Cuatro casos y 48 imputaciones: la victoria electoral de Trump acorrala la vía judicial

Repaso a las causas judiciales a las que se enfrenta Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de 2024. RTVE.es

Tras su contundente victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump se convirtió en el primer presidente electo con una condena penal —por el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels—. La sombra de las causas penales abiertas contra él antes de los comicios no impidieron su triunfo frente a Kamala Harris y el horizonte judicial que acechaba al líder republicano se está despejando a medida que se acerca su toma de posesión. De las cuatro causas contra Trump, tres han sido anuladas y la sentencia de la cuarta, la única por la que ha sido condenado, ha sido retrasada indefinidamente.

A continuación se detallan los cuatro casos, con indicaciones sobre los cargos que se le imputan a Trump y la situación actual de los procedimientos judiciales, en los que el expresidente acumula 48 cargos por diferentes delitos, tanto estatales como federales.

Stormy Daniels y los pagos para acallar aventuras

El caso más célebre, aunque quizás el menos significativo desde el punto de vista judicial, es la investigación de la fiscalía de Nueva York por los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual con Trump de 2006. Ha sido el primer juicio penal contra un expresidente y el jurado le declaró culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, entre los que se encuentran los 130.000 euros que recibió la actriz que da nombre al caso por su silencio.

La sentencia estaba prevista para el 26 de noviembre, pero el juez responsable del proceso, Juan Merchán, suspendió el proceso de manera indefinida. El magistrado autorizó a los abogados de Trump a presentar un recurso antes del 2 de diciembre para que se anule el proceso, algo que el equipo del líder republicano ha valorado como una "victoria decisiva". Inicialmente, el veredicto iba a conocerse el 18 de septiembre, pero Merchán lo atrasó a petición de Trump hasta después de las elecciones.

Si bien el expresidente ha negado haberse acostado con Daniels, su abogado, Michael Cohen, reconoció haber pagado la cantidad mencionada a Daniels para que el encuentro no saliera a la luz, pocas semanas antes de la victoria de Trump en las presidenciales de 2016. Cohen, condenado en 2018 a tres años de prisión por este caso en un tribunal federal, confesó además haber comprado el silencio de otra mujer, la antigua modelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura que también mantuvo relaciones sexuales con él durante diez meses en 2006. Por si fuera poco, en su confesión implicó directamente a Trump, al asegurar que fue quien ordenó los pagos para encubrir esas aventuras extramatrimoniales.

Con todo, la clave del caso no estriba tanto en los pagos —no es ilegal pagar a alguien por su silencio— como en que Trump utilizara las cuentas de su empresa inmobiliaria para encubrir los desembolsos. Aunque en Nueva York esto es una falta menor, puede pasar a ser un delito grave si se demuestra que lo hizo para cometer otro delito; en concreto, Trump reconoció haber reembolsado a Cohen el dinero del pago a Daniels y lo justificó como gastos legales, pero la Fiscalía argumentó que eran gastos de campaña y que violaron la normativa electoral.

La injerencia electoral en Georgia

La causa por el intento de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia era la más ambiciosa de todas las instruidas contra Trump. Gracias a la potente ley estatal contra el crimen organizado, la fiscal Fani Willis acusó no solo a Trump sino a otras 18 personas —incluidos su último jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows, y su abogado y exalcalde Nueva York, Rudy Giuliani— de asociación criminal y conspiración para cambiar la decisión de las urnas.

El caso partía de una llamada telefónica del propio Trump al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021. "No hay nada malo en decir, ya sabes, que te han fallado los cálculos", le dice el todavía presidente al responsable de supervisar todos los procesos electorales estatales, antes de pedirle claramente: "Mira, lo que quiero es encontrar 11.780 votos (...), porque hemos ganado en ese estado". Justo un voto más que la ventaja de Biden en Georgia, donde el escrutinio fue ajustadísimo, con menos de una décima de diferencia entre los dos candidatos.

Raffensperger no solo se negó, sino que hizo pública la conversación y, al tirar del hilo, la Fiscalía encontró indicios de presiones a otros cargos estatales, de presentar documentación falsa para desacreditar los resultados asegurando que votaron menores de edad, personas fallecidas o que no estaban registradas en ese estado, acceso no autorizado a máquinas de votación e incluso intentos de presentar a falsos electores por Georgia en la certificación de los resultados de las presidenciales. En total, Trump se enfrentaba a 10 cargos y cuatro de los acusados se declararon culpables de conspirar para revertir ilegalmente la derrota republicana.

