Siete años de investigación por tráfico de personas: la disputa de la ONG Iuventa contra Italia

• Tripulantes del barco de rescate Iuventa se enfrentan a un juicio junto a las ONG Médicos Sin Fronteras y Save the Children
• Este viernes, el Tribunal de Trapani (Sicilia) decidirá seguir con el caso o archivarlo

Imagen de archivo del barco de rescate Iuventa durante una de sus misiones en el Mediterráneo Central IUVENTA

"Tuvieron a mano 30.000 páginas y 400 DVD con archivos de audio, y no encontraron ni una sola evidencia de lo que nos acusaban lo que, desde un punto de vista político, es un desastre", comenta Dariush Beigui, capitán del barco de rescate Iuventa. El marinero es uno de los implicados en la causa contra tres organizaciones humanitarias en el Mediterráneo. La embarcación de la ONG alemana, que entre 2016 y 2017 trabajó en el auxilio de personas migrantes, ha permanecido incautada desde el 2 de agosto de 2017 por la Guardia Costera italiana acusada de incentivar la inmigración irregular.

La embarcación se ha ido degradando por la estancia en puerto y, al mismo tiempo, parte de la tripulación aguarda una respuesta judicial que resuelva el limbo legal en el que se encuentran. Desde hace siete años, cuatro miembros del Iuventa, y 17 de Médicos sin Fronteras (MSF) y Save the Children se enfrentan a los cargos de tráfico y colaboración en migración irregular. Las penas por tales delitos pueden alcanzar hasta 20 años de prisión y 15.000 euros de multa por cada persona rescatada.

Este viernes un magistrado de Trapani (Sicilia) decide si el caso debe ir finalmente a juicio o si es archivado.

El caso se ha convertido en uno de los más grandes y de mayor duración contra ONG de rescate en el Mediterráneo. "Fuimos el primer barco humanitario que estuvo detenido durante tanto tiempo, y marcó el comienzo de una gran ola de represión contra activistas, aunque las propias personas migrantes siempre estuvieron bajo persecución", apunta Beigui.

Durante el largo proceso judicial, ha habido dos cambios de Gobierno en Italia, se han presentado cargos y dilaciones, y hasta la Fiscalía ha pedido el cese de las acusaciones. Sin embargo, para entender las causas que envuelven todo lo relacionado con Iuventa, es preciso retrotraerse varios años antes, hasta 2016.

Filtraciones y escuchas ilegales

El Iuventa estuvo desplegado frente a las costas de Libia para llevar a cabo misiones de rescate de personas migrantes a la deriva desde julio de 2016. Tan solo dos meses después, el barco fue sometido a investigaciones policiales ante las acusaciones hechas por empleados de seguridad a bordo de barcos de otras ONG, como el Vos Hestia, de Save the Children. Entre los nombres, figura el del expolicía Pietro Gallo.

Según la investigación del periodista Lorenzo D'Agostino, bajo la promesa de recuperar su puesto, Gallo llevó a cabo filtraciones para el entonces eurodiputado y actual ministro de Infraestructura y Transporte de Italia, Matteo Salvini, en el que señalaba que Iuventa colaboraba en el tráfico de personas. Una acusación de la que se retractaría en mayo de 2019 al afirmar ante los tribunales que “nunca vio a la ONG trabajando con traficantes”.

Un año después, en 2017, durante una detención del barco en Lampedusa, las autoridades italianas colocaron aparatos de escucha en el puente de mando. Desde entonces, todas las conversaciones fueron interceptadas.

"En la investigación estuvieron involucrados el Servicio Secreto italiano y la Guardia di Finanza; intervinieron nuestro puente y oficinas; y confiscaron ordenadores y discos duros", señala Kathrin Schmidt, jefa de operaciones del Iuventa y una de las acusadas.

Adjunto a ello, la policía de Trapani llevó a cabo pinchazos telefónicos contra otras ONG y periodistas que trabajaban en la cobertura de las operaciones de rescate humanitario.

“Las pruebas recopiladas suman una colección de 30.000 páginas en las que se ha incautado de una cantidad de material sin ningún tipo de límite legal, como llamadas de abogados con los clientes que estaban siendo investigados”, señala D'Agostino.

Intereses políticos

El caso Iuventa se inició en un momento de campaña electoral en Italia y con una situación tensa para las ONG que operaban en el Mediterráneo. A pesar de que hasta ese momento estas colaboraban con la Guardia Costera para aumentar la eficacia de los rescates, con el auge de la ultraderecha, las autoridades decidieron que había que cerrar la frontera marítima.

Entre 2017 y 2019, más de una docena de barcos humanitarios fueron retenidos y sus tripulaciones sometidas a procesos judiciales. A finales de 2023, de 24 buques que llegaron alguna vez a desplegarse, solo 13 permanecían activos. Desde entonces, el Proyecto Migrantes Desaparecidos (de la Organización internacional de Migraciones) ha contabilizado 29.400 las personas que murieron o desaparecieron mientras cruzaban el mar para llegar a Europa.

