Sanidad aprueba su plan antitabaco con el consenso de las comunidades del PP tras días de desencuentros
- Algunas de las comunidades piden que se consulte a tabaqueras, hostelería y ocio nocturno
- Por el momento, las medidas concretas quedarán a la espera de poder ser "materializadas" en las iniciativas legislativas
El Ministerio de Sanidad ha aprobado este viernes con el consenso de las comunidades el plan antitabaco que, aunque no establece medidas concretas, sentará las bases de la futura normativa hasta 2027 y podría suponer la ampliación de la prohibición de fumar a otros espacios como las terrazas de bares y restaurantes.
"Hoy es un paso histórico que da nuestro país en esta materia", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien, en una rueda de prensa tras la Comisión de Salud Pública, ha destacado que este plan permitirá mejorar "la calidad de vida". "Hoy podemos volver a decir que España está a la vanguardia", ha afirmado.
Por el momento, las medidas concretas quedarán a la espera de poder ser "materializadas" en las futuras leyes que superen los trámites parlamentarios, como por ejemplo la delimitación de los espacios libres de humo.
"Donde tenemos que manifestar la concreción de este plan es en las iniciativas legislativas. No podemos hablar en el vacío sin saber en qué espacios y sobre la fiscalidad", ha apuntado García. No obstante, García ha recordado que ya hay comunidades que han ido adoptando regulaciones para limitar el tabaco en playas, terrazas y universidades, entre otras.
Consenso de todas las comunidades
El Plan Integral de Prevención y Control de Tabaquismo 2024-2027 (PIT) ha salido finalmente adelante con un consenso mayoritario pese a que varias comunidades, especialmente las del PP, hayan criticado que se descarten medidas como la autorregulación de los espacios sin humo o una dotación presupuestaria.
El consejero gallego de Sanidad, Julio García Comesaña (PP), ha celebrado que se recogieran la mayoría de propuestas autonómicas, entre ellas que el aumento de la fiscalidad del tabaco redunde en medidas de prevención y que se haya abierto la puerta a que la autorregulación de los espacios sin humo pueda debatirse en el desarrollo legislativo.
"Ha sido un debate en términos cordiales, estamos muy de acuerdo en casi todo el plan" ha detallado García, que antes de la reunión había advertido que daría luz verde "con orgullo" al plan antitabaco "independientemente" de la negativa inicial de las comunidades del PP.
"Quien no esté a favor de este plan, sea quien sea, tendrá que explicarlo. Y tendrá que explicarlo a sus propios técnicos", ha señalado García en su comparecencia. La ministra ha insistido en que este plan "emana de las propias comunidades, de sus enmiendas y del trabajo realizado" a lo largo de varios años: "Se han adherido desde el momento en el que han trabajado y son proponentes".
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ya advirtió este jueves que el plan saldría adelante en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con las posturas definitivas de las comunidades sobre el PIT aún en el aire, pero que saldría en cualquier caso "aunque el PP no apoye".
Este plan aprobado no es vinculante para las comunidades autónomas hasta que se concrete en una ley específica. Algunas medidas que en un principio contemplaba el plan, como la prohibición de fumar en el interior de los coches, se han eliminado, y otras siguen generando mucho debate, como el aumento del precio de las cajetillas de tabaco con el incremento de los impuestos o la prohibición de fumar en terrazas.
Las 11 comunidades autónomas gobernadas por el PP han mostrado sus reticencias ante algunas de las medidas propuestas, como la ampliación de los espacios sin humos a las terrazas de los bares y restaurantes, así como el procedimiento empleado.
Otras también han criticado la falta de una memoria económica que pueda respaldar el plan y el procedimiento utilizado para sacar adelante el plan, especialmente aquellas más favorables a la autorregulación que a la prohibición, a las que no les gusta que el procedimiento habitual de la votación se haya sustituido por la del acuerdo de cooperación, fórmula que contempla el reglamento del Consejo Interterritorial y que da 24 horas a las comunidades autónomas para decidir si se adhieren.
El PP pide que se consulte a tabaqueras, hostelería y ocio nocturno
El PP considera que las tabaqueras, la hostelería y el ocio nocturno deben ser consultados en el abordaje del plan antitabaco y así conseguir que sea un plan "ambicioso" aprobado por consenso, según ha asegurado en declaraciones a los medios previas al Consejo, que ha hablado en nombre de las comunidades gobernadas por el PP.
Tras la reunión, no obstante, ha destacado "el trabajo de todas las comunidades autónomas y también del Ministerio en buscar ese consenso" sobre "el qué y el cómo" en la lucha contra el tabaco. "Los ciudadanos van a agradecer que hoy salgamos todos con un compromiso de seguir luchando contra el tabaco y tomando medidas valientes", ha destacado el consejero, pese a que ha reconocido que en todo debate puede haber "momentos más tensos".
El consejero ha querido dejar claro que todas las comunidades del PP están a favor de un plan integral para el tabaco y ha recordado que son ellos las que han planteado al Ministerio de Sanidad medidas como establecer generaciones libres de tabaco y ha asegurado que el Gobierno tendrá el apoyo del PP "si van por esa línea".
Por otro lado, el consejero cántabro de Salud, César Pascual, ha asegurado que Cantabria no se opone al plan y ha reclamado a la ministra "volver a la senda del consenso y la cooperación para seguir logrando avances". Así, ha trasladado la conformidad de la región "tras la rectificación realizada" por el Ministerio acerca de las prohibiciones de fumar en determinados espacios públicos y de carácter privado.
La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, también ha celebrado este viernes la aprobación del PIT y ha dicho que es "una buena noticia" poder trabajar todas las partes en la misa línea. También ha destacado que haya sido aceptada la propuesta de que la recaudación proveniente del incremento de impuestos al tabaco se revierta en políticas disuasivas contra el tabaquismo o políticas sanitarias en este ámbito.