Los letrados del Congreso rechazarán por "improcedente" el requerimiento planteado por el Senado contra la amnistía

• Consideran que el Senado no puede “intentar subvertir las funciones del Congreso”
• Subrayan que la Mesa no puede retirar una ley que ya ha votado el pleno

Vista general de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados Jesús Hellín / Europa Press

Los letrados del Congreso rechazarán el requerimiento formulado por el Senado para retirar la ley de amnistía, planteando un conflicto entre órganos constitucionales, e instarán a la Cámara Alta a tramitar la proposición legislativa, puesto que no hay cauce para que la Mesa que preside Francina Armengol pueda retirar una ley que ha sido tramitada y aprobada en el pleno. 

El pasado 10 de abril, el PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar el planteamiento de un choque institucional con la justificación de que el Congreso tendría que haber tramitado la amnistía como una reforma constitucional y no como una ley orgánica. Así, consideraba que se invadieron las atribuciones del Senado, ya que tenía que tramitar la ley aunque pudiera ser inconstitucional.

Sin embargo, un borrador del informe de los letrados indica que el Senado no puede, bajo la apariencia de la defensa de sus atribuciones, “intentar subvertir las funciones del Congreso”. De esta forma, consideran que el conflicto supone un “artificio” para evitar cumplir su obligación constitucional y "suplantar" a la Cámara Baja.

El documento responde también a la consideración de que la tramitación de la ley es "inconstitucional" y asegura que el Congreso ha actuado conforme al reglamento y que ahora es el turno del Senado, conforme a las competencias que le otorga la Constitución. En este sentido, afirma que el Senado no puede asumir “funciones de fiscalización” del funcionamiento de los otros órganos.

Recuerdan que la Mesa no puede paralizar una tramitación

Asimismo, recuerdan que la Mesa del Congreso no puede de ninguna manera paralizar una iniciativa que está aún en tramitación y que de hacer lo que reclama el Senado supondría ignorar el derecho de los parlamentarios a ejercer su labor legislativa. "Semejante pretensión, que de nuevo carecería de precedentes, implicaría reconocer una potestad exorbitante a la Mesa de la Cámara", sostienen. 

Por último, apoyándose en sentencias del Tribunal Constitucional, los servicios jurídicos recalcan que las votaciones que se producen en la Cámara en el marco del procedimiento legislativo "no son objeto idóneo" de un conflicto de atribuciones, y que si el Senado entiende que la usurpación de sus competencias se produjo cuando la Mesa del Congreso admitió a trámite en noviembre la controvertida proposición de ley del PSOE, debió haber presentado entonces ese conflicto, pero ahora ya está "fuera de plazo" porque se han superado "sobradamente" los 30 días que establece la Constitución para recurrir. 

Además, afirman que la decisión del Congreso no es objeto de un conflicto de atribuciones y que lo que busca el Senado es un recurso de inconstitucionalidad, algo que no es posible en esta fase de la tramitación, ya que la ley no está aprobada todavía. En todo caso, definen el conflicto planteado como un recurso “encubierto y extemporáneo”. 

En todo caso, los letrados se reafirman en su informe inicial de noviembre que avaló la tramitación de la iniciativa legislativa alegando que las dudas de constitucionalidad que pudieran existir no eran tan "palmarias" como para vetarla, ignorando el derecho de los parlamentarios a discutirla. En su opinión, declarar la inconstitucionalidad de una iniciativa no es labor de la Mesa del Congreso ni de su homóloga del Senado, sino del propio Tribunal Constitucional. 

La Mesa del Congreso votará el miércoles esta propuesta jurídica a la que los partidos que la integran pueden hacer alegaciones o aportaciones.