El Gobierno llevará las leyes autonómicas contra la Memoria Democrática de PP y Vox ante la ONU y Bruselas

• Tras las quejas de las 160 familias por la visita de Sánchez, el Gobierno las ha invitado a ver los trabajos de exhumación
• Ante el Parlamento Europeo se promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno su debate y votación

Entrevista a Fernando Martínez, secretario de Memoria Democrática: "Los avances en las exhumaciones nos llevan a localizar cajas en Aragón"

El Gobierno va a llevar las leyes contrarias a la Ley de Memoria Democrática impulsadas por los gobiernos de coalición de PP y Vox en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ante el relator especial de la ONU, y a otras instancias internacionales, como el Consejo y el Parlamento europeo, según han avanzado fuentes de Moncloa.

La iniciativa del Ejecutivo de denunciar las leyes autonómicas a las instancias internacionales se suma a la decisión de recurrir esas leyes autonómicas al Constitucional anunciada el pasado lunes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien aseguró que antes tratarán de convocar una reunión con esos Ejecutivos para llegar a un acuerdo.

Iniciativas ante a ONU y las instituciones europeas

Las medidas adoptadas por las comunidades autónomas se trasladarán al Relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales, para que "evalúen" su conformidad "con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales" adquiridos por España en materia de Derechos Humanos. 

Además, según han avanzado, ante el Parlamento Europeo, por parte del grupo de Socialistas y Democrátas (S&D) se promoverán distintas iniciativas para incluir en el orden del día del pleno de la Eurocámara su debate y votación.

Ante el Consejo de la Unión Europea, se va a invocar la "posible violación" de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos con varias actuaciones.

En primer lugar, con un "debate urgente" en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de la ley en Aragón y las leyes de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ya ha ordenado a la representación ante la ONU que se ponga en contacto con el relator para Ejecuciones Extrajudiciales y el relator para la Justicia, la Reparación y la Verdad para que puedan analizar las decisiones de las tres comunidades autónomas. 

Con el mismo objetivo, el ministro también ha pedido a la representación de España ante el Consejo de Europa que contacte con el Comisario de Derechos Humanos y con la secretaria general, relator para ejecuciones extrajudiciales y el relator para la justicia, la reparación y la verdad. "Habrá acciones tanto en el Parlamento Europeo como en la Asamblea del Consejo Europeo", ha dicho.

También solicitarán un informe sobre la "situación de la memoria democrática" en España ante la aprobación de leyes de derogación por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado precisamente este jueves el laboratorio forense en el Valle de Cuelgamuros y lo ha compartido en un mensaje con un vídeo en redes sociales en el que asegura que "sin memoria no hay democracia", afirma que la ley "se va a cumplir" y pide "justicia, reparación y dignidad para todas las víctimas de la guerra y la dictadura".

El laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros realiza las tareas para la exhumación de 160 víctimas que se encuentran en las criptas de este inmueble adscrito a Patrimonio Nacional y cuya resignificación como futuro centro de interpretación memorialista plantea el Gobierno. Tras recorrer la nave central de la basílica, según ha informado Moncloa, el jefe del Ejecutivo ha accedido al laboratorio forense y, posteriormente, a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos.

En las tareas de localización e identificación participa un equipo técnico compuesto por seis médicos forenses y una veintena de investigadores especialistas en historia, arqueología y genética. En el laboratorio, el equipo forense ha explicado a Sánchez el trabajo que desempeñan, que consiste principalmente en la localización de las cajas rotuladas solicitadas que se encuentran en los columbarios, el estudio antropológico, odontológico y radiológico de los restos extraídos, la toma de muestras para el análisis de ADN, y la redacción de informes y toma de fotografías y vídeos del proceso.

Las asociaciones piden visitar las exhumaciones en Cuelgamuros: "El presidente puede y a nosotros no nos dejan por seguridad"

Quejas de las familias por no dejar visitar los trabajos

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha registrado este jueves una queja dirigida al Gobierno tras conocer la visita del presidente, Pedro Sánchez, a los trabajos de exhumación de las criptas del Valle de Cuelgamuros, mientras los familiares de las víctimas no pueden.

Por su parte, el abogado que representa a nueve de las 160 familias de víctimas inmersas en el proceso de exhumación en el Valle, Eduardo Ranz, ha comentado a EFE que la visita de Sánchez "puede ser positiva porque visualiza la situación de espera de las víctimas".

Sin embargo, al igual que la asociación, ha cuestionado que los familiares no tengan permitido acudir a ver los trabajos, pese a que él mismo solicitó por escrito al Gobierno esta posibilidad en junio de 2023, tras el inicio de las exhumaciones, sin obtener por el momento respuesta oficial.

"A cualquier fosa de España pueden acudir las familias, sin embargo, nosotros seguimos sin conocer la recuperación de nuestros familiares inhumados en Cuelgamuros", ha añadido.

En una nota de prensa, la ARMH ha informado de que han presentado una queja al Gobierno tras conocer esta visita al Valle que, según denuncia, es algo que el Ejecutivo ha impedido hacer a los familiares interesados con el argumento de que podría ser peligroso para ellos.

"Las familias que llevan años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido se enteraron de las exhumaciones por la prensa y fueron convocadas por primera vez a una reunión el 10 de julio de 2023, en plena campaña electoral, en el Palacio de la Moncloa", añade la asociación en su queja.

Además, la asociación solicita "que nadie sea tratado por encima de las víctimas" y que "la atención a las familias sea permanente, cuidadosa y siempre teniendo en cuenta que son la prioridad de esas actuaciones y tienen derechos inalienables a conocer de primera mano todo el proceso y a estar presentes en él siempre que quieran". 

El Gobierno rectifica e invita a las 160 familias de las víctimas

Tras dichas quejas, el Gobierno ha invitado a las 160 familias de víctimas inmersas en el proceso de exhumación a visitar los trabajos que se están realizando.

En una carta, el secretario de Estado de memoria democrática, Fernando Martínez, invita a las familias a visitar el laboratorio forense instalado en el Valle "con el objetivo de recabar información de primera mano sobre las circunstancias, los obstáculos y los avances de los trabajos".

El secretario de Estado señala en la carta que en la visita los familiares que deseen acudir serán recibidos por miembros del equipo forense que están trabajando en las labores de exhumación y también recibirán una explicación "pormenorizada" sobre el operativo de la búsqueda, con la posibilidad de "plantear cuantas cuestiones les parezcan oportunas".

Además, aclara que por motivos de seguridad y debido al protocolo de riesgos laborales vigente en el lugar, habrá que organizar grupos reducidos con las personas interesadas en hacer la visita, por lo que pide que quienes quieran acudir respondan "a la mayor brevedad posible" para gestionar las acreditaciones.

Asimismo, el abogado Eduardo Ranz, que representa a nueve de las 160 familias, ha indicado de que en su caso ha recibido la carta en torno a las seis de la tarde, por lo que considera que la invitación es consecuencia de las quejas planteadas por la mañana.

"Expresaremos el deseo de acudir al Valle y esperemos que sea inminente", ha añadido el abogado, que había solicitado por escrito al Gobierno esta posibilidad en junio de 2023, tras el inicio de las exhumaciones, sin haber obtenido hasta ahora una respuesta oficial.

Aragón, primera comunidad que deroga una ley autonómica de memoria

La comunidad autónoma de Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y Partido Aragonés (PAR).

A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los "términos guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas.

En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.

Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.