El Gobierno aprueba un plan para indemnizar y "reparar" a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

• El Ejecutivo ha iniciado conversaciones con la Iglesia para que "sufrague y asuma el coste" de los abusos sexuales
• Los obispos aseguran que el plan "dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas", citando el informe del Defensor del Pueblo

El Gobierno aprueba un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia

El Gobierno ha aprobado un plan para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos se produjeron hace décadas y han prescrito, con medidas para "prevenir, reparar y saldar la deuda con las víctimas" siguiendo las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo, según ha explicado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. 

La respuesta de la Conferencia Episcopal Española (CEE) no se ha hecho esperar y este martes han asegurado que "la Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", a través de una nota de prensa. Los obispos, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, denuncian que con el plan aprobado por el Gobierno "dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas".

Las medidas de este plan, que se aplicará hasta 2027, se enmarcan en cinco ejes de actuación: el reconocimiento y reparación, atención a las víctimas, prevención, formación y sensibilización e información e investigación de los casos. "Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad y además no se entendería que no fuera así porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido", ha enfatizado Bolaños en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la semana pasada se reunió con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

Entre las medidas anunciadas por Bolaños tras el Consejo de Ministros se encuentra la organización de un acto público, un acto de Estado de "reparación simbólica" que cuente con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, tal y como planteaba el informe del Defensor del Pueblo y una "reparación material suficiente" en los casos que no hayan tenido "oportunidad de reparación en el ámbito judicial".

El informe del Defensor del Pueblo, con fuentes de información "bastante fiables", como son una encuesta y los testimonios de la comisión independiente de esta institución, revelaba, según ha explicado Bolaños, "una elevada incidencia de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia", con una estimación de 440.000 adultos que podrían haber sufrido abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica, es decir un 1,13% de la población adulta en España, de los que alrededor de la mitad, "podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia".

Conversaciones con la Iglesia para la "reparación" de las víctimas

Bolaños ha explicado que el Gobierno ya ha iniciado conversaciones con la Iglesia católica para que "sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad".

En los casos de abusos sexuales cometidos en su seno hace décadas en los que hay "dificultades probatorias" y de "prescripción del delito obvias" que es donde hay que establecer las medidas para reparar a las víctimas.

La Iglesia ha reconocido la "existencia de estos abusos y trabajan en como reparar a las víctimas de los abusos que reconocen que se han producido", ha asegurado el ministro.

Bolaños ha recordado que el informe del Defensor del Pueblo planteaba que el órgano que estableciera cuáles deben ser las compensaciones debía ser "independiente de la Iglesia católica", con un procedimiento reglado. En este sentido, "se adoptarán las medidas que correspondan", ha agregado.

En este sentido, la CEE ha indicado que el texto presentado parte de un juicio "condenatorio" de toda la Iglesia, "realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado". A su juicio, ha señalado que, al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente "una parte del problema". "Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones", ha apuntado. 

La Iglesia, dispuesta a colaborar pero muy crítica con el plan

El portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, ha explicado que esta regulación "cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales". Además, ha recalcado que la Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación y que son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas "oportunas" en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.  

Igualmente, la CEE ha precisado que ya adelantó a Bolaños su valoración "crítica" sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También ha expuesto que le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema "en su conjunto". 

En todo caso, en relación al plan presentado, la CEE ha considerado que son "valiosas" aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas. "En ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra", ha subrayado. 

Asimismo, ha añadido que la acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción del plan del Ejecutivo. "La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad", ha asegurado para añadir que mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para "acompañarlas y repararlas".  

Entornos "seguros" para las víctimas y asistencia jurídica gratuita

En el apartado de atención integral a las víctimas, el plan del Gobierno buscará la prestación de un "trato adecuado" en las oficinas de atención a las víctimas de delitos, y se generarán "entornos seguros" para que en esos procedimientos judiciales no tengan que someterse a "una revictimización" de su delito, con salas "amigables" para evitar contacto con su abusador y se va a garantizar la "asistencia jurídica gratuita a todas las victimas".

Para la prevención de los casos de abusos sexuales en la infancia y la adolescencia, según ha explicado Bolaños, van a "reforzar la supervisión" de las inspecciones educativas y modificarán el Real Decreto de Inspección Educativa para "formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos en las escuelas" en nuestro país.

También se creará una la figura del coordinador de bienestar que se empezarán a impartir en el próximo curso".

Ese plan de respuesta dice Bolaños que contará con una comisión de seguimiento en la que participarán los siete ministerios que están implicados.

El Defensor del Pueblo propuso un fondo estatal

Este plan para indemnizar a las víctimas fue una de las recomendaciones, en el que proponía la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica. 

Entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo también se encuentra la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

Gabilondo todavía tiene pendiente presentar el plan ante el Parlamento y, aunque acude este viernes a dar cuenta de su actividad en los años 2022 y 2023, en principio no tiene previsto presentar aún en detalle este informe ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, aunque también es probable que los parlamentarios requieran su opinión sobre las medidas del Ejecutivo. 

Los obispos avanzaron en noviembre que estaban preparando un plan que contempla indemnizaciones a las víctimas de abusos tanto si media sentencia judicial como si no hay por determinadas circunstancias como que el victimario haya fallecido. Sin embargo, en cuanto a la colaboración con el plan de indemnizaciones del Gobierno, los prelados españoles señalaron que su colaboración estaba condicionada a que el plan afectara a toda víctima de pederastia y no solo a las de la Iglesia.