Hamoudi contra Frontex: el dilema de la Justicia europea y el problema de demostrar las devoluciones en caliente

• Vídeos e imágenes documentan una posible devolución en caliente en el caso de este refugiado sirio
• Según los expertos, la Justicia europea "no cuenta con legislación para determinar qué institución" tiene la responsabilidad en estos sucesos

Mazo de corte con la bandera de la Unión Europea de fondo

El 28 de abril de 2020, Alaa Hamoudi, ciudadano sirio, llegó a la isla de Samos (Grecia) huyendo de la guerra. “No había lugar allí para vivir con seguridad”, señala casi cuatro años después. Tenía como objetivo llegar a Europa y pedir asilo como refugiado. “Quería encontrar paz en un país agradable y a salvo”, sentencia.

El sueño de pisar suelo europeo duró poco. Ese mismo día, la policía griega lo interceptó en tierra junto a sus compañeros para ser enviado de nuevo al mar en una "devolución en caliente". Durante 24 horas, quedó a merced del oleaje y de los constantes intentos de las patrulleras griegas por evitar que la marea los arrastrase nuevamente a la isla. En lo que bautizó como "bote de la muerte", Hamoudi solo podía pensar en cómo salir sano y salvo.

Devolución en caliente

Amnistía Internacional define la devolución en caliente como “la expulsión de personas migrantes o refugiadas sin que tengan acceso a los procedimientos debidos y sin que puedan impugnar ese acto a través de un recurso judicial efectivo”. 

Solo en Grecia, un informe publicado por la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) registra una decena de devoluciones en caliente en las que la policía fronteriza expulsaba y abandonaba en aguas turcas embarcaciones con decenas de migrantes a bordo.

Un día después de entrar en Europa, un barco de la guardia costera turca los subió a bordo y los trasladó al país. A su llegada, fue encarcelado durante dos semanas y privado de su pasaporte. 

La estancia en Turquía fue una pesadilla. “Me sentía psicológicamente agotado debido a mis malas condiciones de vida y mi ausencia de papeles; temía que me atraparan y me enviaran de regreso a Siria”, explica.

Tras meses de espera agónica, logró pedir asilo como refugiado a Alemania, donde reside actualmente.

Esta cronología forma parte de la declaración judicial de Alaa Hamoudi para exponer su caso ante el Tribunal de la Corte de Justicia Europea (TJUE). La acusación fue dirigida contra la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Trató de demostrar su testimonio ante el juez, pero finalmente el TJUE desestimó el caso.

Frontex

La agencia Frontex se creó en 2004 como un organismo adjunto a la Unión Europea, encargada de dirigir la acción fronteriza de la Unión en colaboración con sus Estados miembros. No solo opera en el entorno europeo, también en los Balcanes y África occidental.

Entre 2005 y 2023, su presupuesto aumentó de cinco millones a 845 millones de euros.

El organismo tiene la obligación legal de respetar y proteger los derechos humanos, por lo que no puede realizar ninguna actividad que los ponga en riesgo, como hacer retroceder a un barco de migrantes a un territorio del que huyen.

Evidencias gráficas

El caso Hamoudi contra Frontex es singular no por su contenido de denuncia sobre supuestas inacciones e ilegalidades cometidas por Frontex, sino porque incluye evidencias gráficas adicionales al testimonio de la víctima.

“Queríamos documentar nuestra llegada a Grecia”, apunta Hamoudi, “por lo que enviamos unos pocos videos a familiares y amigos antes de que la policía confiscara nuestros teléfonos”. Las grabaciones publicadas vinculan la presencia del demandante en los hechos denunciados.

La defensa de Frontex señaló que no obtuvo notificación del incidente. Además, tanto el Tribunal como Frontex indicaron que "no podía ser identificado como hombre o mujer” en las imágenes. Pero Hamoudi no tenía tiempo de hacer vídeos perfectos: "Desde el momento en que llegamos a Samos, intentamos sobrevivir; era como una película de terror".

