El Supremo reconoce el derecho de los herederos a recuperar los gastos adelantados por la dependencia de un familiar

• Una hija, como tutora y representante, solicitó en julio de 2017 el reconocimiento de la situación de dependencia de su madre
• La progenitora falleció sin que la Administración aprobara la solicitud de ingreso en una residencia

Una persona dependiente en una residencia de ancianos Getty Images

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los herederos de una persona dependiente que fallece sin que se apruebe el Programa Individual de Atención (PIA) pueden solicitar que concluya el expediente para recuperar los gastos adelantados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima el recurso de la Junta de Andalucía y da la razón a la hija y tutora de una mujer en situación de dependencia que falleció sin que la Administración aprobara la solicitud de ingreso en una residencia. Tras su muerte, se archivó el procedimiento.

Esta sentencia reafirma que la percepción de prestaciones por dependencia se acaban con el fallecimiento de la persona, pero si está pendiente la aprobación de algún servicio que hayan adelantado los familiares se debe devolver. “Si estando pendiente la aprobación del Programa Individual de Atención fallece el que ya es titular del derecho derivado de ser persona en situación de dependencia, cabe aceptar que nazca en favor de sus causahabientes un derecho de crédito si es que, entre tanto, han venido sosteniendo con sus medios lo que habría sido la prestación declarada como derecho, pero aún no concretada”, concreta el auto.

La formación de jurisprudencia que se plantea la Sala en este caso es que “si el derecho que ostenta la persona afectada por una situación de dependencia antes de la aprobación del PIA es transmisible a sus herederos en el momento de su fallecimiento a los efectos de percibir los servicios y prestaciones correspondientes a la dependencia como consecuencia de la dilación de la Administración al tramitar el expediente”.

Los herederos suceden en la condición de interesados al fallecido, "cuyo interés consistirá, en su caso, en plantear el reintegro de aquellos gastos que haya venido financiando el beneficiario con sus recursos, o los herederos, y que de haberse aprobado el referido Programa no habría soportado, ya sea en todo o en parte (…)".

El caso analizado en esta sentencia, ponencia del magistrado José Luis Requero, afecta a una mujer con una hemiplejia que necesitaba atención continuada para todas las necesidades básicas de la vida diaria, estaba en cama las 24 horas del día y había sido declarada su incapacidad absoluta. Debido a su hemiplejia y a la imposibilidad de su familia para atenderla, ingresó en una residencia privada, cuya plaza suponía un coste de 2.150 euros mensuales.

La ayuda se solicitó en julio de 2017

Una hija suya, como tutora y representante, solicitó en julio de 2017 el reconocimiento de la situación de dependencia de su madre, que se le reconoció casi un año después —junio de 2018— en un grado III. Los servicios sociales de Dos Hermanas (Sevilla) presentaron en diciembre ante la Agencia de Asuntos Sociales y Dependencia en Andalucía la propuesta de PIA de ingreso de esta mujer en una “residencia para personas mayores asistidas de la provincia de Sevilla”.

Tras la muerte de la mujer, en marzo de 2019, sin aprobarse la propuesta de PIA, la Administración dio por terminado el procedimiento de elaboración de este Programa y archivó las actuaciones en julio de ese año. La hija y tutora de la fallecida, después de agotar la vía administrativa, recurrió a los tribunales para denunciar que la Administración había incurrido en inactividad al no resolver el procedimiento en el plazo de seis meses.

Un juzgado de Sevilla estimó en parte la demanda de la familia y anuló la resolución adoptada al considerar que debió concluirse el expediente. Declaró la existencia de inactividad de la Administración por no impulsar el procedimiento y no aprobar en plazo la resolución con las prestaciones públicas a las que hubiera tenido derecho esta mujer. Señaló que transcurrido el plazo de seis meses se considera aprobado por silencio el PIA propuesto por los servicios sociales, pero rechazó que debiera pagarse lo abonado por residencia privada a la familia por entender que la prestación de residencia en plaza no supone que la Administración abone la elegida por esta. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó el fallo de la instancia.

El Tribunal Supremo ahora aplica su pronunciamiento a este caso y concluye que “las prestaciones del Catálogo de servicios que regula la Ley 39/2006 son ‘personalísimas’, entendiéndose por tal que sólo puede ser destinataria de ellas la persona declarada en situación de dependencia; pero en este caso había una propuesta de ingreso en una residencia y es un hecho probado que los hijos venían cubriendo los gastos de una residencia privada”.

Subraya que lo litigioso se centra en el derecho de la hija y tutora de su madre, “a que se apruebe el Programa Individual de Atención: aprobarlo es lo que permitirá determinar si cabe la posibilidad de reclamar por los gastos de residencia que no se habrían tenido que hacer de haberse aprobado el Programa con los consiguientes efectos retroactivos ex disposición final primera.3 de la Ley 39/2006, en relación con el artículo 15.3 del Decreto 168/2007”.

La Sala indica que la sentencia de primera instancia “resuelve que hay una inactividad material contraria a Derecho al no aprobarse el Programa Individual de Actuación, y así lo declara; pues bien, sin entrar a en si hay en puridad un supuesto de inactividad material —no lo cuestiona el recurso de casación—, lo que sí hubo fue, en lo procedimental, una indebida aplicación del artículo 84.2 de la Ley 39/2015, que es lo relevante, pues de la conclusión del Programa Individual de Actuación dependía saber el alcance del daño causado a los causahabientes a efectos del artículo 31.2 de la LJCA al haber estado asumiendo el coste de la residencia”.