La Fiscalía mantiene su petición de más de tres millones de euros por el presunto desvío de fondos para el 'procés'

• Considera "acreditada la responsabilidad contable" de los principales responsables, como Puigdemont o Junqueras
• Además, insiste en que "el menoscabo es real y efectivo" y que se evidencian "un gran número de actuaciones irregulares"

Imagen de las papeletas del referéndum del 1-O

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas mantiene su petición de 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los líderes del 'procés' –entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont o el exvicepresidente Oriol Junqueras– por el supuesto desvío de fondos públicos para los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y su promoción en el exterior.

Las cantidades reclamadas contra 35 ex altos cargos catalanes por la Fiscalía en su escrito de conclusiones, hecho público este martes, son 883.695,29 euros por los gastos de referéndum y 2.209.503,8 euros por la acción exterior durante el 'procés'.

El fiscal Manuel Martín-Granizo se ha pronunciado así en un escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso RTVE.es, después de que la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, le diera un plazo de 10 días para que presentara su postura. 

El representante del Ministerio Público insiste en que "el menoscabo es real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio".

Asimismo, considera "acreditada la responsabilidad contable" de los principales responsables del 'procés'. "Fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta", argumenta.

Se evidencian "un gran número de actuaciones irregulares"

 En su escrito, el fiscal sostiene que las actividades incluidas en la demanda "no se encuentran en el ámbito competencial de la comunidad autónoma" y evidencian "un gran número de actuaciones irregulares".

Según precisa, ya sea porque no tienen "encaje en el seno de las competencias autonómicas de acción exterior por su directa vinculación con la expansión y difusión internacional del proceso de transición y del derecho a la autodeterminación", o bien por "la falta de justificación de determinados gastos analizados". 

Para Martín-Granizo, en el caso de los gastos de la acción exterior, la responsabilidad contable de Puigdemont "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña" que permite la ley. 

En lo relativo a los gastos del 1-O, el fiscal entiende que "aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta". 

Por último, en cuanto a la petición que hizo Junqueras de que se suspendiera el procedimiento por la ley de amnistía, la Fiscalía señala que la transformación de una proposición de ley "en una norma que extinguirá la responsabilidad contable que aquí se dilucida es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance".

De Artur Mas a Toni Comín: los nombres que figuran en la lista

Además de Puigdemont, constan otros 34 nombres, entre ellos el del expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. 

En la lista también figuran exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa). 

Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Destacan el exsecretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el exsecretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el exsecretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el exdirector del Diplocat Albert Royo.