Fotograma que muestra a Alaa Hamoudi revisando su teléfono a su llegada a Samos el 28 de abril

“Los jueces no aceptaron verme en persona para comprobar si era yo el del vídeo y, cuando dijeron que la persona podía ser un hombre o una mujer, supe que no se habían fijado en las fotografías”, denuncia.

Por último, Frontex indicó la imposibilidad de establecer la fecha o el lugar de los hechos a los que se referían dichas grabaciones, lo que aludía a una supuesta tergiversación por parte del denunciante.

Fotograma que muestra la pantalla del barco turco que grabó a las patrulleras griegas y cuyas coordenadas coinciden con la ubicación de la isla de Samos

Hay una contradicción entre las declaraciones realizadas por la Agencia y la evidencia registrada. Un informe del 29 de abril de la Guardia Costera de Turquía captó a dos patrulleras griegas arrastrando a la deriva una embarcación hinchable. Las coordenadas que aparecen en la pantalla del navío ubican el evento cerca de la isla de Samos y a la misma hora que recordaba Hamoudi en su testimonio.

Fotograma de la patrullera griega LS-146 pasando al lado de la embarcación en la que iba Hamoudi para crear oleaje que los empuje mar adentro

Para Hamoudi, la reclamación consistía en el pago por parte de Frontex de una indemnización por valor de 500.000 euros. Para el TJUE, la sentencia fue otra. En septiembre de 2023, la Corte desestimó la causa y obligó al demandante al pago de los costes.

El equipo jurídico de Hamoudi ha elevado un recurso para revisar la sentencia. Exigen reconsiderar las evidencias gráficas y tener en cuenta el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que documenta operaciones irregulares llevadas a cabo por Frontex.

De acuerdo con declaraciones realizadas por Frontex a RTVE.es, debido a cuestiones de política interna no pueden comentar procedimientos judiciales en curso, por lo que se desconoce su posición al respecto.

El informe OLAF

En mayo de 2021, un informe publicado por la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) abordaba conductas relacionadas con el encubrimiento de devoluciones ilegales por parte de Frontex. Dicho documento demostraba los hechos denunciados por Hamoudi. Posteriormente, la agencia admitió en un comunicado haber llevado a cabo devoluciones en caliente y colectivas entre primavera y otoño de 2020. Dicho expediente no fue contemplado en la sentencia del Tribunal.

El asesor jurídico de Alaa Hamoudi, Iftach Cohen, señala que, “en teoría, los jueces podrían haberlo examinado y decir: 'Discutimos la profesionalidad o los métodos de investigación utilizados por la OLAF y decidimos atribuirle muy poco peso probatorio'. Habría sido una conclusión absurda, pero solo habrían podido llegar a ella si al menos hubieran analizado el documento”.

Según el director de la ONG Front-Lex, encargada de ayudar a solicitantes de asilo como Hamoudi, Omer Shatz, en la mayoría de casos de esta clase, el Tribunal solo tiene la declaración de la víctima. "Pero aquí tienes una evidencia gráfica y el informe de la OLAF. ¿Qué más puede solicitar un tribunal a una víctima para probar su caso?”, apunta.

Responsabilidad compartida

La petición que realizan casos como el de Hamoudi es que el TJUE adopte una posición sobre a quién le corresponde la responsabilidad en la gestión de fronteras, ya sea Frontex o los Estados europeos. “Eso es algo que la legislación europea aún no ha hecho”, explica la investigadora afiliada a la Universidad de Gante, Joyce De Coninck, “por lo que en cierto modo recae en la Corte hacerlo”.

Aunque Frontex es una agencia adjunta a la UE, de acuerdo con Mariana Gkliati, "la Agencia no actúa de forma aislada, sino que siempre depende de la cooperación de los Estados miembros". Esto provoca contradicciones con respecto a determinar quién es el responsable, explica la profesora asistente de Derecho de Migración y Asilo de la Universidad de Tilburg (Alemania).

