La Fiscalía pide archivar la causa contra la exdirectora del CNI por el espionaje con Pegasus al móvil de Aragonès

• Concluye que los ataques con Pegasus efectuados durante su mandato contaron siempre con aval judicial

La exdirectora del CNI Paz Esteban

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Barcelona que archive la causa abierta a la exdirectora del CNI Paz Esteban por el espionaje al móvil del presidente catalán, Pere Aragonès, al concluir que los ataques con Pegasus efectuados durante su mandato contaron siempre con aval judicial.

En un escrito, el Ministerio Público se adhiere al recurso que la Abogacía del Estado, que defiende a Esteban, presentó contra la decisión del juez instructor de mantener como imputada a la exdirectora del CNI, mientras se aclara si el espionaje a Aragonès fue avalado en todo momento por el Tribunal Supremo.

El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, rechazó ya la petición de la Abogacía del Estado de que se archivara la causa para Esteban, quien en su comparecencia como investigada no aportó dato alguno sobre el ataque con Pegasus al móvil del president, más allá de los autos del Supremo que avalaron el uso del software, escudándose en que atañe a información protegida por secretos oficiales. 

De acuerdo con esos autos, que el Gobierno remitió al instructor con fragmentos suprimidos alegando que contienen información reservada, el juez del Supremo encargado del control del CNI avaló el espionaje del móvil de Aragonès en julio de 2019 —con otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020—, después de que los servicios secretos adujeran que coordinaba las acciones de los CDR. 

El móvil de Aragonès, infectado con Pegasus

No obstante, una pericial informática que Aragonès aportó al juzgado concluye que el dirigente de ERC tuvo el móvil infectado con Pegasus entre julio de 2018 y marzo de 2020, más allá del período en que el espionaje del CNI contaba con cobertura judicial. 

En su escrito, el fiscal recuerda que Esteban dirigió el CNI entre julio de 2019 y mayo de 2022 —cuando dimitió a raíz del escándalo del espionaje—, por lo que "bajo ninguna circunstancia" se le podrían imputar las eventuales infecciones con Pegasus llevadas a cabo en fechas anteriores a su mandato.

El juez tiene previsto encargar a un cuerpo policial otra prueba pericial que certifique si el móvil de Aragonès pudo ser atacado en fechas anteriores a las avaladas judicialmente, pero la Fiscalía considera que, aunque se demuestre ese extremo, "en modo alguno" se desvirtuaría la legalidad de la actuación de Paz Esteban.

Para el fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, buscar "eventuales irregularidades y desviaciones de la actividad autorizada judicialmente sin que existan indicios de ello" carece de fundamento y "choca frontalmente con la imposibilidad de abordar investigaciones prospectivas".

El fiscal cuestiona las conclusiones

En su escrito, el fiscal cuestiona las conclusiones de la pericial informática aportada por Aragonès y, en concreto, apunta a que debe aclararse la razón por la que menciona infecciones desde verano de 2018 en un modelo de teléfono —iPhone 11— que, subraya, "no salió a la venta hasta septiembre de 2019". 

Por su parte, la Abogacía del Estado insiste en que se archive la causa contra Esteban, aduciendo que la intromisión en el móvil de Aragonès estaba avalada judicialmente, por lo que "fue lícita y legal", según su escrito, al que ha tenido acceso EFE.

Según la Abogacía, todas las interceptaciones de las comunicaciones telefónicas e informáticas, así como el acceso al disco duro y los datos asociados a las comunicaciones de Aragonès, incluyendo su geolocalización, fueron autorizadas por el juez del Supremo encargado del control del CNI. 

Fuentes del entorno de Aragonès han lamentado que la Fiscalía lleva "desde el minuto uno" intentando bloquear las investigaciones abiertas por el espionaje al independentismo con Pegasus, aunque la Audiencia de Barcelona siempre ha dado la razón a los afectados.

Las mismas fuentes han añadido a EFE que la petición de Fiscalía demuestra que el Ministerio Público no tiene interés en investigar los hechos, lo que, advierten, contradicen las expresas advertencias del Parlamento Europeo