades también han manifestado sus reticencias sobre prohibir fumar en espacios privados como el coche cuando haya menores o embarazadas presentes. Es el caso de Castilla y León o Andalucía, que han solicitado una mayor claridad sobre la regulación para garantizar la compatibilidad entre el derecho a la salud y la libertad individual.

Si finalmente llegan a sacar adelante el plan antitabaco, al que las comunidades pueden adherirse o no, el texto resultante no delimitará los espacios en los que se ampliará la prohibición de fumar, aunque algunas autonomías sí los hayan especificado en sus propuestas.

El PIT, según apuntan los responsables del Ministerio, es una hoja de ruta que servirá de paraguas a la futura ley, que es la que definirá los nuevos espacios sin humo. Sobre esta idea ha vuelto a insistir Mónica García en una entrevista en TVE, donde ha señalado a las terrazas como lugares en los que la evidencia científica ha corroborado que se consume "humo de segunda mano" perjudicial para la salud.

"Ya hay estudios europeos a nivel mundial que dicen que en terrazas se está respirando un 94% de residuos de nicotina", ha detallado la ministra, quien también ha subrayado que Sanidad aspira a "volver a poner a España a la vanguardia de la lucha contra el tabaco a pesar de las presiones, que siempre se reciben".

Más estudios y aumento del precio de la cajetilla 

Las otras propuestas autonómicas pasan por más estudios sobre los efectos del tabaco o un aumento de los precios. Comunidades como Canarias piden datos actualizados sobre el empaquetado genérico en los países en los que se ha implementado, así como la equiparación fiscal del tabaco y todos sus derivados, siendo unas medidas ampliamente rechazadas por la patronal de la industria.

La mayoría están de acuerdo con la equivalencia de los cigarrillos convencionales a los vapeadores y otras formas de consumo, e incluso algunas van más allá y quieren que se prohíba la venta de los de un solo uso a menores.

Aragón, sin embargo, opta por la elaboración de estudios de los efectos en la salud de los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina o que se estudie la posibilidad de que puedan llegar a utilizarse como alternativa en casos concretos y cumpliendo unos requisitos.

Otras también apuestan por aumentar el precio de la cajetilla, una medida que ya estudia Sanidad con Hacienda. Por su lado, Baleares insta a dedicar el dinero derivado del incremento a la lucha contra el tabaquismo para que no se entienda como algo meramente recaudatorio.

Acuerdo de cooperación entre las comunidades

Sanidad ha apostado por intentar aprobar el plan antitabaco que prevé ampliar los espacios sin humo mediante un acuerdo de cooperación. Esta fórmula está contemplada en el reglamento del Consejo Interterritorial ante "acciones sanitarias conjuntas".

Sin embargo, la fórmula no ha gustado a comunidades como Madrid, cuya directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha criticado que se inste a las comunidades a decidir si se adhiere o no "especificando sus líneas rojas".

"Para avanzar en lo que todos estamos de acuerdo, una sociedad libre de tabaco, sería más operativo modificar el nombre del plan y sustituirlo por hoja de ruta, y año a año ir avanzando en acciones concretas con una votación presupuestaria específica", ha asegurado. Solo esto implicaría "un verdadero compromiso político" y permitiría "hacer un seguimiento de los resultados"; de lo contrario, ha advertido, "es muy posible que todo quede en una declaración de intenciones".

El Gobierno aragonés ha expresado su rechazo al nuevo borrador al entender que es "precipitado" y que no define cuáles serán los espacios libres de humo que se prevén ampliar. Así lo ha asegurado la directora de Salud Pública del Ejecutivo aragonés, Nuria Gayán, quien ha lamentado el rechazo a la "autorregulación y voluntariedad" planteadas desde varias autonomías a pesar de los resultados conseguidos en algunas regiones como en Galicia. 

"El Ministerio dice que ya los propondrán después, en el proceso de información pública de esas normas, y esa debilidad es la que hace que no estemos de acuerdo con ese documento", ha añadido.

La Rioja también se ha mostrado reticente al apoyo si no se garantiza una financiación, algo que llevan tiempo reclamando y que "todavía no ha aclarado el Ministerio", según ha apuntado la Consejería de Salud. Al mismo tiempo, la Consejería ha criticado el escaso tiempo que les han dado para responder, argumentando que "demuestran poco interés por hacer las cosas bien y llegar a un plan consensuado". La comunidad mantendrá esta exigencia durante la reunión del viernes.