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Monumentos, placas y otros símbolos del franquismo: las tareas pendientes de la ley de Memoria Democrática

  • La ley establece la creación de un inventario de elementos contrarios a la memoria para que el Estado exija su retirada
  • Otro reto es la extinción de la Fundación Francisco Franco, pero esta medida sigue sin tener fecha

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Las tareas pendientes de la ley de Memoria Democrática

Se cumple el primer aniversario de la exhumación de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática. Pero casi año y medio después de la entrada en vigor de la norma, las asociaciones recuerdan que aún quedan muchas tareas pendientes.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de varias comisiones para tratar esos asuntos sin resolver. Una de ellas es sobre la reparación económica de víctimas de la dictadura. Otra, sobre la investigación de violaciones de derechos humanos en la Transición y hasta 1983. También se pone en marcha la comisión de memoria del pueblo gitano.

Pero, más allá de todos estos pasos dados, la persistencia de los símbolos y los homenajes franquistas son algunos de los grandes deberes en los diferentes puntos de la geografía española. Estos aparecen en grandes monumentos, pero también en nombres de calles, placas y otros elementos cotidianos.

Del Alcázar al Arco de la Victoria

Muchos de los turistas que visitan cada día la ciudad de Toledo desconocen que el interior del Alcázar atesora una colección completa de incumplimientos de la ley de Memoria Democrática. En concreto, el Museo del Ejército alberga una cripta en la que están enterrados con honores los cuerpos de 200 sublevados, entre ellos José Moscardó, el militar que se atrincheró durante la Guerra Civil en la fortificación en la que ahora reposa, y Jaime Milans del Bosch, teniente general y uno de los que se sumaron al golpe de Estado del 23F. 

En San Fernando, Cádiz, se halla el Panteón de Marinos Ilustres. Allí descansan los almirantes —Juan Cervera Valderrama, Francisco Moreno Fernández y Salvador Moreno Fernández— que ordenaron en 1937 el bombardeo contra miles de civiles malagueños que trataban de huir hacia Almería tras el golpe de Estado, un trágico episodio conocido como 'La Desbandá'.

Las asociaciones piden que se cumpla con la ley en estas dos localizaciones, pero el Ministerio de Defensa no ha respondido a las preguntas de Televisión Española sobre estas reclamaciones.

Por otro lado, el Arco de la Victoria en Madrid, construido en el distrito de Moncloa en los años 50 para conmemorar la victoria del bando sublevado, es otro de los muchos ejemplos, aunque en su caso el Ayuntamiento asegura que prepara su intervención para el año 2025.

Vista del arco de la Victoria en Madrid

Vista del arco de la Victoria en Madrid EFE/ Mariscal

Fuentes del Consistorio han explicado al Telediario que actuarán "conforme a la ley" y que cuentan ya con un proyecto para rehabilitarlo. Así, contendrá los trabajos necesarios para la recuperación del monumento, "siguiendo un programa de necesidades planteado para la eliminación de los riesgos".

Mientras tanto, otra de las tareas pendientes es la extinción de la Fundación Francisco Franco. Esta medida sigue sin tener fecha y las sanciones administrativas por exaltar la dictadura tampoco han tenido grandes efectos.

Sin un catálogo de elementos que deben ser retirados

La ley establece la creación de un inventario de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática para que el Estado exija su retirada o resignificación bajo amenaza de multa, pero ese catálogo todavía no existe. Desde el Ministerio de Memoria Democrática han indicado al Telediario que están formalmente en fase de realización y que en el futuro se incorporarán los datos suministrados por las comunidades autónomas.

Pese a ello, defiende el avance en la aplicación de la normativa: ya se han eliminado títulos y medallas. También se han cambiado nombres de estaciones y se han guardado bustos y vajillas de embajadas.

Además, se ha localizado en cientos de fosas a más de 4.000 desaparecidos, se prepara la salida de la orden benedictina de Cuelgamuros y se ha creado una unidad especializada en la Fiscalía, de la que Dolores Delgado es titular y que reclama que la memoria sea cuestión de Estado.