La Corte Penal Internacional alerta de amenazas en su contra por investigar crímenes de guerra en Palestina

• El anuncio se produce después de que EE.UU. criticase las supuestas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes
• El tratado de la CPI prohíbe represalias contra funcionarios de la Corte así como amenazas e intimidaciones

Vista exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya PIROSCHKA VAN DE WOUW

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha advertido que las amenazas con "represalias" que se están lanzando contra el Tribunal y su personal socavan la "independencia e imparcialidad" de su trabajo, así como también "pueden constituir un delito contra la administración de justicia".

La reacción del fiscal llega después de que el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, calificara esta semana de “vergonzosas” e “ilegales” las supuestas órdenes de arresto de funcionarios israelíes que se rumorea que está preparando la CPI, y que Israel ha tildado de "crimen de odio antisemita" y "un abuso". Mientras tanto, varios legisladores republicanos han comenzado a preparar represalias por vía legislativa contra el Tribunal.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ha estado investigando desde 2014 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas militares de Israel y las milicias de Hamás dentro de los territorios palestinos ocupados, y que incluye el conflicto actual en la Franja de Gaza.

El tratado de la CPI "prohíbe explícitamente" tanto "tomar represalias contra un funcionario de la Corte por cuenta de los deberes realizados por ese u otro funcionario" como "impedir, intimidar o corromper a un funcionario de la Corte con el propósito de obligarlo o inducirlo a no cumplir, o realizar de manera indebida, sus deberes".

Khan ha exigido en un comunicado que "todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente en sus funcionarios cesen de inmediato" y ha alertado de que amenazar al tribunal, incluso cuando “no se actúa en consecuencia”, puede “constituir un delito contra la administración de justicia bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma”, tratado fundacional de la CPI.

Asimismo, el fiscal ha asegurado que la CPI “busca comprometerse constructivamente con todos los interesados, siempre que dicho diálogo sea coherente con su mandato” y para actuar de manera “independiente e imparcial” bajo el Estatuto. “Sin embargo, esa independencia e imparcialidad se ven socavadas cuando individuos amenazan con tomar represalias contra la Corte o contra el personal de la Corte en cumplimiento de su mandato, toman decisiones sobre investigaciones o casos dentro de su jurisdicción”, ha agregado, aunque sin mencionar a ningún país en concreto. 

Órdenes de arresto contra Netanyahu

En las últimas semanas, la prensa israelí ha asegurado que la CPI está preparando órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por su papel en Gaza, unos rumores que no se confirman de momento desde La Haya, ni por parte de la oficina del fiscal ni del tribunal.

La Corte tiene 124 miembros, entre los que no están ni Israel ni Estados Unidos, pues nunca han ratificado el Estatuto de Roma ni reconocen la legitimidad de este tribunal en la investigación en curso sobre la situación en los territorios palestinos. Sin embargo, Washington sí respalda otras investigaciones, como la abierta por la guerra rusa en Ucrania.

Aunque tiene el poder de acusar y juzgar a personas por crímenes según el derecho internacional, la CPI no puede, sin embargo, hacer valer su sentencia sobre aquellos países que no han ratificado su tratado fundacional, por lo que a efectos prácticos cualquier orden de arresto llevada a cabo contra funcionarios israelíes no podrá ejecutarse.

En 207 días de guerra de Israel en la Franja, el número oficial de muertos supera ya los 34.500, el 75 % mujeres y niños, según el Gobierno gazatí, mientras que la ONU acusó a Israel a mediados de marzo de estar cometiendo un crimen de guerra en el enclave al privar a la población civil de alimentos.