De Coninck aclara que, si el Tribunal ahora señala a Frontex como el único culpable del caso, desde una perspectiva institucional "pondría en peligro el equilibrio", puesto que actualmente la gestión fronteriza "también recae en los Estados miembros”.

Frontex responde ante el Consejo en el Parlamento Europeo, algo que, según Gkliati, el organismo "ha ejercido al organizar varias audiencias con el director ejecutivo de la Agencia y realizar una investigación sobre la participación de Frontex en violaciones de derechos humanos". Pero no cuenta, per se, con una responsabilidad jurídica concreta.

Para Omer Shatz, aunque el modus operandi del control de las fronteras externas de la UE comprende Estados y agencia, “no se puede argumentar que Frontex no está sujeto a ningún control judicial, porque las víctimas pierden el acceso a un recurso efectivo". El director de Front-Lex anota que una responsabilidad compartida "no exonera al otro 50% de rendir cuentas”.

Hamoudi desconoce cuál será el veredicto final de su caso. Para él, más allá de determinar el culpable, lo que importa es averiguar qué pasó realmente y que la decisión sea justa.

Medidas para determinar la responsabilidad compartida

Teniendo en cuenta esta disyuntiva, las soluciones planteadas se resumen en dos, según los expertos consultados. Por un lado, el TJUE podría interpretar la normativa vigente para incriminar tanto a la agencia como a los países de la Unión (responsabilidad compartida). "Los Estados miembros no pueden eludir su propia culpa debido a que también son responsables de Frontex”, indica Gkliati.

La segunda opción sería que se promulgara una nueva legislación europea, pero conlleva años y depende de cuánta prioridad se le dé, lo cual, según De Coninck, teniendo en cuenta el aumento de las tendencias antimigratorias en países europeos como Hungría o Países Bajos, hace que la iniciativa quede en entredicho.

Mariana Gkliati establece que el cambio pasa por una reforma de las políticas de asilo de la UE que aborden en las causas profundas de la migración. Sin embargo, en el último pacto europeo aprobado en febrero y que vota este miércoles el Parlamento Europeo, el resultado es "más disuasión, más externalización del control migratorio a terceros países y más criminalización de quienes facilitan la entrada".

“Cuando no hay un tribunal que regule la conducta de los implicados en este tipo de cuestiones, los responsables de la política fronteriza saben que gozan de total impunidad”, resalta Shatz, “y cuando tienen carta blanca para hacer lo que quieran, se crea una pendiente resbaladiza donde una violación simple se puede convertir en crímenes de lesa humanidad”.

Según el portavoz de Frontex Chris Borowski, la agencia “está comprometida a aprender de las experiencias pasadas y aplicar estas lecciones para servir y proteger mejor los derechos fundamentales”. Sin embargo, según un informe del Defensor del Pueblo Europeo, los mecanismos de rendición de cuentas actuales resultan insuficientes a la hora de investigar de forma independiente el papel de las autoridades estatales y de Frontex en las fronteras.

Shatz también pone en duda las palabras de Borowski: “Cuando dices reforma, asumes que algo fue un error o una excepción, pero esta es la norma. Es la implementación exitosa de una política intencional cuyo objetivo es impedir a toda costa las llegadas de inmigrantes a Europa”.

Entretanto, “no hay remedio para las víctimas del pasado. ¿Quiénes son? Las 25.000 personas que se ahogaron en el Mediterráneo [entre 2014-2022]”, sentencia.

La resistencia legal de este caso contra la legislación vigente en la UE y que aplica el TJCE va más allá de la reivindicación de los derechos del solicitante. Para Hamoudi, “puede que mi caso consiga que ningún refugiado sea devuelto al mar, y que Europa deje de luchar contra las personas que huyen de las guerras y del peligro”. Tal vez, su caso pueda cambiar el derecho europeo.