Según Iuventa, la idea de mantener un juicio abierto sin aclarar las acusaciones se basaba en “el deseo de disuadir a otras ONG” y así limitar sus operaciones de salvamento a riesgo de sufrir un proceso similar.

Dentro del material judicial, se han encontrado pruebas que indican que el Ministerio de Interior de Italia empleó la investigación para ejercer presión política sobre las ONG, estableciendo un trato más o menos favorable según se adaptasen a los pedidos del Gobierno. "La prioridad entonces era colaborar con la Guardia Costera libia [a través del denominado Memorando de inmigración y refuerzo de fronteras entre el Estado de Libia y la República Italiana] para devolver a los migrantes a Libia", apunta D'Agostino.

"Los políticos europeos enmarcaron el rescate marítimo humanitario como los 'taxis del mar' y se nos tachó de traficantes", establece Schmidt. "Pero la existencia de medios que facilitan el viaje a las personas migrantes solo son necesarias porque la Unión Europea no proporciona un paso legal y seguro, y aun así culpan de la existencia de estas estructuras de las que ellos mismos son responsables", indica.

Errores y falta de pruebas

En 2022 dio comienzo la audiencia preliminar, que se extendería durante dos años entre dilaciones y errores procesales de la Fiscalía. Los interrogatorios a los acusados, que admitieron observadores internacionales durante el proceso, dio cuenta de los fallos presentes en la investigación, lo que obligó a prolongar el procedimiento. Dos años después, el Ministerio Público reaccionó de forma inesperada al indicar que no había ningún tipo de evidencia que apoyase el caso y pidió que se cerrase.

Durante el proceso, la acusación evitó aportar pruebas concluyentes y fue criticada por no consultar a testigos relevantes ni analizar los datos disponibles. “Ya en la vista preliminar, los testimonios de aquellos que espiaron para las autoridades italianas no pudieron confirmar los hechos que vinculaban a los tripulantes con un supuesto tráfico de personas migrantes”, declara D'Agostino.

En cambio, la agencia de investigación Forensic Architecture de Goldsmiths (Universidad de Londres) preparó con los vídeos y datos aportados por Iuventa un documento que demostraba la ausencia de pruebas que respaldasen los cargos.

Según Dariush, el caso ha condicionado gran parte de su vida: "He acudido unas 40 veces en los últimos dos años a Trapani. A cada rato pensaba que finalmente tendría un juicio, por lo que el caso ha estado ahí en todo momento".

Más allá de los tribunales

La sentencia que el juez emitirá el viernes puede dar cierre a un juicio de siete años que han puesto en tela de juicio la credibilidad y trabajo de tres ONG. Lo que se emita en el Tribunal de Trapani marcará un precedente para las ONG de rescate en Europa.

"Si llegamos a estar todos absueltos será una gran señal, pero toda esta criminalización ha afectado a activistas que ya no se atreven a llevar a cabo misiones de rescate", recalca Beigui.

El posible cese del caso se considerará una victoria parcial para Iuventa. Por un lado, según la ONG, la absolución pondrá en evidencia leyes europeas como el Facilitators Package, que persigue casos relativos a “facilitar” la migración irregular, y demostrará que “rescatar personas en el mar no puede ser considerado un crimen”. Por otro, como señala Kathrin, “la lucha contra la criminalización no tiene fin”, porque “todavía tenemos a miles de amigos en procesos similares en toda Europa, y lo que sucede en el Mediterráneo ocurre en el Canal de la Mancha y en la ruta atlántica”.

Desde Iuventa, el juicio ha sido percibido como “un caso político” cuya retirada de los cargos por parte de la Fiscalía procede de un descenso en su interés. Actualmente, el Gobierno italiano emplea otras trabas legales y administrativas para limitar la labor de las ONG en el Mediterráneo. En el último año, al menos nueve embarcaciones humanitarias han sido detenidas en 16 ocasiones por las autoridades italianas, de acuerdo con el reciente Decreto-Ley 01/2023 aprobado por el Gobierno de Giorgia Meloni.

“La investigación ya ha cumplido los objetivos que tenía que cumplir: obstaculizar a las organizaciones humanitarias que trabajaban en la región”, señala D'Agostino, “y el objetivo judicial, al final, era el menor de ellos”.

Para organizaciones como Save the Children, la confiscación de su embarcación Vos Hestia en 2018 acabó con todas sus operaciones de rescate. Por su parte, Dariush Beigui, excapitán del Iuventa, expresa su frustración: "Es una pena que las ONG tengamos que existir. Es maravilloso que estemos ahí y que logremos salvar a tanta gente, pero es una pena que seamos necesarios", sentencia.

Para Kahtrin Schmidt, la pesadilla no ha terminado: "Todo este tiempo ha sido una montaña rusa de altibajos, rabia, tristeza y conmoción, porque la situación a la que respondimos en 2016 de ninguna manera ha mejorado, y es cada vez más claro que lo que está sucediendo en el Mediterráneo no es un accidente".