El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra Boluarte por el 'caso Rolex'

• La mandataria se enfrenta a una investigación por la posesión de relojes de lujo no declarados
• La votación ha contado con 49 votos en contra y 15 abstenciones

Miembros del Congreso de Perú debaten en Lima una moción para destituir a la presidenta Dina Boluarte REUTERS/ÁNGELA PONCE

El Congreso de Perú ha votado en contra de debatir formalmente el inicio de un proceso para destituir a la presidenta Dina Boluarte, que se enfrenta a una investigación sobre la posesión de varios relojes Rolex de lujo no declarados.

El rechazo se ha llevado a cabo contra dos mociones de censura propuestas contra Boluarte por 49 votos en contra y la abstención de 15 legisladores. En una primera votación, el pleno rechazó la moción presentada por el partido Perú Libre, el grupo político con el que la mandataria llegó al Ejecutivo en 2021 como vicepresidenta del destituido ex jefe de Estado Pedro Castillo.

El primer ministro del país, Gustavo Adrianzén, ha mostrado su confianza en que el próximo viernes, tras la cita de Boluarte con la Fiscalía, terminen las críticas contra la presidenta por un presunto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista con la cadena Radio Programas de Perú, Adrianzén ha señalado que "mañana, la señora presidenta irá acompañada de su abogado, recibirá en el Palacio [de Gobierno], a los fiscales y sabrá explicar qué es lo que pasó; cómo sucedieron las cosas".

Boluarte tiene una causa abierta en la Fiscalía de la Nación a raíz de la posesión de una decena de relojes de lujo, algunos de la marca Rolex, y otras joyas valiosas que no han sido declaradas entre sus bienes. Además, se le han localizado una serie de depósitos bancarios con origen desconocido.

En ese sentido, Adrianzén ha confiado en que "este tema de los relojes mañana va a terminar", porque augura que, "después de esta explicación, no le quede más al Ministerio Público que cerrar la investigación".

Una "infeliz coincidencia"

El miércoles, una investigación periodística del canal Latina reveló que el actual gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, compró un reloj Rolex de las mismas características del que posee Boluarte el día del cumpleaños de la mandataria y que después acudió a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La región que dirige Oscorima recibió en marzo pasado una transferencia del Ejecutivo de 100 millones de soles (25 millones de euros) para que construya un estadio en su jurisdicción con vistas a los Juegos Bolivarianos 2025, de acuerdo a un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano.

Como resultado, Oscorima ha sido citado a declarar este jueves ante la Fiscalía para esclarecer si es la persona que adquirió alguno de los relojes que posee Boluarte. Al respecto, el primer ministro Adrianzén ha calificado el suceso de "infeliz coincidencia".

El gobernador ha descartado que él haya sido la persona que regaló uno de los relojes de lujo a Boluarte, mientras que la jefa de Estado ha señalado que se trata de propiedades de "antaño" que las obtuvo con el producto de su trabajo.

Apoyo a Boluarte, aunque con críticas

A pesar de que el legislativo ha apoyado al Gobierno de Boluarte con su rechazo a la moción de censura, el pleno ha estado protagonizado por duras críticas de los sectores opositores, principalmente de la izquierda. Las denuncias se han dirigido tanto por el caso abierto contra Boluarte como por el aumento de la inseguridad ciudadana en el país.

Además, durante la sesión algunos parlamentarios han recordado las decenas de muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023.

Gran parte de los congresistas de izquierda han votado en contra de otorgar la confianza al gabinete, mientras que las bancadas de centro, derecha y ultraconservadores se han posicionado a favor al alegar la necesaria "estabilidad del país".

En el actual Gobierno, Boluarte no tiene vicepresidentes, por lo que, si renuncia o se la destituye del cargo, este tendrá que ser ocupado por el presidente del Congreso, que deberá convocar de inmediato a elecciones generales en un plazo máximo de ocho meses.