La pareja de Ayuso propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio

• En un escrito de su defensa, "acepta íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda Pública"
• Propone asumir también "una multa del 40% de la cuota defraudada", lo que elevaría el importe a 520.000 euros

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso A. Pérez Meca / Europa Press

El abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel, así como pagar 520.000 euros para evitar ir a juicio por presunto fraude fiscal.

Así consta en la propuesta de conformidad penal, fechada el 2 de febrero y a la que ha tenido acceso RTVE, en la que "acepta íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades, 2020 y 2021" y su "autoría" como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL. 

En cambio, el escrito omite toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía.

La defensa reconoce una cuota defraudada de 155.000 euros en el ejercicio relativo a 2020 y de 195.951,49 euros por el ejercicio de 2021, lo que se traduce en 350.951 euros más intereses de demora.

Cuatro meses por cada delito

El abogado explica que, aunque intentó realizar una regularización tributaria, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le avisó de que esta "supuesta regularización" no puede "operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad", con lo que está "completamente de acuerdo". 

"Teniendo en cuenta el resarcimiento del daño asociado a esta propuesta de conformidad penal, y que no estamos en ningún caso ante un delito agravado, se propone una pena de prisión de cuatro meses por cada delito a imponer", recoge el escrito. Además, propone asumir también "una multa del 40% de la cuota defraudada", lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros. 

Asimismo, la defensa de González plantea "la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de nueve meses". 

Eso sí, la defensa deja claro que "esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada".