El Gobierno crea tres comisiones de trabajo sobre memoria democrática

• Una de las comisiones aborda la "posible vulneración de derechos humanos" entre 1978 y 1983
• Las otras son: sobre el pueblo gitano y sobre la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría EFE/ JJ Guillén

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de tres comisiones de trabajo para avanzar en el desarrollo de las medidas previstas en la Ley de Memoria Democrática, entre ellas, una para estudiar posibles "vulneraciones de derechos humanos" tras la dictadura, al inicio de la democracia, entre 1978 y 1983.

Las otras dos son una comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano de España y otra para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que han sido reconocidas tanto en la normativa estatal como en la autonómica.

La creación de estas tres comisiones de trabajo se recoge en las disposiciones adicionales duodécima, decimoquinta y decimosexta de la Ley de Memoria Democrática.

Posible vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983

La primera comisión determinará la posible vulneración de derechos humanos a personas por "su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 y el 31 de diciembre de 1983", además de señalar "posibles vías de reconocimiento y reparación", como recoge la propia Ley de Memoria Democrática.

Esta comisión estará presidida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la vicepresidencia la ocupará la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción, y entre los vocales habrá expertos en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea.

Entre los vocales de esta comisión figuran el presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, el presidente de la Fundación por la Paz y presidente honorífico de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y exdirector de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, el catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid José Álvarez Junco y la abogada y presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad Francisca Sauquillo Pérez.

Esta comisión es uno de los aspectos de la Ley de Memoria Democrática que generó más polémica, ya que en un inicio el PSOE y Unidas Podemos habían acordado designar este órgano pero con un ámbito temporal más acotado, desde 1978 hasta finales de 1982. 

Sin embargo, tras una enmienda pactada con EH Bildu y Más País, el margen de trabajo de la comisión se extendió hasta finales de 1983, incluyendo así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.

Las tres comisiones que aprueba este martes el Consejo de Ministros son algunos puntos de la norma que seguían pendientes desde su entrada en vigor, en octubre de 2022.

Medidas de "reparación" al pueblo gitano

En cuanto a las otras comisiones, la dedicada a la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano en España, deberá elaborar un informe sobre "las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano" en nuestro país.

Estará compuesta por representantes de los departamentos ministeriales afectados, representantes del Consejo estatal del Pueblo Gitano, de las Comunidades Autónomas, dela FEMP, y de personas expertas.

Y en cuanto a la comisión dedicada a las medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, tendrá que establecer conclusiones y recomendaciones sobre el grado de cobertura alcanzado y los déficits subsanables.

Estará compuesta por representantes de los departamentos ministeriales afectados y por las Comunidades Autónomas.

La creación y funcionamiento de estas comisiones no supondrá incremento del gasto público, ya que según el Ejecutivo, se atenderán con "medios personales y materiales adscritos al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y se considerarán extinguidas, cuando tras presentar los informes y estudios encomendados.

Otras medidas de la ley que el Gobierno prevé aprobar próximamente son un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) con la intención de convertirlo en un centro de interpretación, así como otro Real Decreto de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la guerra civil y la dictadura.

El Gobierno también tiene prevista la extinción y liquidación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de la que depende este recinto, integrada por monjes benedictinos, y la extinción de la Fundación Francisco Franco, al considerar que hace apología del franquismo.