La mayoría del Consejo Fiscal se opone a la decisión de García Ortiz y elabora un informe contrario a la amnistía

• Dice que la ley es inconstitucional porque "supone la quiebra del principio de separación de poderes"
• Y tachan de "inconcebible" que García Ortíz haya desoído la petición del Senado de informar sobre la amnistía

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto. EFE/ Toni Albir

La mayoría del Consejo Fiscal, compuesta por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF), se ha opuesto a la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de negarse en dos ocasiones a que el órgano del Ministerio Público envíe informe al Senado sobre la ley de amnistía, por lo que ha redactado su propio borrador sobre dicha norma, que consideran "manifiestamente inconstitucional" porque vulnera la separación de poderes.

Su escrito se ha hecho público después de que García Ortiz haya rechazado nuevamente elaborar un informe sobre la amnistía, como le reclama el Senado, al considerar que es inviable que el Consejo Fiscal redacte dicho informe ya que "carece de competencia".

"No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado los días 25 de enero y 8 de abril", señalan los seis vocales en un comunicado en el que se muestran en contra del argumento de García Ortiz de que el Consejo Fiscal no es competente para informar a la Cámara Alta.

Para los firmantes, es "inconcebible" que el fiscal general del Estado haya desoído la petición del Senado para informar de la ley de amnistía. También afean al jefe del Ministerio Público que no avisara de ello al Consejo Fiscal "durante semanas" y que se tuvieran que enterar por la prensa de dicha petición.

Según precisan los vocales, al enterarse pidieron que se diera curso a la petición, que se designara un ponente y se elaborara y aprobara un informe relativo a la ley de amnistía. Asimismo critican que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas "no merezcan respuesta y, desdeñosamente", les replique con "una copia de la respuesta enviada al Senado".  

Consideran la amnistía "inconstitucional"

Ante esta situación y a fin de cumplir los plazos normativos, los vocales han realizado su propio borrador de informe para que pueda ser incluido en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal del próximo 25 de abril para su debate y aprobación.

La propuesta, de 160 páginas, dice que "la Constitución no solo no reconoce expresamente la figura de la amnistía, ni como manifestación del derecho de gracia, ni tampoco como potestad especialmente atribuida a las Cortes Generales".

"Por lo que la mera aprobación de un texto legislativo de esta naturaleza por el parlamento, al margen de toda previsión constitucional que le reconozca aquella potestad, será manifiestamente inconstitucional", añade el texto.

Pero es que, además, "el diagnóstico de inconstitucionalidad se ve aún más acentuado si la decisión de amnistiar a determinadas personas no obedece a un ideal de Justicia, sino a una razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura".

Asimismo, destaca que "la Constitución no ampara la aprobación de una amnistía", al recordar que, en dos ocasiones, "el constituyente de 1978 rechazó las enmiendas que proponía su inclusión expresa y, además, dejó constancia de no querer constitucionalizarla".

Por tanto, "cualquier iniciativa del Poder Legislativo que vaya encaminada a su previsión y regulación contraviene frontalmente la Constitución, porque carece de soporte normativo expreso para poder aprobarla".

Esto es así, continua, porque "la amnistía supone la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de derecho" ya que es "una injerencia del Poder Legislativo" en el Poder Judicial.

Creen que es contraria al derecho de la UE

De igual manera, los vocales defienden que la amnistía incumple a su vez con los principios de seguridad jurídica y supone una "desnaturalización de la ley como norma general". Y sostienen que es "contraria al Derecho de la Unión Europea" y a los "compromisos internacionales asumidos por España en la lucha contra la corrupción". 

Los representantes de la Asociación de Fiscales subrayan que "la inclusión de los delitos de malversación y de terrorismo convierte a la proposición de ley en un instrumento legislativo contrario al Derecho de la UE". 

Al hilo, recalca también que el marco normativo internacional --incluido el de la Unión Europea-- "establece una serie de estándares mínimos que deben ser adaptados en la legislación penal de los Estados y que no atienden a distinciones sobre una concreta finalidad ideológica o política aparentemente justificativa de tales conductas".