Sin embargo, el 25 de noviembre, la jueza federal del Distrito de Columbia Tanya Chutkan desestimó el caso tras la petición del fiscal especial Jack Smith, encargado de este proceso y del relacionado con el asalto al Capitolio. La ley estadounidense impide que un presidente en ejercicio esté procesado y, por ello, el archivo de sus casos penales se encontraba en la cuenta atrás para el magnate.

El asalto al Capitolio

Otra causa más, en este caso federal —y también suspendida— investigaba también los intentos de revertir la derrota electoral de Trump, en relación con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso estadounidense debía ratificar los resultados de las elecciones presidenciales. Trump estaba acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación de la victoria de Biden; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y conspiración contra los derechos ciudadanos, por negarle a los ciudadanos su derecho a votar y a que su voto sea contado.

Bajo esos cargos se juzgaban los repetidos cuestionamientos de Trump, los días antes y durante la jornada del asalto, de los resultados electorales; las presiones a funcionarios y cargos estatales —incluido el vicepresidente, Mike Pence— para subvertir los resultados en los estados con resultados más ajustados —como Georgia—; y los intentos de suplantar a los electores que debían ratificar los resultados en varios estados. El expresidente se ha declarado no culpable y todavía no hay fecha prevista para el juicio.

Los abogados de Trump intentaron dilatar el procedimiento lo máximo posible, recurriendo a todas las instancias judiciales con el argumento de que, como presidente en ejercicio en el momento de los presuntos delitos, es inmune a cualquier enjuiciamiento criminal. Finalmente, Chutkan también anuló esta causa a petición del fiscal Jack Smith, que alegó el "principio de inmunidad" que cobija al ahora mandatario electo.

Tras conocer la noticia, Trump celebró la decisión de la jueza y se refirió a los dos procesos (el de injerencia electoral y el del asalto al Capitolio) como "vacíos y sin ley" y alegó que "nunca deberían haber sido presentados".

Los documentos clasificados de Mar-a-Lago

La última causa contra Trump, y la primera en ser anulada, también supuso un hito en la historia estadounidense: ningún expresidente había sufrido un registro domiciliario hasta que, el 8 de agosto de 2022, los agentes del FBI entraron en Mar-a-Lago, el exclusivo club de golf que Trump posee en Florida, para recuperar cientos de documentos clasificados que había conservado al abandonar la Casa Blanca.

Los documentos, que llegaron a estar guardados en cajas en dependencias como un baño, un almacén o un salón de baile de un edificio donde se alojan huéspedes, tratan aspectos como armas nucleares, planes del Pentágono, comunicaciones con líderes extranjeros o debilidades y fortalezas de países rivales y aliados. Abarcaban distintos grados de confidencialidad: según los medios estadounidenses, se recuperaron 184 expedientes, de los que 25 eran alto secreto, 92 estaban marcados como "secreto" y otros 67, como confidenciales. Trump llegó a alardear de poseer información clasificada ante sus invitados y se sospecha que los mostró a personas no autorizadas.

Cuando las autoridades se los reclamaron, no sólo se negó a devolverlos en su totalidad, sino que dificultó la investigación; por ejemplo, ordenando a dos de sus empleados —que también fueron imputados— que trasladaran las cajas o que borraran las grabaciones del circuito de seguridad de Mar-a-Lago. Por todo ello, se le imputaron 40 cargos federales, fundamentalmente por violar la Ley de Espionaje al retener deliberadamente información que atañe a la defensa nacional, pero también por obstruir la acción de la justicia y dar falsos testimonios. En cualquier caso, la jueza ha anulado todo el proceso al dictaminar, tras una petición de los abogados del expresidente, que el nombramiento y la financiación de un fiscal especial correspondía al Senado, y no al fiscal general, Merrick Garland.

Trump, ya condenado por tres procesos civiles

Al margen de las cuatro causas penales, Trump ya ha sido condenado en tres procesos civiles, el más reciente de ellos este mismo año: en febrero, un juez de Nueva York sentenció que debía pagar 354,9 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, al tiempo que le prohibía hacer negocios en el estado durante tres años.

Un mes antes, un jurado le condenaba a pagar 83,3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019, que le había acusado de abuso sexual. Trump aseguró entonces que no conocía a la periodista y negó cualquier tipo de agresión sexual.

Sin embargo, en mayo de 2023, otro jurado de Manhattan ya le había declarado culpable de abuso sexual -por insertar sus dedos sin consentimiento en la vagina de la escritora-, en un probador de unos grandes almacenes y difamación, aunque descartó la acusación de violación. Como el caso se inició por la vía civil, no tiene penas de cárcel asociadas y Trump únicamente tiene que pagar la indemnización.